La burocracia de Madrid sitúa en punto muerto el futuro de Aguablanca

Se intuía un proceso complicado pero las previsiones más negativas se están superando respecto a la obtención del documento básico para seguir pensando en la opción de que Aguablanca siga abierta . Sin declaración de impacto ambiental (DIA) positiva, la mina de Monesterio debe cerrar aunque haya alguna empresa interesada en su gestión a partir del 1 de julio, cuando la concesionaria, Lundin Mining, ejecutará los despidos pactados. Ocho meses después de que se registrara aún no hay respuesta. Lo que ha habido ha sido la exigencia de nueva documentación. Un camino de obstáculos a los ya existentes para permitir que la explotación del sur extremeño que da empleo a 400 familias de la región y de la vecina Andalucía pueda seguir existiendo.

La DIA, que se solicitó en agosto de 2015 para continuar extrayendo mineral en las galerías subterráneas, no avanza en Madrid aunque este jueves la diputada de Podemos por Badajoz, Amparo Botejara, dijo que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, le ha asegurado que habrá declaración de impacto (sin aclarar si positiva o negativa) más o menos dentro de un mes. También esta semana se ha conocido que técnicos de Medio Ambiente han estado en la mina.

La autorización final la debe dar el Ministerio de Agricultura, aunque el expediente lo haya tramitado el Ministerio de Industria, que es el titular de la concesión. Fue Industria quien en el año 2003 declaró zona de reserva definitiva a favor del Estado la mina de Aguablanca.

Tres meses de más papeles

«Si ya pensando que habrá DIA está siendo complicado encontrar una empresa, sin la DIA es sencillamente imposible pensar en la posibilidad de que Aguablanca siga abierta,», relata a HOY Saturnino Lagar, secretario general de la Federación de Industria de CC OO Extremadura. Sindicatos, comité de empresa, alcaldes de la zona y la Junta de Extremadura vienen reclamando con insistencia, desde que Lundin anunció en enero que se iba, que haya DIA favorable a la continuidad de la mina extremeña.

El Gobierno, en los últimos tres meses, ha sumado nuevas exigencias a la ya recogidas en la tramitación inicial de la DIA. Ha pedido más papeles a Lundin, que es la que pidió la declaración y que, a pesar que se va, sigue interesada en obtener el visto bueno ambiental con vistas a una posible venta de la mina.

Así, el 25 de febrero, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, dependiente de Agricultura, solicitó a la compañía información adicional. Lundin la envió antes de un mes, del 22 de marzo. Pero ahora, el Ministerio que dirige en funciones Isabel García Tejerina ha vuelto a reclamar más documentación. Ha sido el día 8 de este mes.

Calidad y Evaluación Ambiental reclama a la empresa que, en concreto, le aclare cómo actuaría para disminuir la altura de la escombrera u otra alternativa. También le demanda que le valore mejor el impacto de la actividad minera sobre posible fauna amenazada (lince ibérico, águila imperial, milano real, águila perdicera, lobo ibérico y varias especies de murciélagos).

En esa carta del 8 de abril, el Ministerio de Agricultura le indica que esa nueva información es básica para emitir la DIA y que la empresa tiene un plazo máximo de tres meses para enviarla. Si lo sobrepasa invalidará la tramitación de la declaración de impacto. Lundin tiene intención de cumplir con los nuevos requerimientos en breve tiempo.

Informes a otras entidades

A lo que ya se ha requerido, hay que sumar que el Gobierno ha solicitado dos informes complementarios a otras entidades para emitir su resolución ambiental. En concreto, le ha pedido una valoración al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) sobre el proyecto de continuidad de la mina en galería subterráneas y también le ha reclamado otro a la Subdirección General de Residuos del propio Ministerio de Agricultura.

Mientras el proceso administrativo se complica desde Agricultura, desde Industria, que es quien tiene al final las competencias sobre la mina, se ha optado por no atender a las reclamaciones de información y de agilización de la DIA que se reclama tanto desde la multinacional canadiense como desde la Administración regional.

Desde el 7 de marzo, cuando en Madrid, en una reunión entre directivos canadienses, Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía en funciones, y el consejero extremeño José Luis Navarro se pactó que se prolongaba el ERTE en Aguablanca hasta junio, no ha vuelto a haber más iniciativas de Industria aunque se las ha solicitado desde Lundin.