Las deudas y los embargos asfixian al Ayuntamiento de Alburquerque

«Con eso no tienen ni para pipas», señalaba uno de los afectados, que como la mayoría de ellos cumple contrato el próximo día 30 de junio y no sabe si van a renovarle o no por otros tres meses como lleva ya más de 15 años.

Otros piensan en no firmar la renovación, porque al menos así cobran todos los meses el desempleo, aunque renuncien a sus derechos laborales, y hay algunos que se han jubilado anticipadamente aunque pierdan una importante cantidad en comparación con la nómina que tendrían que percibir mensualmente por ley, porque para eso la partida de gastos de personal está recogida en los presupuestos. Eso por no contar con los diez agentes de la policía municipal que se han marchado a otros destinos, de manera que el Gobierno local ha desmantelado este cuerpo, pero se ahorra el sueldo de esos funcionarios que prefieren destinos como Mérida o Zafra, aunque tengan que desplazarse a diario desde Alburquerque.

Lo cierto es que, aunque la deuda que la Diputación cifró a finales de 2020 era de 10,9 millones de euros, esa cantidad deja muchas dudas en la oposición, porque en esa cifra no estaban los 1,4 millones que se adeudan a los trabajadores, ni supuestamente el cerca de un millón de euros que se adeudaba a la UTE Aguas de Alburquerque, quien ya tiene sentencia favorable de cobro y parte de los embargos van a esa empresa adjudicataria del servicio de abastecimiento de aguas. Tampoco está claro que esté reflejada la deuda con Iberdrola, que la oposición estima millonaria y que motiva cortes esporádicos de energía eléctrica en edificios municipales, pero cuyo alcance se negó a desvelar el anterior alcalde, Ángel Vadillo, ahora coordinador, asesor, portavoz y director general del grupo de gobierno, y tampoco ha querido cifrar la alcaldesa actual, Marisa Murillo.

Además, existe otra deuda de casi 300.000 euros con la empresa que en 2020 concluyó las obras del césped artificial en el campo de fútbol, una de 108.00 euros con la empresa organizadora de Contempopránea y otra de 45.999 euros de la nueva fuente de la plaza de España, todas ellas ya en distintos juzgados. A esas habría que añadir otras con proveedores locales o foráneos que o bien no han recurrido a los tribunales para exigir el cobro o se desconocen.

El Consistorio esperaba como agua de mayo la concesión de un nuevo fondo de financiación de Hacienda para ayuntamientos en quiebra, al que ya se acogió en diciembre de 2017, cuando consiguió un préstamo de 3,7 millones para liquidar las deudas con la Seguridad Social y Hacienda. Tras un periodo de carencia de 4 años, el próximo enero comienza a pagar las cuotas del mismo pero ya ha generado otra deuda con la Seguridad Social de 1,7 millones, por lo que en mayo pasado el pleno aprobó acogerse otra vez al mismo fondo. Sin embargo, según han apuntado tanto Manuel Gutiérrez, portavoz de Ipal, grupo mayoritario de la oposición, como Juan Carlos Prieto, único concejal socialista de la corporación tras la expulsión del resto, es muy difícil que Hacienda apruebe el nuevo préstamo debido a que los ingresos del plan de ajuste preceptivo para concederlo son ficticios, de hecho, contemplan los 300.000 euros que el Consistorio ingresa todos los años de las parcelas de los Baldíos, pero esa cantidad está embargada por Caja Rural de Almendralejo, según se supo la semana pasada por cartas que el juzgado ha remitido a los aparceros indicándoles la nueva cuenta donde tienen que hacer los ingresos que antes hacían en una cuenta municipal.

En el pleno ordinario de marzo de este año, Ipal preguntó a la Alcaldía «por los diversos embargos relativos a deudas contraídas con empresas», así como «deudas reclamadas por vía judicial» y si «se están pagando las cuotas de todos los préstamos bancarios», pero la alcaldesa no respondió ni en ese pleno, argumentando que contestaría en el ordinario de mayo pasado, pero tampoco lo hizo.