La Junta apremia a empresa y sindicatos a firmar el convenio para sacar el pliego de las ambulancias

En medio de este atasco administrativo, dos hechos. Como adelantó HOY en diciembre pasado, una nueva sociedad compró Ambuvital, que gestionaba hasta entonces el servicio. Ambuvital ha sido adquirida por Asterion, fondo de inversión que es el dueño del Grupo SSG, la segunda mayor empresa de transporte sanitario en España.

El segundo apunte relevante en este asunto es que la Comisión Jurídica tumbó el pliego sacado por el Ejecutivo regional. Anuló el pliego diseñado por el Servicio Extremeño de Salud al estimar que no se pueden mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de ambulancia a través de una cláusula social, como pretendía la Junta, incluida dentro de ese pliego. Se hace necesario, explicó la consejera de Salud, hacerlo a través de un convenio colectivo actualizado, no a través de un apartado en el nuevo pliego. El rechazado por la Comisión Jurídica salió con un presupuesto base de licitación del contrato por año de 74.103.951,35 euros. Esto suponía un aumento de más de 26,5 millones de euros respecto a los 47.547.614,96 euros anuales del actual contrato. Además, contemplaba la mejora del 17,86% en la dotación destinada a los salarios de los trabajadores, en un esfuerzo por mejorar las condiciones laborales del personal que presta este servicio esencial.

García Espada ha mantenido esta mañana una reunión con las dos partes y, además de reclamarle que sellen un nuevo convenio, ha vuelto a decir que Salud no sacará el nuevo pliego hasta que no haya acuerdo sobre el texto que regula las condiciones laborales de los trabajadores del servicio de ambulancias. El encuentro, dice, estaba motivado porque «estamos preocupados por el retraso en la firma de un nuevo convenio colectivo. Queremos a las dos partes ser facilitadores del acuerdo, sin injerencia alguna, para que haya convenio», ha dicho la titular de Sanidad.

La consejera García Espada ha afirmado que los representantes de los trabajadores le han vuelto a trasladar que había un acuerdo con la empresa en agosto pasado pero desde entonces, con el cambio de dueño en Ambuvital, no se ha concretado en una firma. «Instamos a que sea posible a la mayor brevedad posible, que pongan fecha a la firma del nuevo convenio. Cuando así sea sacaremos el pliego del concurso», ha subrayado la responsable en materia sanitaria de la Junta de Extremadura.

Dice García Espada haber captado «voluntad de acuerdo» entre las dos partes pero mientras los sindicatos le hablan que firmarían el texto de convenio colectivo cerrado en agosto pasado, desde la empresa le dicen que «tienen que mirarlo más». Sin nuevo convenio, no habrá nuevo pliego, insiste. El servicio está asegurado al menos hasta 2027.

«Espero que la buena voluntad de las partes se materialice. Las dos han valorado el esfuerzo ímprobo de este Gobierno por mejorar el servicio pero el pliego no saldrá si antes no se ha firma un nuevo convenio colectivo», ha enfatizado Espada.

La semana pasada, el sindicato CCOO criticó que la patronal (Grupo SSG) retrase la firma del convenio colectivo del transporte sanitario terrestre de Extremadura, tras la que denominó «crucial» reunión celebrada hace ocho días.

«Una vez más, la patronal ha decidido aplazar la cita, demostrando una total falta de respeto hacia las más de 1.600 familias extremeñas que dependen de este acuerdo», señaló el sindicato, Una incomparecencia de la parte empresarial que, dijo, genera una «profunda indignación» entre la plantilla, que ve cómo se «siguen vulnerando sus derechos laborales sin justificación alguna».

Como respuesta a este «nuevo desplante», trabajadores del sector se concentraron el jueves pasado en la calle Juan Pablo Forner de Mérida, ante la sede de la Fundación de Relaciones Laborales, para expresar su «malestar» y para exigir una «solución inmediata».

La firma de este convenio colectivo es «vital» para «garantizar» unas condiciones laborales «justas y dignas» en un sector «esencial» como es el del transporte sanitario, sostiene el sindicato, que añade que la actitud de la patronal al seguir «dilatando los plazos y evitar compromisos claros», supone un «desprecio directo al esfuerzo diario de quienes velan por la salud y seguridad» de la ciudadanía extremeña.

Por este motivo, CCOO reclama que se fije «de inmediato» una nueva fecha para la firma del convenio y que la patronal «asuma su responsabilidad y respete los derechos laborales» de las más de 1.600 familias afectadas