Zalamea de la Serena busca juez de paz sustituto

Recientemente, se realizó el proceso para suplir la plaza de juez de paz titular, que ha vuelto a recaer, durante otros cuatro años, en Juan Antonio Pozo Rosendo.

Para ser juez de paz no es necesario estar en posesión del título de licenciado en Derecho. Los jueces de paz asumen competencias de menor importancia tanto en el orden civil como en el penal, en municipios donde no existe juzgado de primera instancia.

Para poder participar en esta elección se deben reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como no estar incursos en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad.

El anuncio de la convocatoria pública de Zalamea se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, y empieza a contar el plazo de 20 días naturales para presentar candidaturas. 

El Consistorio de la localidad pacense valorará el empadronamiento o residencia en el municipio y será el pleno del Ayuntamiento Pleno el que elegirá a la persona propuesta, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. Si no hubiera solicitante, el Pleno elegirá libremente al candidato. Hace cuatro años hubo un empate de votos entre Juan Antonio Pozo Rosendo y Rosa María Morillo del Pozo, elegidos titular y sustituta, respectivamente.

Un juez de paz elegido puede compatibilizar su cargo con la docencia o la investigación jurídica, así como con el ejercicio de actividades profesionales o empresariales que no impliquen asesoramiento jurídico de ningún tipo, para salvaguardar así su independencia.

No pueden ocupar este puesto quienes ejercen cualquier otra jurisdicción ajena a los tribunales; tengan un cargo público de elección popular o designación política; sean empleados públicos o estén retribuidos por cualquier administración pública; tener cualquier empleo en un juzgado o tribunal; contar con un empleo retribuido, a excepción de las tareas descritas en el artículo 389.5 de la Ley Orgánica del poder Judicial; ser abogado o procurador en ejercicio; y ostentar funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otro que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género.