Campo Arañuelo celebra de forma contenida la prórroga de Almaraz

La noticia del acuerdo entre los dueños de Almaraz dejó satisfacción a medias en la comarca de Campo Arañuelo, mientras que en los políticos hay disparidad de opiniones.

La alcaldesa de Almaraz, Sabina Hernández, consideró que «hay que seguir luchando» por la prórroga de diez años para la central nuclear «siempre y cuando la seguridad de la planta esté equilibrada y sea buena». «Si llegamos a 2027 y a 2028 no es lo que se pedía ni se cumplen plenamente los objetivos, pero nos quedamos a año y medio de los diez años que queríamos. Yo creo que hay que seguir luchando por esos diez años siempre y cuando la seguridad de la planta esté equilibrada y sea buena», apuntó la primera edil.

Por su parte, los trabajadores saben que tendrán un respiro pero más corto del anhelado. El presidente del comité de empresa de la central nuclear de Almaraz, César Vizcaíno, hizo este viernes una valoración agridulce del acuerdo alcanzado entre las empresas propietarias de la planta para que funcione, al menos hasta el año 2027, porque si bien consideran «importantísimo» ese paso, no cumple sus expectativas de conseguir diez años de prórroga.

«Tenemos que reunirnos para hacer una valoración exhaustiva de ese documento», manifestó a HOY. Pero en principio entendemos que la noticia es buena, porque se planteaba la duda de si solicitar la licencia solo por cuatro años o incluso dejar que cumpliese el plazo y no solicitarla, lo que hubiera sido una catástrofe para la zona al tener que cerrar en mayo o junio del 2020. En ese sentido estamos contentos porque ha habido acuerdo y habrá solicitud. Pero no estamos tan contentos en cuanto a los plazos, porque no cumplen las expectativas que teníamos de diez años más de actividad».

A la espera de esa reunión de los representantes sindicales, César Vizcaíno avanzó que el comité mantiene las movilizaciones previstas hasta que el documento esté sellado en el Ministerio para la Transición Ecológica. Lo mismo ha dicho la plataforma ciudadana Vida, que mantiene la manifestación del próximo jueves en Navalmoral de la Mata.

«El acuerdo al que han llegado las propietarias es un fracaso, ya que nosotros lo que reivindicábamos era la continuidad como mínimo de diez años y no lo hemos conseguido. Creemos que en este periodo de tiempo no se puede hacer un proyecto alternativo a la central», argumentó su portavoz, Juan Manuel Fernández.

Del lado de la dirección de la central nuclear de Almaraz se puso el acento en que estará operando con «los más altos estándares de seguridad y fiabilidad» hasta octubre de 2028, fin del periodo que marca la renovación de la explotación solicitada por las empresas energéticas propietarias de la misma.

Fuentes de la dirección de la central extremeña manifestaron que los estudios que acompañan a esta solicitud y, en concreto, la revisión periódica de seguridad (RPS) ponen de manifiesto «el buen estado de la planta desde el punto de vista de seguridad para afrontar este nuevo periodo de explotación».

En Mérida, la noticia ha dado un respiro al gobierno extremeño, que ha aprovechado para tratar de dejar en evidencia el discurso que ha mantenido el PP en este asunto. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, considera que los que llevan meses «asustando y engañando» a la población con el inmediato cierre de la central, «deberían pedir perdón». En su perfil en una red social, agregó: «La verdad que convierte en mentiras las pronunciadas a lo largo de meses por algunos desesperados».

Los populares, por su parte, no quieren lanzar las campanas al vuelo e insisten en que ya hay inversores interesados en cerrar Almaraz. Su líder, José Antonio Monago, pidió cautela ante el acuerdo alcanzado, pues, a su juicio, «hay mucha gente interesada en cerrar» esta planta energética. «El primero en ese interés Guillermo Fernández Vara», así como «un grupo de empresarios que están firmando contratos de terrenos en más de 1.000 hectáreas para poner 1.000 megavatios en renovables, añadió Monago.

Por último, Greenpeace calificó la prórroga como «un acuerdo para salir del paso». Añadió además que la decisión final «tendría que recaer sobre el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que tendría que ser riguroso».