El comité de empresa de Almaraz pide que se busquen soluciones para la garantizar la continuidad de la central nuclear

Los representantes de los trabajadores de la central nuclear de Almaraz (SITAT, UGT, CCOO, SIN y APLO) muestran en un comunicado su «máxima preocupación» ante el próximo cierre de la planta por el «alto impacto» que creen tendrá no solo en la pérdida de miles de empleos de alta calidad, sino por la «catástrofe económica y social a la que se quiere abocar a la comarca del Campo Arañuelo y por extensión a Extremadura, una región suficientemente castigada a la que se la quiere condenar de nuevo acabando con su principal industria».

Su compromiso con los trabajadores a los que representan lo resume en cuatro puntos. En el primero dicen que la energía nuclear es fundamental para la industrialización de la región. «Actualmente hay en juego importantes inversiones, en especial los centros de datos y la electrificación del tren de alta velocidad, que requieren de un potente suministro eléctrico que solo la central de Almaraz puede garantizar. Además, es una energía verde, sin emisiones de CO2, imprescindible para mantener los precios de la electricidad en un rango razonable».

En el segundo punto insisten en el «castigo que quieren infringir a Extremadura cerrando su principal industria y fuente de empleo de alta calidad, que nos aboca a emigrar de nuevo de nuestra tierra. También a dejar sin futuro a nuestros hijos. Un agravio más a Extremadura que no podemos tolerar», afirman.

Asimismo apuntan que la central de Almaraz es una industria extremeña que es un «referente mundial, ejemplo internacional de funcionamiento y buenas prácticas. Las empresas propietarias invierten una media de 50 millones de euros anuales en la mejora, actualización y modernización de sus equipos, por lo que se encuentra en las mejores condiciones técnicas y de seguridad para seguir operando incluso hasta los 80 años, como lo hará la central nuclear de North Anna, en Virginia (Estados Unidos)».

Por último, se dice que las empresas propietarias de Almaraz han mostrado su disposición a «continuar operando la central si se termina con el agravio fiscal a la que está sometida la planta. En 2025 abonarán 435 millones de euros en impuestos y tasas. más que todos sus costes de operación y mantenimiento, y discriminatorios sobre otras tecnologías e inexistentes en el resto de los países con centrales nucleares. A esto se añade la subida injustificada de la tasa Enresa destinada a la custodia de los residuos que fue fijada en 7,98 €/MWh y que en 2024 se incrementó un 30%, hasta los 10,4 €/MWh, sin que haya cambiado la cantidad de residuos que se van a generar».

De ahí que anuncien que van a continuar su lucha «porque no renunciamos a la central ni vamos a abandonar a los trabajadores ni a los ciudadanos de la comarca y de Extremadura», al tiempo que solicitan a las autoridades y agentes implicados que busquen las soluciones para garantizar la continuidad de la planta, «sin cuya operación se condena al Campo Arañuelo a una catástrofe económica y social sin precedentes».

Todo ello se lo transmitieron el viernes a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y a la consejera de Agricultura, Ganadería  y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, con quienes se reunieron para mostrarles su incertidumbre por el «futuro laboral, social e industrial que provocará en Extremadura el fin de la operación de la planta entre 2027 y 2028».

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