De la Sierra de Gata a tumbar un Gobierno

La última vez que Eva González (Cáceres, 1973), su marido Ahmet Gokce y sus hijos Nuria y Naim estuvieron en San Martín de Trevejo fue el pasado agosto. Les gusta venir a Extremadura un par de veces al año, pero estas navidades no han podido por culpa de la pandemia. Tampoco saben cuándo podrán volver. Es lunes 18 de enero y desde hace varios días Eva tiene la cabeza puesta en las decenas de llamadas de periodistas de todo el mundo que quieren hablar con ella. No es para menos. Se ha convertido en una celebridad de la abogacía y la defensa de los derechos civiles porque desde su pequeño despacho de abogados de Eindhoven (Países Bajos) ha destapado a base de insistencia y tenacidad el mayor escándalo político de los últimos años en ese país: las ayudas por cuidado de hijos que les fueron retiradas y reclamadas desde 2014 al menos a 26.000 familias, casi todas de origen extranjero, sin un motivo justificado. El viernes el gobierno neerlandés, encabezado por Mark Rutte, presentó su dimisión en bloque acorralado por las acusaciones de racismo y xenofobia.

Eva González da preferencia a la llamada de HOY de entre la larga lista de medios internacionales que reclaman unas declaraciones suyas. «Es que sois de Cáceres...», se justifica. Tras unos minutos comentando el caso y su extraordinaria repercusión mediática y política, se la nota ilusionada por poder hablar también de sus orígenes, que están en la cacereña Sierra de Gata. «Están poniendo en todas partes que nací en Cáceres, y es verdad, pero mi pueblo es San Martín de Trevejo, y también el de mis padres», constata en un español que habla a la perfección, pese a llevar desde los dos años en los Países Bajos.

Como tantos otros extremeños en esa época, los padres de Eva González Pérez abandonaron la pequeña localidad de la Sierra de Gata a principios de los años setenta para irse a trabajar a Eindhoven, y más en concreto a la empresa Philips, «la de las bombillas», aclara la abogada. Al principio a ella la dejaron en el pueblo con su abuela Julia, que la cuidó hasta que cumplió dos años, cuando sus padres, ya establecidos en Holanda, se la llevaron con ellos definitivamente.

Eva González vive desde entonces en Países Bajos. Allí ha hecho toda su vida, aunque nunca dejó de regresar junto a sus padres a San Martín de Trevejo, una costumbre que ha mantenido después de formar ella misma su propia familia. «Vamos dos veces al año a la casa de mis padres y aprovechamos en verano para ir unos días a playa», relata. Su madre y su padre, que falleció el año pasado, se quedaron en Holanda tras jubilarse después de toda una vida residiendo en ese país.

La abogada extremeña, que en estos últimos días ha saltado a los titulares de prensa de media Europa, estudió Derecho en la Universidad de Utrecht, donde se graduó en el año 2000. En 2007 fundó en Eindhoven junto a Peter Cornelissen y Sander van den Reek el colectivo de abogados Trias, un proyecto dedicado a las áreas sociales del derecho e inspirado en los talleres de ayuda legal que crearon los estudiantes en los años setenta. Todos los días laborables tiene una hora dedicada a consultas gratuitas.

Eva González cuenta cómo fue su marido, Ahmet Gokce, que tiene una empresa de servicios de guardería, quien le puso sobre la pista de lo que estaba pasando. «Algunos padres le dijeron que les quitaban la prestación por hijos [ayudas que paga el gobierno neerlandés para contratar a cuidadores] sin darles ningún motivo –relata–, y no solo eso, sino que además Hacienda les exigía el dinero que ya les habían pagado y que muchos ya se habían gastado». Les amenazaban con acusarles de fraude fiscal si no lo hacían. Era el año 2014.

A Eva le interesó el asunto y comenzó a indagar. Comprobó la nacionalidad de cada uno de los 26.000 solicitantes de esas ayudas y emergió un «patrón»:la mayoría eran turcos y marroquíes. La cacereña inició una larga batalla legal en los tribunales para tratar de demostrar que el Gobierno neerlandés estaba practicando «una discriminación y una injusticia», como ella misma lo define, argumentando un presunto error en la asignación de las ayudas, que en todo caso nunca hubiera sido achacable a los receptores de las subvenciones. Muchos de los afectados se vieron obligados a vender sus propiedades o pedir créditos bancarios para pagar el dinero que les reclamaba Hacienda, que alcanzaba miles e incluso decenas de miles de euros en muchos casos.

Una primera consecuencia al hacerse público lo ocurrido fue la dimisión en 2018 del entonces ministro de Hacienda. Pero Eva González siguió insistiendo en la reclamación de responsabilidades, hasta que el pasado mes de diciembre el parlamento neerlandés publicó un informe en el que reconoció que se había producido una «discriminación étnica» en la supresión y posterior reclamación de las ayudas. El Gobierno ofreció entonces una indemnización común para todos los afectados, pero las acusaciones de racismo y xenofobia arreciaron hasta forzar su dimisión al completo el pasado viernes.

Una vez que pase todo el revuelo mediático, Eva González tiene muy claro a qué dedicará los próximos meses, o años si hace falta: «Mucha gente lo ha perdido casi todo y ahora deben tener una reparación justa, no solo económica sino también moral».