Importante aviso de Hacienda: está prohibido seguir pagando esta cantidad en efectivo

La Agencia Tributaria sigue implicada en su esfuerzo por controlar el uso de dinero en efectivo. Una forma de pago que, al resultar más difícil de rastrear en comparación con las transacciones digitales, puede facilitar la evasión de impuestos, el fraude fiscal e incluso el blanqueo de capitales. Esto supone un desafío para las autoridades a la hora de garantizar la transparencia y legalidad en los movimientos financieros. Por eso, Hacienda lucha por implementar medidas cada vez más estrictar para vigilar este tipo de pagos, estableciendo límires en las transacciones y aumentando la supervision en sectores donde este método de pago es más común. Además, se han endurecido las sanciones para quienes incumplan la normativa, con el objetivo de prevenir el uso irregular del efectivo y reforzar la lucha contra la economía sumergida.

Para evitarlo, la Ley 7/2012 se dedica a regular las limitaciones a los pagos en efectivo. En dicha se establece que no se pueden realizar pagos en efectivo que sean igual o superiores a los mil euros en el caso de que las personas involucradas sean empresarios o profesionales.

En el caso en el que el pagador sea una persona física que no tiene domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional, este límite se incrementa hasta los 10.000 euros. Esta cuantía máxima no se pueden superar aunque la operación se fraccione en diferentes pagos, ya que los límites establecidos se calculan sumando todos los pagos relacionados con la misma transacción.

Esta medida está dirigida a todo tipo de efectivo, no solo billetes y monedas, también se considera a los cheques bancarios al portador y cualquier medio físico o electrónico diseñado para ser usado como medio de pago directo por el portador.

Obligaciones con Hacienda

Según la citada ley, las partes intervinientes deben conservar los justificantes de las operaciones realizadas con medios distintos al efectivo durante cinco años. Estos documentos deben presentarse ante la Agencia Tributaria si así se requiere, para demostrar que los pagos cumplieron con la normativa.

Cualquier persona que detecte el incumplimiento de esta normativa puede denunciarlo ante la Agencia Tributaria en un plazo de tres meses desde la fecha de la operación. Es importante saber que quien haga la denuncia primero no tendrá ninguna responsabilidad. Pero si ambas partes la presentan al mismo tiempo, ninguna quedará libre de culpa.

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