La lucha contra la violencia de género logra el apoyo del 90% del Congreso

El nuevo pacto de Estado contra la violencia de género, que contará con el apoyo del 90% de los escaños del hemiciclo, se constituye en el mandato del legislador que debe guiar las actuaciones y reformas que acometerán en el próximo lustro todos los poderes públicos para combatir esta lacra. Tiene la fuerza política de los escasos acuerdos mayoritarios del Parlamento, de grandes consensos como la ley de protección a la infancia contra la violencia, la reforma del artículo 49 de la Constitución o la ley ELA.

La comisión de seguimiento del pacto de Estado respaldo hoy el dictamen fruto de casi dos años de trabajos de una subcomisión específica, que analizó miles de documentos y escuchó a 45 expertos para detectar y corregir los fallos, lagunas y carencias del actual sistema de prevención, detección y actuación contra la violencia de género. Todos los partidos salvo Vox respaldan el dictamen aunque cinco formaciones, Sumar, ERC, PNV, Podemos y BNG, presentaron votos particulares para tratar de convencer sin éxito a las formaciones mayoritarias, PSOE y PP, de que aceptasen introducir mejoras de última hora en el documento antes de que el pleno cierre en próximos días el texto definitivo.

La renovación del pacto de Estado, que estará vigente hasta 2030, incorpora 172 nuevos mandatos y actuaciones a completar por los poderes públicos, que se suman a las casi 290 medidas ya establecidas por el primer acuerdo de 2017, que en su gran mayoría o están en marcha o cumplidas.

El Congreso reclama al Gobierno que cada año del próximo lustro entregue un mínimo de 300 millones a los ministerios, las autonomías y los ayuntamientos para cumplir las medidas del pacto, lo que supone subir la financiación específica contra esta lacra en un 50% desde los 200 millones comprometidos en 2017. A este dinero finalista para actuaciones concretas se suma el mandato parlamentario para que cada ejercicio se mejore en un 15% la asignación presupuestaria de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

La grandes novedades del acuerdo son las medidas contra la violencia vicaria, contra las cada vez más frecuentes variantes económica y digital de la violencia de género y contra la trata de mujeres, especialmente en su faceta con fines de explotación sexual o la orientada a la consecución de matrimonios forzados.

El pacto incluye 40 actuaciones para ampliar los mecanismos de detección precoz, protección y ayuda integral a los hijos para evitar que los padres los usen como arma de presión o de venganza contra sus madres (en 2024 hubo nueve asesinatos vicarios), convierte en delito los actos de los hombres que asfixian económicamente a su pareja como forma de control y dominación sobre ella y proponen reformas para proteger mejor a las víctimas de la violencia machista ejercida a través de las redes e internet, con medidas como el alejamiento digital o la conversión en nuevo delito de la distribución de imágenes falsificadas de contenido sexual.

Las 462 medidas que compondrán el pacto incluyen reformas legales, mejoras de la coordinación, aumento de medios y recursos para este combate y acciones específicas para colectivos y grupos que se consideran especialmente vulnerables a la violencia de género como el de las mujeres mayores, las inmigrantes, las españolas con alguna discapacidad y las residentes en las áreas rurales. También se centra especialmente en actuaciones encaminadas a una mejor y más eficaz coordinación en el proceso de atención a una víctima de violencia, en especial en el ámbito policial y jurídico, y entre todos los juzgados que deben conocer sobre una situación de violencia contra las mujeres o contra sus hijos.

El nuevo texto, además, ya no solo se centra en la violencia de género en su sentido originario y estricto de violencia machista en la pareja sino que aprueba medidas para prevenir y castigar (y ayudar a las víctimas) de todas las violencias contra las mujeres por el simple hecho de serlo (sexual, acoso, proxenetismo, mutilación genital, trata y aborto o esterilización forzados) y añade un capítulo para prevenir la epidemia de acceso por internet a pornografía y contenidos violentos de los menores españoles, aunque son prácticamente las mismas medidas que ya prevé la ley para la protección digital de niños y jóvenes que el Gobierno tiene en fase de elaboración.