Acusado de grabar a sus compañeras: «Estoy muy arrepentido y avergonzado»

«Estoy muy arrepentido y me siento tremendamente avergonzado». Esas fueron las palabras con las que se cerró este lunes el juicio que sentaba en el banquillo a J. C. S. S., el acusado de grabar en situaciones íntimas a sus compañeras de trabajo y también a varias familiares suyas, un delito para el que la Fiscalía solicita dos años y tres meses de prisión.

El origen de este procedimiento está en una microcámara con forma de llavero que en diciembre de 2013 fue descubierta por una trabajadora del centro para personas discapacitadas que Aprosuba tiene en Olivenza. La chica hizo el hallazgo en la papelera de uno de los aseos (en ese momento no sabía que era una microcámara) y la entregó al administrativo del centro sin saber que era él quien la había colocado allí. «Cuando ellas se la llevaron les dijo que debía ser un objeto perdido y lo colocó en un cenicero para distraer su atención».

Eso sucedió un viernes, pero fue el lunes siguiente cuando se convocó una reunión para comunicar lo sucedido a los trabajadores y buscar al culpable. En medio hubo dos días en los que, según las acusaciones, el ahora enjuiciado habría tenido tiempo de borrar la tarjeta de la microcámara y manipular los ordenadores en los que almacenaba las imágenes.

La Fiscalía concluyó este lunes que hay 26 víctimas. La mayoría son compañeras de trabajo, pero también figuran varias familiares del acusado.

De la existencia de este delito contra la intimidad no parecen quedar dudas después de que el acusado se confesara autor. «Me siento tremendamente avergonzado y me he tratado para evitar que vuelva a suceder», dijo en un turno final de palabra que aprovechó para indicar que solo se reconoce responsable de vulnerar la intimidad de esas mujeres.

Con esa precisión negaba de forma implícita la acusación de haber compartido esos archivos, tal y como sostiene Manuel Villalón, el abogado de sus excompañeras de trabajo. Este letrado explicó que entre el material incautado figura una imagen en la que hombres distintos al acusado visionan un montaje en el que aparece una de las víctimas. Ese cargo fue rechazado por el abogado de la defensa, Alfredo Pereira, quien dijo que no ha quedado probado que el trasero que aparece en esa grabación se corresponda con las víctimas.

Pereira consideró justo que su defendido sea condenado, pero demandó una sentencia ajustada. Igualmente solicitó que se valore la atenuante de confesión dado que el acusado se reconoció propietario de la microcámara y entregó el ordenador portátil en el que aparecen las 26 carpetas –una por cada víctima– con las imágenes grabadas en los aseos de Aprosuba y en varias viviendas utilizadas por el encausado. «Si no hubiese entregado el ordenador y las claves de acceso, hoy no estaría en el banquillo», aseguró. Esa tesis fue compartida por la fiscal pero no contó con la aprobación de los abogados de las trabajadoras, quienes argumentaron que si hizo esa confesión fue porque se sentía acorralado.

Pereira también quiere que se tenga en cuenta la atenuante de enfermedad mental por cuanto sufre una desviación que le impulsa a realizar una conducta «reprochable». «Se trata de un comportamiento absolutamente impulsivo y descontrolado», dijo. El Ministerio Fiscal suscribe que ese impulso se puede achacar a una enfermedad mental.

No coincide con esta tesis Manuel Villalón, quien afirmó que «esos cortocircuitos» mentales no pueden explicar una conducta mantenida durante ocho años. Este abogado también habló de alevosía (usó un medio técnico que dificultaba ser descubierto), discriminación por razón de sexo (solo almacenaba imágenes de mujeres) y abuso de confianza, supuestas agravantes que fueron rechazadas por la defensa.

Finalmente, la Fiscalía elevó a definitiva una petición de dos años y tres meses de prisión. Manuel Villalón considera muy corto ese castigo al entender que no se cometió un solo delito continuado en el tiempo sino tres delitos distintos –uno en su centro de trabajo, otro con una mujer contratada por el acusado y un tercer delito con varias familiares– que deberían ser castigados cada uno de ellos con penas no inferiores a los cinco años de prisión. En esa línea se situó José Tomás Michoa, que lleva a una trabajadora de Aprosuba.

También elevaron su petición definitiva María Zahíños, que representa a una mujer que trabajaba para el acusado, y Antonio Ramos, abogado de tres familiares del acusado que también resultaron afectadas. Este último letrado solicitó cuatro años y un día de cárcel. Tanto Zahíños como Ramos renunciaron a posibles indemnizaciones. No ocurrió lo mismo con los otros dos letrados, que piden 5.000 euros para cada una de las perjudicadas. Sobre este aspecto, la Fiscalía considera ajustado el pago de 16.000 euros en total por parte del acusado, una compensación que el letrado de la defensa espera que sea tenida en cuenta como atenuante.