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El Ministerio de Justicia se ha dirigido a Uncisa, la empresa que tiene el encargo de construir la Ciudad de la Justicia de Badajoz, para conocer cuál es la situación económica que atraviesa y si está en condiciones de terminar la obra. Esa consulta es clave después de que haya trascendido que la constructora que está desarrollando este proyecto ha solicitado el preconcurso de acreedores con la intención de llegar a un acuerdo que le permita hacer frente a las deudas contraídas.
Esa figura judicial es obligada cuando no se pueden afrontar los pagos comprometidos y podría derivar en el concurso de acreedores si no se logra llegar a un acuerdo con las empresas y entidades bancarias a las que adeuda el dinero. En ese caso, el control sería asumido por un administrador judicial que sería el encargado de tomar las decisiones a partir de ese momento.
Desde el Ministerio de Justicia se ha explicado que la solicitud del preconcurso por parte de Uncisa se produce cuando el proyecto de edificación de la Ciudad de la Justicia de Badajoz está ejecutado al 95%. Por tanto, sólo queda pendiente la realización del 5% de los trabajos encargados por el Estado. «Ahora se está a la espera de recibir información más detallada por parte de la empresa para la finalización del proyecto, dentro del fluido marco de colaboración que este Ministerio mantiene con las empresas adjudicatarias de las obras que desarrolla».
Hasta ahí llegan las explicaciones ofrecidas desde Madrid, pero la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, también habló ayer de las dificultades que atraviesa un proyecto que por su cuantía económica se había convertido en la principal inversión del Estado en la ciudad de Badajoz.
Seco confirmó que en estos días se está analizando la situación de la empresa para saber si es posible «darle finalización a ese contrato» dado que se encuentra en una fase muy avanzada.
El objetivo del Ministerio es que no se detengan las obras, si bien reconoció que una posible intervención judicial de la empresa podría provocar retrasos. Por este motivo, consideró prematuro valorar si las obras serán concluidas por la empresa a la que se adjudicó el proyecto o, por el contrario, se dará por finalizado el contrato y se sacará a concurso la parte que aún no se ha ejecutado. «Nuestro objetivo es trabajar para que no sea así».
Con su intervención, García Seco dejó claro que todavía no se ha trazado un plan de actuación para buscar una salida al problema.
Sobre esta cuestión también se pronunció el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, quien espera que la situación de la empresa no afecte al desarrollo de los trabajos. Según explicó, la fase de preconcurso de acreedores «no implica que la obra se pare» dado que es un mecanismo de garantía al que puede recurrir cualquier empresa cuando tiene un problema de solvencia que le impide hacer frente a todas las deudas contraídas.
Fragoso indicó que ayer por la mañana había hablado sobre este asunto con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y que se había comprometido con él a realizar gestiones en el Ministerio de Justicia para que se pueda solucionar cualquier «dificultad que pueda surgir» para que la obra acabe en el plazo previsto.
El alcalde no ocultó que la finalización de los nuevos juzgados es clave para la ciudad de Badajoz y también para el barrio de San Roque, donde se espera que la puesta en marcha de los juzgados ayude al desarrollo de la zona. «Yo tengo esperanza, ahora solo tenemos una noticia, no hay que alarmar, es una fase más, ni siquiera está en concurso de acreedores, no está en liquidación, está en preconcurso».
Por tanto, se mostró confiado en que el Ministerio de Justicia tenga los mecanismos suficientes para que esta obra «no se empantane» y pueda concluir en plazo.
La situación que atraviesa la Ciudad de la Justicia de Badajoz es similar a la que afectó el año pasado a los nuevos juzgados de Segovia. Aquel proyecto, de 21 millones de euros, fue adjudicado en 2016 a una empresa que entró en concurso de acreedores a mediados del año pasado. En ese momento, el Ministerio de Justicia autorizó que la empresa en concurso subcontratara la obra a una firma distinta para que los trabajos no se detuvieran. La elegida fue Uncisa, pero a partir del cambio los avances han sido escasos. Ahora, con Uncisa en preconcurso, la situación en Segovia parece agravarse. En el caso de Badajoz, las obras ya se han frenado. Falta por saber qué decisión tomará ahora el Ministerio.
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