El día 19 para ser exactos del año 2017. Ese día, el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz publicaba la convocatoria para cubrir un ... puesto que, dos meses más tarde, en julio, traería por primera vez a Extremadura a David Azagra, un aplicado graduado en Composición que cambiaba el conservatorio de San Petersburgo por la fronteriza Badajoz. A su falta de vinculación con la región, al contrario que los otros nueve aspirantes que optaron al puesto convocado por la Diputación, se unía otra sorpresa: el nuevo trabajador en realidad se llamaba David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del actual presidente del Gobierno y que dos días después de aquel anuncio volvía a convertirse por segunda vez y por sorpresa secretario general del PSOE.
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Durante estos siete años, el presidente de la Diputación, Miguel Angel Gallardo, ha debido contestar siempre a la misma pregunta: por qué se contrató a David Azagra. El propio interesado, por su parte, nunca ha explicado qué le llevó a decidir venir a Badajoz a trabajar. Nunca ha concedido una entrevista. Su presencia en la ciudad y en la propia institución provincial ha pasado casi desapercibida, y en otoño del 2020, además, cogió una excedencia de un año.
Desde otro mes de mayo, el de 2024, las preguntas las hace la jueza Beatriz Biedma, del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, a la que le ha correspondido la denuncia presentada por Manos Limpias, basada solo en informaciones periodísticas, y a la que se han sumado también Vox y Hazte Oír.
Biedma examina si Azagra ha podido incurrir en cinco delitos:contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. También ha extendido las diligencias previas al presidente Gallardo y a Alejandro Cardenal, del área de Recursos Humanos, aunque en su posterior querella, Manos Limpias ha excluido a los dos últimos y habla de superiores jerárquicos.
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El caso Azagra también ha sido objeto de una comisión no permanente, coloquialmente llamada de investigación, en la Diputación pacense, donde se ha confirmado que por su trabajo actual como director de la Oficina de artes escénicas, por el que recibe un suelto bruto de 55.000 euros, paga el impuesto sobre la renta de los no residentes. Su residencia fiscal está fijada en Elvas, aunque de momento no vive en la casona que adquirió en la localidad lusa, pendiente de reformas.
La jueza Biedma ha optado por solicitar a Hacienda y a la UCO que le aporten la información necesaria con la que adoptar una decisión: archivar la denuncia o dar continuidad al procedimiento. También ha solicitado documentación a la Diputación Provincial, que asegura ya se le ha aportado.
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