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«Es una crónica de una muerte anunciada, llevamos años denunciando que esto podía suceder: últimamente es tremendo trabajar de noche, estamos totalmente indefensos, no tenemos recursos».
La denuncia la ha hecho este lunes por Mari Paz Corral, una de las trabajadoras que acostumbran a realizar turnos de noche en el Centro de Menores San Juan Bautista de Badajoz.
El asesinato el domingo de una educadora en un piso de cumplimiento de medidas judiciales para menores ha colmado la paciencia de este colectivo y Mari Paz Corral es una de las educadoras que se han concentrado para reivindicar la necesidad de que se refuerce el servicio de vigilancia de este centro dependiente de la Junta de Extremadura en el que se atiende a los menores tutelados.
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«Nosotros tenemos aquí un vigilante, pero está en la garita de entrada y está muy limitado para actuar con los menores, igual que pasa en el Marcelo Nessi y en otros sitios donde tienen también sus limitaciones a la hora de actuar con los niños en defensa nuestra», ha añadido Corral.
«Por eso exigimos desde ya vigilancia en la zona donde estamos nosotros de noche, en la zona de hogares, que es donde están los mayores y se producen las situaciones más conflictivas, porque ahí cuando se produce una agresión hacia nosotros o hacia otros niños no sabemos cómo actuar, porque no nos da tiempo de llamar al vigilante, estamos lejos de la garita».
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«Necesitamos más medidas de protección, que la Ley del Menor se revise, porque la sociedad está cambiando y el perfil de los menores que nos llegan al centro también está cambiando y cada día trabajamos con más ansiedad y más estrés», ha apuntado Mercedes Serrat, Técnico de Educación Infantil (TEI) en este centro.
«Yo quisiera romper una lanza a favor de los vigilantes porque están desprotegidos igual que nosotros. Necesitamos ayuda urgente y que la Fiscalía no archive denuncias como lo está haciendo. A mí personalmente me ha archivado una denuncia que era muy grave, porque además iba a proteger a otro menor que estaba desprotegido en ese momento», ha completado María del Mar Gómez Leytón, que también trabaja como TEI.
«Los pisos de cumplimiento de medidas judiciales van por subvenciones, están privatizados, pero yo creo que debería llevarlos directamente la administración pública, porque al estar privatizados tienen poco dinero para costear los contratos del personal que necesitan. Yo he trabajado en un piso de medidas judiciales en Badajoz, había seis menores y estábamos cinco personas trabajando que nos íbamos turnando. Habitualmente una persona por turno, alguna vez dos, pero en los turnos más peligrosos, que son los nocturnos, estábamos uno... ¡Claro que se pasa miedo! Pero te tienes que hacer fuerte y salir de la situación como sea y a base de denuncias, pero es que la Justicia actúa tarde», ha concluido Melania León, otra de las TEI del San Juan Bautista.
Estas cuatro portavoces han estado arropadas por todo el personal del Centro de Menores San Juan Bautista, que se ha concentrado hoy a las puertas del recinto para llamar la atención sobre el problema de inseguridad que vienen denunciando desde hace años.
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