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«Hay una persona que está comprando estos días varias parcelas en Los Rostros a quienes han bajado los precios. Otro ha acumulado seis o ... siete en unos meses. Frente a mi casa hay una en construcción y algo más adelante hay otra. Hay compraventa en la zona».
Lo afirma uno de los vecinos que ha puesto en venta su casa y «casi la vendí el martes». Esto es, un día después de que los arquitectos municipales y la Policía Local tuvieran que marcharse de la urbanización sin iniciar los derribos porque los residentes no les autorizaron la entrada.
El Ayuntamiento tiene previsto solicitar la orden judicial para acceder a Los Rostros. Allí van a demoler 40 construcciones, entre las construidas en Los Rostros I y II, tras dos décadas de advertencias, expedientes y, en muchos casos, llegar a los juzgados. Estos avalan el proceder el municipal, que viene a decir que tanto la parcelación de la finca original como la construcción en ese terreno es ilegal. Se trata de suelo no urbanizable con una especial protección de carácter estructural agrícola pecuario.
El Ayuntamiento está decidido a llegar hasta el final porque entienden que el alcalde podría incurrir en un delito de prevaricación si no realizara de forma subsidiaria las demoliciones que él mismo ha ordenado. Como los titulares no las cumplen, el Ayuntamiento se las cobra y las realiza directamente.
En mitad de esta situación, las operaciones de compraventa continúan. «Si vas con miedo, te mueres con miedo y eso no puede ser», dice el propietario que tiene una casa en venta y prefiere mantener el anonimato.
Por 130.000 euros ofrece una parcela de 3.000 metros cuadrados con una vivienda de 300 metros construidos en tres plantas y ascensor, con seis dormitorios, tres baños, una piscina y otra construcción aneja de 70 metros cuadrados, según el anuncio de un portal de Internet. «No llega a un mes que la puse en venta y he recibido ya cuatro llamadas distintas, y este martes casi la vendí», afirma.
La vivienda principal construida hace nueve años no tiene advertencia, según el titular. Pero sobre la primera construcción que hizo hace casi dos décadas tiene expediente de derribo.
A este residente le han llamado en este mes más de una decena de personas interesadas también en alquilar la propiedad porque «con el bicho este la gente prefiere el campo». La pandemia ha impulsado el interés por alejarse de las ciudades y mudarse al campo.
Explica que en su misma calle se vendieron dos parcelas recientemente y hay dos viviendas en construcción. Y eso que el precio, en general, ha subido desde que el adquirió el suelo. La hemeroteca de HOY recoge que las primeras parcelas de 5.000 metros cuadrados costaron 4.800 euros a principios de este siglo.
Sin embargo, dos terrenos que suman 5.200 metros cuadrados están ahora a la venta por 15.000 euros, dice un anuncio publicado hace poco más de dos meses en otra web.
Otro propietario que tampoco quiere dar su nombre señala que llevaba bastante tiempo con su parcela en venta y ha conseguido apalabrarla esta semana. El anuncio que aún se puede ver en Internet apunta a una parcela de 2.500 metros cuadrados y 20.000 euros de precio. La experiencia de este vendedor, sin embargo, es que el valor de los terrenos se ha reducido.
Por el revuelo de los últimos días, quienes compren saben que están adquiriendo una propiedad en estado irregular. Lo dejan claro las escrituras de las propiedades, donde se afirma que «el comprador declara conocer las condiciones y limitaciones de edificabilidad que existen en las normativas municipal y autonómica». Según las fuentes consultadas, los notarios lo advierten. Pero hay quien sigue hacia adelante con la operación.
Lo que adquieren es, en realidad, un porcentaje del proindiviso. El origen era una finca de grandes dimensiones que posteriormente se ha dividido. La oficina virtual de Catastro recoge dos fincas bajo el nombre de Los Rostros de Santa Amalia, clasificadas como rústica y de uso agrario. Una de ellas mide 891.084 metros cuadrados y la otra 358.241 metros cuadrados.
Catastro, señalan otras fuentes, no registra las propiedades de esta zona. Pero los vecinos comparten la propiedad de fincas de 40.000 metros cuadrados, que es la unidad mínima prevista en la ley para suelo rústico. Al ser un proindiviso, los titulares participan en copropiedad.
Por eso, aunque ahora vayan a derribar 40 construcciones, el Ayuntamiento ha enviado más de 200 notificaciones.
Por otro lado, unos 70 vecinos registraron a finales de la pasada semana una solicitud de modificación del PGM con la intención de salvar las construcciones. Quieren hacerlo acogiéndose a una figura recogida en la LOTUS, la de asentamientos rústicos irregulares. De paso, piden la paralización de los derribos hasta que esta petición esté resuelta.
Urbanismo tiene que estudiar los escritos antes de tomar una decisión.
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