El Ayuntamiento lleva a la justicia la última ocupación de viviendas sociales en Cáceres

La Policía Local fue avisada por los vecinos, pero no se pudo evitar la ocupación del piso. Lo que ha hecho el Ejecutivo local es pedir informes y en los mismos, el cuerpo policial, viene a certificar que se produjo un acceso irregular y no autorizado a ese inmueble, se indica en el Consistorio. El caso se ha puesto en conocimiento de la justicia para que lo resuelva.

Es el mismo procedimiento que se ha seguido en ocasiones anteriores. Esta vez el asunto se vio en la última Junta de Gobierno local, celebrada el pasado día 17 de mayo. Ese órgano lo preside el alcalde, Rafael Mateos, y se convoca de forma ordinaria todos los viernes para abordar los principales ejes de la gestión municipal.

Otro caso reciente fue el que la Junta de Gobierno analizó el 19 de abril. Según recoge el acuerdo adoptado, se aprobó el ejercicio de «las acciones judiciales pertinentes para la recuperación» de otro piso, el situado en el Bloque B de la calla Río Ródano, un tercero. El Gobierno local confirma que una vivienda de propiedad municipal había sido «indebidamente perturbada».

Según las fuentes consultadas por HOY en el Consistorio, se produce un problema no de inacción administrativa sino de eficacia a la hora de seguir el camino correcto. Ello se debe, indican, a que la reforma del Código Penal no tipifica las ocupaciones ilegales, de ahí que los responsables municipales se hayan reunido incluso con altas instancias de la judicatura para consultar qué pasos son los más adecuados. Así, si se logra demostrar una sucesión de delitos que conlleven condenas por hurtos, daños al patrimonio o allanamiento es posible recuperar la vivienda.

Antes de actuar en la Río Tíber, en el Gobierno supervisado los informes de la Policía Local, cuyos agentes se han desplazado ya en varias ocasiones al mismo bloque por esas ocupaciones ilegales. «Llevo 36 años aquí, pero lo que estamos viviendo ahora es duro», contaba a HOY una residente sobre cómo afecta a la convivencia esa ocupación de viviendas sociales. Otra inquilina pregunta por qué se permite que los okupas sigan haciendo uso de los pisos y cree que al final se tendrá que marchar de casa. «Esto se va a convertir en otro Bloque C», pronostica. El alcalde, Rafael Mateos, y la edil de Asuntos Sociales, Encarna Solís, han pedido a los técnicos un informe sobre las ocupaciones.