El hostelero del Lizarrán y los propietarios del local reclaman 250.000 euros

El empresario que regentaba el establecimiento Lizarrán es uno de ellos. Vio cómo perdía la licencia de su terraza. Posteriormente tuvo que cerrar. Los otros, afectados son los arrendadores del inmueble para el bar.

Si el hostelero reclama 105.000 euros, los 'caseros' suben la cifra hasta los más de 145.000. En total, una doble reclamación de 250.000 euros que ha sido rechazada de entrada, pero que aún puede tener recorrido en la vía judicial.

Sobre la demanda del negocio de hostelería, el Ayuntamiento ya informó «desfavorablemente». En el caso de los arrendadores, hay una propuesta del 11 de abril pasado por parte del instructor del expediente en la que se ampara en los informes de los técnicos y el de la Secretaría General municipal para desestimar cualquier reconocimiento de responsabilidad.

Las dos reclamaciones coinciden en el tiempo. Los arrendadores presentaron la suya el 20 de enero pasado. El hostelero lo hizo cuatro días después. En ambos casos por esa presunta responsabilidad patrimonial de la administración.

Cuatro propietarios del local situado en el número 34 de la calle Moret, como usufructuarios, estiman que habrían dejado de percibir 145.411 euros en el alquiler. Primero, con una pérdida inicial por la rebaja aplicada desde abril y posteriormente por la retirada de la terraza ante la parálisis del Consistorio por la situación del inmueble en mal estado de la calle. El Ayuntamiento se basa en razones de seguridad tras los desprendimientos producidos, tal y como constatan los informes técnicos.

«Se denuncia la ausencia de medidas de prevención previas a adoptar por parte del Ayuntamiento cuando este tenía conocimiento de la deficiente situación del edificio, existiendo expediente abierto desde 2016», señalan los arrendadores. Así lo recoge la Comisión Jurídica de Extremadura, a la que el Consistorio cacereño se dirigió para consultarle sobre ambos casos.

El problema se dio porque en medio de estas incidencias con el inmueble se estaba negociando una renovación del contrato suscrito y se fijó una quita de la renta del 25 por ciento a partir de abril de 2023. Los cálculos que hacen son los siguientes: la bajada del alquiler suma 1.648,20 euros, de abril a agosto de 2023, y a ella se añade el cese de actividad y, por tanto, la pérdida del negocio con un alquiler que se prolongaba hasta 2028 con 143.763,46 euros. En total, 145.411,66 euros. También piden intereses.

Pero el Consistorio se siente avalado por los informes de los técnicos de Urbanismo que constataron que con la terraza en la zona en la que hubo desprendimientos se produce «un evidente problema de seguridad, salubridad y ornato públicos».

La propia ordenanza autoriza a que, por razones de interés público, se pueda revocar una licencia, como sucedió, y la Secretaría municipal en su informe estima que «no se aprecia la existencia de responsabilidad patrimonial ya que corresponde a los propietarios el deber de conservación de los inmuebles en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad».

Por su parte, el hostelero sostiene que el Consistorio debería haber intervenido de forma urgente y no lo hizo, lo que le llevó al cierre. Mientras que en 2021 y 2022 los ingresos de la terraza suponían entre el 40 y el 58 por ciento de los ingresos del local, en 2023 apenas llegaron al tres por ciento. Su reclamación se eleva a 105.369 euros por pérdidas.

La Comisión Jurídica rechaza ambas reclamaciones. Sobre el hostelero se manifiesta «en contra de la petición indemnizatoria planteada». De los arrendadores indica que son los propietarios y no la administración quienes en primera instancia tienen «la obligación de conservar el inmueble». No ven «imputable» la responsabilidad al Ayuntamiento por lo que se le exime de la misma y de tener que pagar cantidad alguna. El caso, eso sí, puede tener recorrido aún en los juzgados si la pretensión de los reclamantes se mantiene.