La jueza decreta la apertura de juicio oral por la filtración en las oposiciones de la Policía Local de Cáceres

El máximo responsable de la Policía, al mando desde 2018, continúa ejerciendo sus funciones, ya que el equipo de Gobierno descartó al conocerse la acusación de la Fiscalía una posible suspensión. El agente y profesor se expone a una petición de cinco años de prisión, entre otras posibles penas.

No hay todavía fecha fijada para la celebración, pero la jueza instructora acuerda en un auto «la apertura del juicio oral» en el procedimiento una vez sustanciadas las acusaciones. Recuerda en la resolución que si el Ministerio Fiscal o la acusación particular solicitan que se celebre juicio, el juez debe proceder a ello salvo que considere que no existen indicios y estime procedente el sobreseimiento de la causa. Pero esa es una «situación que no concurre en el presente caso», resalta.

El auto, además, declara como órgano judicial competente «para conocer y juzgar esta causa» al Juzgado de lo Penal. Es una resolución no recurrible, «excepto en lo relativo –se destaca– a la situación personal de la persona acusada», con un posible recurso de reforma. El auto también menciona la posibilidad de prestar fianza «para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes». De hecho, reseña que «se podrá decretar el embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar dichas responsabilidades si no se presta la fianza exigida». En la apertura del juicio, el juez «resolverá sobre la adopción, modificación, suspensión o revocación de las medidas solicitadas por el Ministerio Fiscal o la acusación particular».

Benedicto Cacho acudió a declarar en abril de 2023 como investigado. Se desmarcó entonces, y lo ha reiterado después, de toda responsabilidad en un asunto que se había iniciado tras recibir un audio el sindicato CSIF en el que se hacían recomendaciones sobre cuestiones del examen. El documento se puso en manos de la Fiscalía, se inició la investigación y se cursó petición al Ayuntamiento para que facilitase los datos sobre ese proceso selectivo de 202. Se habían presentado 400 candidatos de entrada.

«Es una sospecha tan extraordinaria que no parece propia de un procedimiento penal», ha reconocido el abogado de Cacho, Emilio Cortés. El jefe policial ha explicado que no tuvo ninguna vinculación con esa posible filtración.

«Lo que se dice revelado tendría una puntuación del 0,7 por ciento del total del examen. Otra cosa sería haber filtrado el examen entero. Para que el Derecho Penal intervenga tiene que haber una lesión de la causa pública. Aun siendo cierta la denuncia, que yo estimo que no es cierta, supone una insignificancia del total del examen», ha defendido el letrado defensor.

No obstante, la maquinaria judicial continúa. Cacho se enfrenta a un posible delito de revelación de secretos por funcionario público, como subraya el auto. Está recogido en el artículo 417 del Código Penal.

Se le piden dos años y medio de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cinco años. Por su parte, el profesor y agente está acusado de un delito cometido por el «particular que aprovecha para sí y para un tercero el secreto obtenido del funcionario público o autoridad». Se recoge en el artículo 418 del Código Penal. Se solicitan cinco años de prisión, imposibilidad de obtener ayudas públicas, beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 10 años y una multa. En este caso, la sanción correspondería al triple del beneficio obtenido y que se pueda acreditar.