Cáceres tiene 72 municipios donde más del 35% de sus vecinos superan los 65 años

En Carrascalejo hace cuatro años que no se produce ningún nacimiento. Es la edad que tiene el niño más pequeño que vive en este pueblo del la comarca cacereña de la Jara, cuyo alcalde, Amador Álvarez, reconoce que muchos municipios del mundo rural tienen que hacer frente al serio peligro de la despoblación y el envejecimiento. El suyo es una de las seis localidades cacereñas donde más de la mitad de los vecinos son mayores de 65 años. En el conjunto de la provincia son 72 los municipios que tienen más de un 35 por ciento de habitantes que superan la edad de la jubilación, según datos de la Diputación provincial, una de las administraciones públicas de la región y del conjunto del país que se ha marcado como objetivo la lucha contra la despoblación.

El informe de la Diputación sobre la realidad demográfica de la provincia da idea de los desequilibrios existentes, principalmente el envejecimiento y la despoblación, un peligro este último que puede abocar incluso a la desaparición de los pueblos si no se toman medidas. «No está garantizada la continuidad de estos pueblos en un plazo breve de tiempo si no se actúa con premura», se indica en el informe de la Diputación sobre el conjunto de los seis municipios en los que más de mitad de sus vecinos tienen 65 años o más, es decir superan ya la edad de jubilación, y, además el número de menores de 16 años no llega al 5 por ciento. Se trata de Campillo de Deleitosa, Gargüera, Casares de Hurdes, Carrascalejo, Bohonal de Ibor y Salvatierra de Santiago. Campillo de Deleitosa, con 51 habitantes, no cuenta con ningún niño y el 74,5 por ciento tiene 65 años. En Gargüera, con 136 habitantes, sólo hay un menor de 16 años, y el 57,4 por ciento es mayor de 65 años; en Casares de Hurdes, con 413 vecinos, hay 7 menores de 16 años y el 53,5 por ciento es mayor de 65. Carrascalejo, con 254 habitantes, tiene 7 menores de 16 años, y el 52,8 por ciento es mayor de 65; en Bohonal de Ibor, con 494 habitantes, hay 26 menores de 16 años, y el 52 por ciento está en edad de jubilación, y en Salvatierra de Santiago, con 236 vecinos, hay dos menores de 16 años, y la mitad de la población supera los 65 años.

El problema del envejecimiento persiste en muchos más municipios, aunque en menor proporción. Así, de las 222 localidades de la provincia, en 72 hay más de un 35% de vecinos con 65 o más años y todos ellos cuentan con menos de 1.000 habitantes, excepto Casar de Palomero, que tiene 1.192. Además de los seis que superan el 50 por ciento, hay otros 66 en los que el porcentaje está entre el 35 y el 50 por ciento.

En estos 72 municipios viven 27.649 vecinos, del total de los 403.000 habitantes que tiene la provincia cacereña. Según el informe de la Diputación, los pueblos que no superan los 1.000 habitantes y que tienen una población envejecida necesitan una atención especial: «Es realmente el tamaño sobre el que hay que actuar pues los que están entre 1.000 y 5.000 habitantes tienen porcentajes de mayores de 65 años en mejor situación». Hay 29 municipios con más de 2.000 habitantes y en ellos la población de más de 65 años se sitúa en el 21,8 por ciento. En estas localidades incluidas las ciudades más grandes y la capital, viven el 68 por ciento de la población cacereña. En ellos vive el 76 por ciento de los menores de 16 años.

Amador Álvarez, que es alcalde de Carrascalejo desde las primeras elecciones municipales de 1979, considera que los jóvenes ven pocos incentivos para permanecer en el mundo rural. «Aquí es donde deberían incidir los fondos europeos», afirma al ser preguntado sobre la nueva política de cohesión que se está proponiendo en el Parlamento de Bruselas para las próximas líneas de financiación y ayudas en el período 2021-2027. «Tenemos una pirámide de población que da miedo», reconoce sobre la realidad demográfica en el mundo rural de la región y la provincia y reconoce que las perspectivas de futuro son pesimistas si no se cambia la tendencia: «en un horizonte de 25 años esta debilidad se puede acentuarse. Podrían desaparecer muchos pueblos»

Por su parte, Rosario Cordero, presidenta de la Diputación, resalta que su Gobierno ha asumido como bandera la lucha contra la despoblación «desde el minuto cero» y recuerda, precisamente, la iniciativa del congreso de Montánchez del pasado año. «No ha sido papel mojado porque esta Diputación ya ha incluido en sus presupuestos partidas destinadas a la lucha contra el despoblamiento. Además, todas las políticas en nuestros pueblos van en esa dirección desde todas y cada una de las áreas», afirma y añade como ejemplo de propuesta: «Hay que favorecer una discriminación fiscal positiva para la actividad económica en el mundo rural». En este sentido, considera que las nuevas normas deben promoverse en los niveles regional, nacional y europeo, con la incorporación a la visión del impacto de las leyes el coste de la despoblación en el mundo rural.

Asimismo, la presidenta de la Diputación insiste en destacar «la nefasta ley de techo de gasto que impide a los ayuntamientos y diputaciones saneadas invertir los fondos que tienen a su disposición».