La vista por el robo de Atrio acaba sin acuerdo y el juicio oral comenzará el 27 de febrero

Viajaban en el interior de dos furgones policiales con las lunas tintadas en los que fueron conducidos al sótano del edificio. Desde aquí, fueron trasladados a la sala del jurado de la Audiencia Provincial, donde siguieron la comparecencia desde la primera fila.

Ni periodistas ni fotógrafos tuvieron acceso a esta sala, ocupada mayoritariamente por estudiantes del último curso de Derecho, además de procuradores, fiscales y algún funcionario. Los medios de comunicación siguieron la vista en una sala anexa por la señal institucional facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Y los acusados no aparecieron en ningún momento en la imagen difundida. Tan solo se les advirtió en una foto publicada por el TSJEx. Ella, con el pelo recogido parcialmente y camisa blanca. Él, con gafas y ropa azul marino.

La incógnita de la mañana giró en torno a un posible acuerdo de las partes previo a la celebración del juicio, que no fue posible. Así lo comunicaba al inicio de la prevista Joaquín González Casso, presidente de la Audiencia Provincial, que está al frente del proceso. Al no haber pacto, se fijó la fecha para el juicio oral. Será los días 27 de febrero y 1 de marzo. Un total de 23 testigos y cuatro peritos judiciales darán su versión de lo sucedido.

Lo que no está claro es si en estas dos jornadas se podrá escuchar la versión de los hechos de los acusados. Su abogada, Sylvia Córdoba, que defiende su inocencia, apuntó que una de las opciones es que sigan en silencio, como hasta ahora. Córdoba solicitó ayer, además, que su turno de declaración se fijara al final de las dos sesiones. Una petición que fue denegada. Así las cosas, Dumitru y Guevara serán los primeros en tener el turno de palabra el día 27.

«El acuerdo no ha sido posible porque nos proponen que para llegar a él, que no era muy satisfactorio, tenían que aparecer las botellas. No se puede entregar aquello de lo que no se dispone. Era imposible llegar a una conformidad, aunque hubiéramos tenido la intención. Ellos –señaló la letrada en referencia a sus defendidos– no las sustrajeron», insistió Córdoba en declaraciones a los medios realizadas al término del acto, pasadas las once y cuarto de la mañana.

Hay que recordar que a los detenidos se les atribuye el robo cometido en la madrugada del 26 al 27 de octubre de 2021 en el hotel-restaurante de la Plaza de San Mateo. Entre los 45 caldos sustraídos están los más valiosos de la bodega, incluido el Châteu d'Yquem de 1806. El precio en carta de los vinos ascendía a 1,6 millones de euros.

Las condiciones

Sobre la rebaja de la pena ofrecida en el posible acuerdo, la letrada detalló que se trataba de los mínimos legales, «con lo cual continuarían en prisión». «Esto no nos parecía un acuerdo aceptable», apostilló. «Hasta el momento no han declarado y, probablemente, continúen en silencio», avanzó sobre la vista oral y añadió que sus defendidos «están mal, están tristes, están asustados y preocupados». Córdoba también lamentó que el tribunal haya rechazado todas sus peticiones, incluida la posibilidad de que se tuviera en cuenta como atenuante que su defendido se encontrara bajo los efectos de sustancias tóxicas en el momento de los hechos que se le imputan.

«Los juicios son muy impredecibles, nunca sabes lo que va a pasar. De momento estamos negando todo. Aunque hayan estado en el hotel, eso no acredita tampoco que hayan sido los autores de la presunta sustracción. Prueba directa aquí no va a haber. Habrá indicios», concluyó la abogada madrileña sobre los vídeos difundidos por la Policía Nacional en los que se ve a dos personas saliendo del establecimiento con tres bolsas en cuyo interior estarían las botellas.

La aseguradora que ha indemnizado a José Polo y Toño Pérez, dueños del restaurante, con casi 800.000 euros por la desaparición de las botellas es Reale, a través de la correduría Sánchez Castañón de Zafra, con quien los empresarios habían formalizado el contrato. La firma se ha personado como acusación particular y está representada por el abogado pacense Rafael Montes, que ayer presentó un informe pericial sobre el valor de los caldos. En el documento, que fue aceptado por el tribunal, el valor de los vinos coincide con la cantidad pagada a los dueños de Atrio.

«Creíamos que el momento procesal para aportar este peritaje era ahora. La ley lo permite», detalló Montes a preguntas de los periodistas. El informe ha sido realizado por un perito de Madrid. «El dinero que se ha pagado tiene que ser recuperado por la aseguradora», manifestó.

La acusación particular ha solicitado para cada uno de los detenidos una pena de prisión de cinco años y una indemnización global de casi 800.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Por su parte, la Fiscalía ha solicitado en sus calificaciones una pena de cuatro años y seis meses para los arrestados. Considera a los dos detenidos como coautores de un delito de robo con fuerza en establecimiento público.