Los 90.000 empleados públicos de la región tendrán una subida extra en la nómina de octubre

En este pacto se estableció un incremento fijo del 2,5% para este año, que los empleados públicos están cobrando desde enero, al que se podría añadir otro 0,5% si la suma del IPC armonizado de 2022 y de 2023 superara el 6%. «Se espera, de hecho, que supere el 8%, así que contamos con el aumento del 0,5% en la nómina de octubre con carácter retroactivo desde enero», afirma Benito Román, presidente de CSIF Extremadura.

Aunque la subida extra del 0,5% dependerá, en cualquier caso, del sueldo que cobre cada empleado público, «en una nómina media de 1.500 euros estamos hablando de una subida mensual que no alcanza los 10 euros», concreta Román.

María Ángeles Rodríguez, secretaria de Acción Sindical de UGT, detalla que «el incremento en la nómina irá desde los 80 euros aproximadamente en los que la tienen más baja hasta los 150 en los que cuentan con una retribución más alta». No obstante, aclara, «lo importante es que se trata de un aumento que queda consolidado».

Esta subida adicional que se cobrará con carácter retroactivo, aunque no es elevada en el sueldo de cada trabajador, sí supone un desembolso notable para las arcas de la administración regional. La Junta deberá abonar esa subida a más de la mitad de los empleados públicos de la región, a los más de 50.000 que trabajan en la Administración General, Educación y Sanidad.

En este caso, señalan fuentes de la Consejería de Hacienda, el desembolso para afrontar el 0,5% superará posiblemente los 12 millones de euros, aunque los números no están cerrados de forma definitiva a día de hoy.

El resto de administraciones, diputaciones provinciales, ayuntamientos, mancomunidades, el Estado y empresas públicas deberán afrontar igualmente la subida adicional en las nóminas de sus trabajadores.

Este aumento del 0,5% no es el único con el que contarán los empleados públicos este año. Cabe recordar que, también desde enero, están recibiendo el 2,5% de incremento que se acordó igualmente en la Mesa General de las Administraciones Públicas, en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos. Pero, además, también es posible un nuevo incremento para este 2023, pese a que se cobraría en los primeros meses de 2024. Se trata de otra subida del 0,5%, retroactiva desde enero del 2023, que se lograría si el crecimiento del PIB español de este año llega al 2,1%, algo que es bastante probable, según las últimas previsiones del Gobierno y de otros organismos como la OCDE, la Airef o el Banco de España.

Insuficientes

En cualquier caso, asegura el presidente de CSIF Extremadura, aunque se diera la subida global de un 3,5% este año, «es insuficiente porque el aumento de precios y el coste de la vida ha empobrecido a los empleados públicos».

Por eso, dice Benito Román, «ya se está solicitando al Gobierno de España renegociar las subidas pactadas en el acuerdo». Concreta que «la pérdida de poder adquisitivo que llevan acumulada desde 2010 los empleados públicos alcanza el 20%, y las subidas que se han ido produciendo están muy lejos de ese porcentaje; muchos empleados públicos tienen problemas para llegar a fin de mes».

También María Ángeles Rodríguez considera que las retribuciones de los trabajadores del sector público deben seguir mejorando, aunque reconoce que el acuerdo marco para la administración del siglo XXI, el pacto firmado por Gobierno y sindicados, ha paliado en cierta medida la pérdida de poder adquisitivo de estos trabajadores. «Aunque, lógicamente, necesitan mejores retribuciones», insiste.

Ese acuerdo ha supuesto en 2022 una subida global de un 3,5%, que posiblemente se alcance también este 2023 con el 0,5% que está vinculado al PIB. Para el próximo año, el último recogido en el pacto, habrá otro incremento fijo de un 2%, que podría ser superior si se cumplen las condiciones a las que se vinculan subidas variables.

«Es un acuerdo que sigue vigente por tanto para el próximo año y que, en cierta medida, ha ayudado a los empleados públicos a paliar la pérdida de poder adquisitivo que venían sufriendo», explica María Ángeles Rodríguez. «Si finalmente se puede subir el incremento variable en 2024, el aumento total en los tres años de vigencia del acuerdo podría alcanzar el 9,5%». No obstante, al igual que el presidente autonómico de CSIF, la secretaria de Acción Sindical de UGT deja claro que «continuaremos reivindicando mejoras para los empleados públicos, los que pagan las crisis porque lo fácil es recortar en los presupuestos».