Cinco años de cárcel para los dos acusados por la explosión en una fábrica de Moraleja con tres muertos

La sentencia considera probado que «la maquinaria carecía de marcado CE y de mantenimiento, y la empresa carecía de las instalaciones o mecanismos necesarios para la señalización de la sobrepresión, sin que constara nada al respecto en la evaluación de riesgos». En el fallo judicial se relata que el operario que resultó lesionado «no prestó atención a unos marcadores de presión que venían presentando fallos», un hecho que le llevó a que tener que sentarse en el banquillo de los acusados, si bien ha resultado absuelto «con todos los pronunciamientos favorables».

Esa mañana murió su hijo, que trabajaba con él en la empresa. Otro de los fallecidos también era un empleado, mientras que el tercero era el padre del encargado y jefe de mantenimiento ahora condenado, que estaba en la planta de visita.

La empresa «se dedicaba a la fabricación de aceite a partir de alperujo (alpechín y orujo) de la aceituna (restos del procesado en la almazara)», explica la sentencia. La materia prima era sometida en unos depósitos metálicos o extractores a un proceso que incluía el uso de disolventes como el hexano, que es muy inflamable, y de vapor de agua para generar presión.

Según el informe de la Inspección de Trabajo posterior al accidente, este se produjo por un exceso de presión, motivado «por un atasco en el tubo de salida del producto, cuyo diámetro quedó reducido como consecuencia del depósito de los restos de orujo, que van solidificándose, o bien por la acumulación del orujo sobre la reja del colmado, debido a un mal procedimiento del trabajo de mantenimiento y limpieza». «Como consecuencia de esa sobrepresión –sigue el informe–, se produjo una primera explosión que rompió el extractor por la zona de soldadura del fondo koppler, lo que permitió la entrada de oxígeno y su contacto con el hexano del interior, provocando una atmósfera explosiva que activada por cualquier ignición generada como consecuencia de la explosión, generó una segunda deflagración».

Las tres muertes fueron instantáneas, recoge la sentencia que firma la magistrada Milagrosa González Fernández, para quien el informe de la Inspección de Trabajo «es la constatación palmaria de la inexistencia de condiciones laborales idóneas». En él se deja constancia de que «además de ser un equipo inadaptado a la norma, carecía de detectores de presión, válvulas de seguridad contra sobrepresiones ni había inspecciones periódicas, y las labores de mantenimiento las realizaban los trabajadores, que por otra parte, no consta que tuvieran formación específica para ello».

El fallo del Juzgado de lo penal recoge que «las máquinas, como se vanaglorió en su declaración el administrador único de la empresa, tenían más de noventa años, y desde luego, con semejante antigüedad, requerían una puesta a punto que, con un mínimo de interés o diligencia, sabe que han de ser homologadas». «Esta falta de homologación –continúa el texto judicial– afecta no solo a la estructura de las máquinas, sino también a los elementos de la misma, entre ellos las tapas para el fondo, que si bien José María alardeó de haber ido a la mejor fundición del País Vasco, lo cierto es que no adquirió material no homologado, tal y como consta en la numerosa documental por él aportada al procedimiento».

La jueza añade que «la formación que se facilitaba a los trabajadores puede definirse como paupérrima, nada de formación relativa a tratar con elementos semejantes al hexano, ni atmósferas explosivas ni nada que se le parezca, amén de una falta de supervisión de la asistencia a los cursos». El juicio, añade la magistrada, permitió «determinar la más que manifiesta falta de diligencia de los dos acusados en las labores que les corresponden como empresario y encargado respectivamente».

«Los trabajadores –continúa– contaban con un material (el orujo) demasiado fino, de calidad mejorable, y que por su textura, se atascaba en exceso, circunstancia igualmente conocida por los acusados, siendo continuas las quejas de sus trabajadores en este sentido, pero nada hicieron».

Además de los 491.000 euros en indemnizaciones a las familias, representadas por los abogados Ladislao García Galindo y Luis Bohoyo, los condenados deberán pagar 2.700 euros de multa y un tercio de las costas cada uno de ellos.

La jueza rechazó la atenuante de dilaciones indebidas por los doce años transcurridos entre los hechos y el fallo, al entender que «el retraso es imputable únicamente a ellos», por el «manifiesto interés de la dirección letrada de los acusados en suspender 'sine die' el procedimiento, instando continuamente diligencias de prueba que llegando al colmo, tenían que estar en su poder».