Los detenidos de San Lázaro compraron 200 balas el día antes del tiroteo en Plasencia

Así se recoge en las diligencias policiales que forman parte de la instrucción abierta por el juzgado número 1 de Plasencia, en las que se basa el auto del juez que decreta la prisión provisional para los miembros de San Lázaro y la libertad provisional para los Hilarios, pese a que la Fiscalía solicitó cárcel para todos ellos.

El tiroteo en San Lázaro comenzó en torno a las 00.20 horas de la madrugada del domingo, cuando los seis detenidos del barrio empezaron a disparar al vehículo en el que habían llegado los miembros del clan de los Hilarios, modelo Audi SQ5, en el que impactaron numerosos disparos tanto en la parte trasera como dentro del coche, uno incluso en el apoyacabeza del asiento del conductor.

Además, respecto al origen de los disparos que han causado la muerte de la niña, Camelia, y lesiones en una joven de 25 años, se establece en el atestado que «siguen una trayectoria de arriba abajo y provendrían desde los domicilios de donde se inicia la reyerta hasta donde las víctimas reciben los impactos de bala», entre los que «habría aproximadamente unos 25 metros, siendo compatible todo ello tanto con armas cortas como con armas largas».

Se trata supuestamente de las armas de fuego que los detenidos de San Lázaro entregaron a la policía: dos escopetas, una escopeta repetidora, otra tipo franchi y un subfusil con tres cargadores.

El juez también señala en el auto que la investigación policial incluye una fotografía publicada en redes por la familia de los detenidos en la que diferentes miembros «portan armas de fuego, presumiblemente con la intención de atemorizar e intimidar al clan de los Hilarios». Sin embargo, tal y como recoge el propio auto, solo uno tiene licencia de armas.

Por estos indicios el juez investiga a los seis vecinos de San Lázaro por cuatro delitos de homicidio en grado de tentativa por disparar a los integrantes del coche y un delito de homicidio imprudente por la muerte de la menor de dos años, así como por los presuntos delitos de riña tumultuaria, amenazas, tenencia ilícita de armas y lesiones por las heridas causadas a la joven.

El juez decreta prisión provisional, comunicada y sin fianza como medida cautelar, porque «existe riesgo de fuga por parte de los investigados, en atención a la naturaleza de los hechos y gravedad de las penas que se pueden imponer», según consta en el auto.

Sin embargo, decreta libertad provisional, con obligación de comparecer los días 1 y 15 en el juzgado, para los cinco miembros del clan de los Hilarios. Tanto para los tres que declararon el martes, como para los dos que lo hicieron ayer miércoles ante la jueza de guardia que les tomó declaración cuando ambos se entregaron a la policía. No obstante, el TSJEx aclara que la instrucción la asume el juzgado número 1.

Los cinco del clan de la barriada de Gabriel y Galán, a quienes también se les han retirado los pasaportes, están investigados por los presuntos delitos de riña tumultuaria, amenazas y tenencia ilícita de armas.

Sin embargo, el juez aclara en el auto que en el momento actual de la instrucción, y a la espera por tanto de pruebas que podrían revertir la situación, solo hay indicios del delito de riña tumultuaria. Ni del de amenazas ni tampoco del de tenencia ilícita de armas. De hecho, afirma que «no existen indicios de que estos tres detenidos –los que declararon el primer día– hayan disparado con arma de fuego desde el interior del vehículo Audi SQ5, hecho que resulta básicamente de la no localización de ningún orificio de bala en el domicilio» de San Lázaro donde comenzó el tiroteo, «ni en las construcciones aledañas, ni se les ha intervenido arma de fuego ninguna».

Además de no haber hasta el momento indicios de estos delitos, «no existe riesgo de fuga ni de destrucción de prueba ni de atacar los bienes jurídicos de la víctima», dice también el auto del juez para argumentar su decisión de puesta en libertad. Sin olvidar, que «estos detenidos han colaborado en todo momento con la fuerza actuante, se han ofrecido para que se les practique la prueba de parafina (que determina si dispararon algún arma), han prestado su consentimiento para la extracción de ADN y han entregado el vehículo para que se estudien los impactos de bala».