El Estado redactará este año un informe sobre el impacto del cierre de Almaraz

Entre estas últimas está Almaraz, que como es sabido, iniciará el apagón nuclear en España, donde siguen operativos siete reactores (los dos extremeños, dos en Ascó y uno en Vandellós, ambas en Tarragona, uno en la valenciana de Cofrentes y otro en Trillo, en la provincia de Guadalajara). El reactor uno de Almaraz se apagará el 1 de noviembre de 2027, y el dos un año menos un día después.

El informe pretende realizar «un diagnóstico de los desafíos socioeconómicos del cierre de la central nuclear de Almaraz y propuestas para el Plan de Transición Justa», apunta el ITJ, un organismo creado en abril de 2020, cuando Enresa y las empresas dueñas de la planta extremeña (Iberdola, Endesa y Naturgy) ya habían acordado una fecha de cierre para la instalación.

Según define el Ministerio, el Instituto de Transición Justa «tiene por objeto la identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía más ecológica y baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario, minimizando los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de estos territorios».

Esta declaración de intenciones se concreta en acciones como la realización de informes de diagnóstico como el que elaborará sobre Almaraz, también en la concesión de subvenciones para proyectos empresariales en sus municipios de actuación o la formación «de personas desempleadas afectadas por la transición energética». A modo de ejemplo, el ITJ gestiona una «bolsa de empleo de afectados por el cierre de las centrales térmicas de carbón».

El funcionamiento de este organismo público incluye la designación de Zonas de Transición Justa. Almaraz y su entorno será una de ellas si la planta cierra. En línea con este planteamiento, el Instituto licitó el año pasado un programa de formación, recualificación e inserción de personas desempleadas afectadas por la transición energética en municipios de las zonas de transición justa de Andalucía, Asturias, Galicia, Aragón, Castilla y León y Castilla La Mancha.

Los beneficiarios de estas iniciativas realizan «cursos de capacitación y recualificación» que les preparan para «su acceso a un nuevo empleo en los sectores en crecimiento relacionados con la transición energética limpia, como son las energías renovables, la eficiencia energética o las infraestructuras verdes».

El pasado julio, el Instituto de Transición Justa repartió –mediante el procedimiento de concurrencia competitiva– 8,5 millones de euros entre 106 proyectos empresariales ubicados en zonas de transición justa, entre ellas las del área de influencia de las centrales nucleares de Garoña y Zorita, las dos en proceso de desmantelamiento.

Concedió esa ayuda exigiendo a los beneficiarios crear puestos de trabajo y mantenerlos durante al menos tres años. Así logró, informaba el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el pasado julio, que se crearan 207 empleos, gracias a iniciativas como una planta para valorizar residuos de la construcción en Salas (Asturias), un centro de investigación e intervención contra la soledad no deseada en Ariño (Teruel), un club de vuelo y ocio en Fuente Obejuna (Córdoba), una empresa multiaventura en La Pola de Gordón (León) o la modernización y mejora de la eficiencia de un negocio de hostelería en Zorita de los Canes (Guadalajara).