La Junta admite una situación «anómala» en la balsa de Jarandilla, aunque «no imputable al actual Ejecutivo»

De esta forma respondió Bautista a la nota emitida en la mañana de este miércoles por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), en la que señala que esta charca es de titularidad de la Junta de Extremadura, y que se encuentra en situación «irregular». El órgano gestor de la cuenca asegura que la última revisión de seguridad de la que tiene constancia es del año 2004.

Ante estas afirmaciones, el consejero extremeño se pregunta «cómo es posible que exista durante 30 años una balsa construida sobre dominio público hidráulico de manera ilegal o irregular». «¿Han tenido que pasar 30 años para darnos cuenta de que esa balsa está de manera irregular o ilegal? ¿Y han tenido que pasar 30 años habiéndose acometido visitas de, lo que sea, de inspección, de seguridad, como lo quieran llamar, a la balsa, aguas arriba, aguas abajo, a la propia balsa?», se cuestiona.

Bautista insiste en «cómo puede ser posible que haya una presa durante 30 años y la Confederación Hidrográfica del Tajo haya ido validando todas estas cuestiones». «Desde luego no es responsabilidad de este gobierno», insiste. «Hay un director de explotación, como digo, en una balsa ilegal y está verificado, está aprobado por la Confederación Hidrográfica. A mí me resulta inaudito, porque cuando un señor limpia el cauce de un arroyo en su parcela a la semana le llega la multa de Confederación Hidrográfica«, recalca.

En cuanto a la visita que la CHT refiere haber realizado a la instalación en el año 2022, pero que asegura fue de inspección y no puede ser considerada como una revisión de seguridad, el consejero considera que, «con independencia de los conceptos que los jurídicos tendrán que ver», la CHT actúa como un «organismo certificador». El órgano gestor de la cuenca añade que, con fecha 4 de abril de 2018, tuvo entrada el Plan de emergencias y se requirió al titular de la instalación la subsanación de las deficiencias identificadas. «Es decir, si en el 2018 se requirió la subsanación y Confederación gira visita, como reconoce en la propia nota, y hay un acta que da la conformidad a la seguridad de la presa, no cuadra el 2018 con el 2022», apunta el consejero.

En este sentido, Bautista asegura que la Junta trabaja desde noviembre en la subsanación de las observaciones puestas al plan de emergencia. «Desde el 2018 hasta el 2023 son cinco años. ¿Cinco años han tenido que pasar para que el gobierno de la Junta de Extremadura subsane las deficiencias en las observaciones planteadas por confederación y tenga que hacerlo este gobierno a meses únicamente de empezar su andadura?«, se pregunta. Por ello, recalca que »serán otros« los que tengan que »dar cuentas y dirimir responsabilidades, pero, desde luego, no corresponde a este gobierno de la Junta de Extremadura, al actual, corresponderá al anterior«.

«La situación es totalmente anómala», define el responsable del Gobierno regional. «Existe esa visita de inspección en el año 2022 sin existir un informe de seguridad de un tercero como detalla, la confederación en nota de prensa. Es decir, la Confederación manifiesta que la visita que se hace en septiembre del año 2022 no constituye una verificación de la seguridad, utilizando un concepto indeterminado, pero no existe un informe de seguridad de un tercero. Es decir, ¿cómo firma la Confederación un acta de conformidad de las normas de seguridad en la presa en septiembre del año 2022 sin existir ese informe del tercero que reclama?».