La Junta apuesta ahora por rehacer el proyecto de regadío de Tierra de Barros con menos hectáreas

Como ya informó HOY el 18 de diciembre, la Junta plantea a los regantes un nuevo convenio que sustituya al aún vigente, pero esta propuesta es calificada de «inasumible» por los regantes porque pierden 3.500 hectáreas. En mayo próximo se cumplen diez años de tramitación del proyecto.

«En un periodo tan largo es lógico que haya hectáreas que desaparezcan del plan de regadío porque sus propietarios fallecen o cesan en la actividad. O renuncian a ellas viendo el cariz que está tomando esto. Por eso, desde un inicio, habilitamos una lista de espera con otros agricultores y otras hectáreas que suplieran esas bajas. Hay terreno de sobra. Siempre se nos dijo que se podría echar mano de ellas en caso de que se produjeran bajas pero la Junta nos dice ahora que no puede cubrir el hueco dejado porque no lo permite la declaración de impacto ambiental (DIA) aprobada. ¿Quieren hacer una nueva declaración de impacto, con el tiempo de tramitación que eso supone y sin saber ahora si va a ser favorable o no?», expresó Isidro Hurtado, presidente de la comunidad de regantes de Tierra de Barros.

Esta mañana, en la Asamblea de Extremadura, Ignacio Higuero ha dicho que si se incluyen hectáreas de reserva hay que hacer nueva declaración de impacto ambiental. «Esas 3.500 no están en la DIA aprobada en 2021. Habría que hacer una nueva», ha insistido. «Estamos trabajando para rectificar esta situación. Se va a llevar a cabo un análisis detallado de la nueva situación. Se estudiarán distintas posibilidades. Este estudio, que partirá del esquema inicial del proyecto, tendrá como objetivo ajustar y adaptar el diseño de las infraestructuras principales a las nuevas necesidades del mismo. Tomando como referencia una horquilla de entre 8.000 y 12.000 hectáreas», ha dicho Higuero, responsable de nuevos regadíos dentro del Ejecutivo que preside María Guardiola.

No ha aclarado el consejero de Gestión Forestal cuánto costaría un proyecto con esas dimensiones pero los regantes de Tierra de Barros -que pondrían 66 millones de los alrededor de 300 según el proyecto aún vigente- tienen claro que se dispararía el gasto.

Higuero ha insistido en la necesidad de un nuevo convenio «ajustado a la realidad del proyecto, que reemplace al vigente. Dice que el vigente no es real y tiene »un marco temporal de imposible ejecución«. Entre otros motivos, porque no tiene financiación asegurada. De hecho, asevera que la Junta está haciendo un estudio que establezca los cauces de colaboración »técnica y financiera entre la Junta y la comunidad de regantes«.

«No es un documento definitivo. Estamos trabajando con el objetivo de que sea viable, técnica, temporal y económicamente por ambas partes, debiendo realizar ambas partes un esfuerzo tanto para conseguir crédito como para conseguir avales.

Sostiene Higuero que la Junta está buscando fondos para financiar el proyecto. Que los ha pedido a Europa. Y también al Gobierno. Como fondos propios, ha recordado que en el proyecto de presupuestos de Extremadura para 2025 la Junta ha consignado 20 millones para este proyecto.

En su comparecencia en la Asamblea el titular de Gestión Forestal ha refrendado lo que ya se sabía desde la anterior legislatura, que el proyecto tiene concesión hídrica por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), con tomas desde las presas de Villalba de los Barros y Alange. Higuero ha dicho que pidió otro informe a la CHG en septiembre pasado y ha vuelto a recibir la misma respuesta: la concesión de agua para regar está garantizada y no afecta ni al abastecimiento humano e industrial ni al acuífero de Tierra de Barros.

Ignacio Higuero ha concluido diciendo que «nunca ha engañado a los regantes» y que se hará un nuevo proyecto «superando todos los obstáculos».

 

La intervención de Higuero en el Parlamento regional ha puesto de acuerdo a todos los grupos de la oposición. PSOE, Vox y Unidas por Extremadura han señalado que con esta nueva propuesta la Junta «intenta que los regantes sean los que se rindan».

Irene de Miguel, de Unidas, ha afeado al consejero que no sea honesto y le acusa de seguir mintiendo a los agricultores. «Este proyecto no es sostenible. No hay agua. Ha perdido una ocasión de oro para anunciar que el proyecto está enterrado. No se me merecen los agricultores que les sigan engañando y mareando». De Miguel también ha criticado al PSOE por seguir diciendo que el proyecto se puede licitar. «No se puede sin tener el dinero. Eso es irresponsable», ha comentado.

Mientras, Juan José García, diputado de Vox, ha indicado que el Gobierno del PP «tiene toda la pinta de querer que los regantes se bajen del carro» del proyecto de Tierra de Barros. «Se tiene que empezar a ejecutar. Lo demás es dar una patada hacia adelante». Además García ha cargado contra «el chantaje» y la «sinvergonzonería» que supone, según el diputado de Vox, que la Junta vincule que haya financiación al proyecto a la aprobación de los Presupuestos extremeños. «Están usando como rehenes a los agricultores», ha esbozado.

Por su parte, Valerio Rodríguez, diputado del PSOE, ha afirmado que el Gobierno regional del PP «sigue empeñando en cargarse el proyecto. Han paralizado las expropiaciones. No han hecho nada. Al contrario. Han quitado fondos. Quieren que sean los regantes los que renuncien al proyecto».

Rodríguez indica que las 3.500 hectáreas de reserva se pueden incluir en el nuevo regadío sin tener que ser analizadas, otra vez, por una declaración de impacto. Y aduce un informe de la Dirección General de Medio Ambiente, en la anterior legislatura, que ya analizó esa posibilidad.

«Ustedes (en referencia al PP) se han cargado la financiación y tienen otra estrategia: disparar los costes del mismo, con menos hectáreas, para que los regantes renuncien. Los han abandonado. Hoy el proyecto es un caos gracias a la señora Guardiola», ha concluido el diputado socialista.

Por último, Bibiano Serrano, diputado del PP, ha dicho que el proyecto de Tierra de Barros «está muy difícil pero no imposible» por «las falsedades del anterior Gobierno». Ha calificado de «inútiles y de incompetentes» a la anterior Consejería de Agricultura por no meter las hectáreas de reserva en la declaración de impacto ambiental. Eso significa, a juicio de Serrano, que el proyecto «esté muerto desde 2021», cuando se aprobó la DIA. «Han engañado a todo el mundo», ha concluido el diputado del PP.