La Junta estudia si el pacto de menores migrantes de Gobierno y Junts perjudica a la región

El Gobierno regional, que acatará el real decreto que plasma el pacto, estudiará la norma para comprobar si perjudica o no a los intereses de la región.

«La Junta de Extremadura cree en el Estado de Derecho y en la obligación de cumplimiento del ordenamiento jurídico. Por tanto, siempre acatará las leyes, pero eso no significa que esté de acuerdo con su contenido, ni que comparta las razones ni las consecuencias derivadas de las mismas, ni que entienda que se ajusta al ordenamiento jurídico vigente», explica la Consejería de Presidencia. «Es el motivo por el que la Junta analizará la norma, como hace siempre con cualquier normativa con un impacto en Extremadura, con el objetivo de defender siempre el interés general de la región, que es confluyente con el del país».

El Ejecutivo autonómico muestra una vez más su disconformidad con la decisión adoptada por el Gobierno, «que se sustenta en una negociación bilateral con Junts, que no responde al interés general ni media ninguna otra propuesta alternativa y dialogada con el conjunto de las comunidades autónomas».

Para la Junta, «se trata de una imposición en una materia de Estado en la que la participación y la actuación y gestión diaria de las regiones es clave». Por eso, critica que «el Gobierno esté tratando a los menores migrantes como mercancía, como un modo de pago político».

El departamento que dirige Abel Bautista defiende que los menores migrantes «son personas y no números y no se puede hablar de su reparto como si fuera el reparto de un impuesto». Apuesta por que «estas decisiones se aborden con todas las garantías y consenso en una conferencia sectorial» y recuerda que la capacidad de acogida de la región, con 80 plazas y 90 menores, «ya se ha rebasado».

El acuerdo entre Gobierno y Junts que establece el reparto de los menores migrantes será uno de los asuntos que se tratarán en el pleno de mañana jueves en la Asamblea. La presidenta del grupo parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, preguntará al Ejecutivo regional qué problema tiene para acoger a los 170 menores migrantes no acompañados que en principio corresponderían a la región en función del real decreto que recoge el pacto firmado.