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Menos de 15 kilómetros por carretera separan las localidades de Quintana de la Serena y de Valle de la Serena. En línea recta esa distancia ... se reduce. Sus términos municipales son limítrofes. Pero esa cercanía geográfica no impide que la brecha fiscal que separa ambos municipios sea realmente amplia. Para Gabriel Hernández, de 1.705 euros, exactamente.
Esa es la diferencia entre los que pagó este empresario de impuesto de actividades económicas (IAE) por dos negocios similares en ambas localidades. «Dos supermercados de la marca DIA», confirmaba en HOY, sorprendido porque la tarifa fuera mucho mayor en el pueblo más pequeño. Mientras que en Quintana de la Serena, con más de 4.500 habitantes, desembolsó 1.898 euros; en Valle de la Serena, con poco más de 1.100 vecinos, la cuota se elevó hasta los 3.603,24 euros. «¿Como es posible que un mismo impuesto de varios negocios similares (con el mismo epígrafe) tenga unas diferencias tan abismales entre un pueblo y otro si la actividad de estos negocios es exactamente la misma?», se preguntaba Hernández en una carta enviada a este diario.
55 Badajoz
municipios aplican el coeficiente máximo del impuesto
4 Cáceres
localidades tienen fijado el máximo que permite la ley
2 poblaciones
Feria y La Roca de la Sierra establecen el coeficiente mínimo
La respuesta hay que buscarla en el coeficiente de situación del IAE que imponen los ayuntamientos. En Quintana de la Serena ese coeficiente es de 1 y en Valle de la Serena, de 3,8. Aunque las cantidades resultantes de esa aplicación no marcarían la cuota exacta a pagar, ya que todavía habría que introducir otros coeficientes y descuentos, ese concepto sí establece una gran diferencia. «La tarifa del IAE varía en función de la actividad que se desarrolla, de la superficie del local y de otros conceptos y viene marcada por el Estado», explica Paco Álvarez, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Extremadura.
También fijado por la legislación actual está el coeficiente de ponderación, que se aplica a la tarifa y que se mueve entre el 1,29 y el 1,35 en función de la cifra de negocio. A partir de ahí, la normativa ofrece la posibilidad a los ayuntamientos de aplicar un coeficiente de situación, que no puede ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8.
En Extremadura hay 59 municipios, casi el 15% del total de 388 que tiene la región, en los que se encuentra vigente el coeficiente máximo en algunas calles, según los datos que maneja el Ministerio de Hacienda. La mayoría están en la provincia de Badajoz: 55. Los cuatro restantes, en Cáceres.
Paco Álvarez
Catedrático de la UEx
Javier Peinado
Creex
Por el contrario, el mínimo aplicable del 0,4 únicamente se mantiene en Feria y La Roca de la Sierra, ambos en Badajoz, y no en todo el municipio. De hecho, en algunas zonas de Feria está en vigor el máximo del 3,8. Eso es así, porque la ley permite hacer diferenciaciones por calles y marcar hasta nueve coeficientes distintos en la misma población. Aunque no es lo habitual en la región.
Cerca del mínimo, en otras 33 localidades extremeñas, 30 situadas en la provincia de Cáceres, el coeficiente está en el 0,5.
Antes de conocer la cuota final a pagar por las empresas hay que calcular los descuentos. «Se establecen bonificaciones, que pueden ser de hasta el 95%; algunas están marcadas por la ley, como las de las cooperativas, y otras las deciden los ayuntamientos, que pueden ser por crear empleo o por el uso de energías renovables», indica Álvarez.
«Nos sorprende que no haya armonización fiscal en España entre las comunidades autónomas, pero ni siquiera la tenemos en los municipios de Extremadura», comenta Javier Peinado, secretario general de la Confederación Empresarial Creex, sobre las grandes diferencias que existen entre las tasas que deben pagar las empresas dependiendo de la localidad en la que desarrollen su actividad. Sucede con el IAE (impuesto de actividades económicas) debido a los distintos coeficientes y bonificaciones que aplican los municipios. «Es un impuesto municipal obligatorio, pero la regulación viene del Estado», aporta Paco Álvarez, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Extremadura. «Hemos hecho reclamaciones al respecto porque se aplica casi a capricho», entiende Peinado, que es consciente de que a los ayuntamientos les cuesta mucho hacer cambios al respecto. «Si se suben tasas, los vecinos se enfadan y si se quitan, se descuadra el presupuesto», dice. Y es que las diferencias también se notan en otros impuestos: «Con el IBI o con la tasa de recogida de basuras, que afectan mucho a las empresas», según Peinado. Ante esta situación, desde la patronal defienden la unificación. «Le vamos a trasladar a la Fempex que es necesaria la armonización fiscal», detalla el dirigente patronal. No solo eso, desde la Creex consideran que habría que refundir impuestos para reducir la carga burocrática que tienen que asumir las empresas.
Las exenciones de pago del IAE que establece la legislación –no aplica sobre las personas físicas ni sobre empresas con cifras de negocio inferiores al millón de euros– conlleva que los ingresos de los ayuntamientos de pequeñas poblaciones por este impuesto sean muy reducidos. «Es cierto que son pocas empresas las que lo pagan, pero puede suponer un coste muy importante para los negocios que no están exentos», expone Javier Peinado, secretario general de la Creex.
El dirigente patronal reconoce que la escasa repercusión del IAE, en volumen de empresas que lo pagan, ha provocado que desde el sector empresarial no se le haya prestado la atención que merece. «Asumo la parte de responsabilidad que nos toca, pero es un impuesto decimonónico que habría que eliminar», afirma.
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