El PP volverá a pedir esta semana en el Congreso que no se cierren las centrales nucleares

El PP volverá a pedir esta semana que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a mantener la operación de las centrales nucleares en España. Además, solicitará reforzar la garantía del suministro eléctrico en el país impulsando redes y trámites para energías renovables.

Así lo recige el Grupo Parlamentario Popular en una Proposición No de Ley que se debatirá en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico el próximo miércoles 26 de febrero.

Entre otros detalles, han hecho referencia al cierre de la central nuclear de Almaraz, el próximo marcado en el calendario. Según han defendido, España no puede prescindir de la energía que producen sus centrales nucleares, y mucho menos de Almaraz, «al menos en varias décadas». Asimismo, han criticado el «serio varapalo» que la parada de esta central --prevista para 2027 y 2028- tendrá sobre la economía de la comarca cacereña y de la comunidad autónoma en su conjunto, por su importancia en el empleo y la generación de riqueza local.

Los de Alberto Núñez Feijóo instar al Gobierno a realizar un análisis exhaustivo de las causas de la demora que existe en la actualidad en los procesos de evaluación ambiental de los planes y programas para la instalación de nueva generación renovable y nueva demanda industrial.

Además, pide que diseñe una estrategia que contemple transferencias a las comunidades autónomas para el aumento temporal de los recursos humanos, económicos y tecnológicos necesarios para la instalación de este tipo de energía, así como una regulación clara y con seguridad jurídica acerca de la posibilidad de externalización de los trámites administrativos relacionados cuya naturaleza lo permita.

Asimismo, los 'populares' reclaman que reforme la Ley del Sector Eléctrico para introducir modificaciones de una manera ágil y sencilla en la planificación de la red de transporte y distribución para dar respuesta a las necesidades de conexión de proyectos que tengan una calificación de prioritarios o estratégicos por un gobierno autonómico o por el Gobierno central.

Por otra parte, insisten en que se establezcan cauces de participación efectivos de los administrados ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que éste pueda determinar qué peticiones han de ser consideradas prioritarias y estratégicas e incluir en la Planificación quinquenal, considerando el conjunto del sistema energético y la economía nacional, y la retribución asignada a la inversión destinada a cubrir dichas necesidades.

Con respecto a las autonomías, el GPP insiste también en que el Ejecutivo adopte el resto de medidas que resulten necesarias para que se aceleren los plazos de tramitación y ejecución de estas infraestructuras, con el fin de que la puesta en marcha de los proyectos no se vea retrasada por la falta de la interconexión eléctrica. Por último, solicita el desarrollo de mecanismos de cogobernanza real con las comunidades autónomas para el adecuado cumplimiento de las medidas anteriores.

A lo largo del texto, el GPP ha tildado de «grave irresponsabilidad» el «empecinamiento» en no dejar abierta la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares en operación «en esta situación de incertidumbre sobre el cumplimiento de los plazos previstos para la instalación de nueva generación renovable». En opinión de los diputados, el cierre de estas instalaciones «no obedece a razones técnicas ni económicas». En este marco, han recalcado que la energía nuclear es una pieza «estratégica» para el equilibrio del sistema eléctrico nacional.

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