Pueblos que florecen gracias al sol

Fernando Trejo, alcalde de Torre de Miguel Sesmero, lo tiene muy claro: «El pueblo parece otro desde que comenzaron a construirse las plantas termosolares». Esta visión positiva, pero no tan optimista, la comparten los vecinos que, pese a considerar que la instalación le ha venido bien al municipio, creen que se podían haber negociado mejor las condiciones con la empresa para favorecer a los desempleados locales o para reducir el coste en la factura de electricidad en la población.

Una sensación muy parecida se detecta en otras localidades que tienen plantas termosolares en nuestra región. Y es que su puesta en funcionamiento ha repercutido muy positivamente en la economía municipal y en los vecinos que han obtenido un empleo, pero la mayor parte del resto de ciudadanos no detectan beneficios en su día a día. «Somos unos privilegiados y, ya sea en unos u otros aspectos, todos los habitantes de La Garrovilla se benefician del parque solar», indica José Pérez, primer edil de esta localidad.

En Extremadura hay 17 plantas termosolares repartidas por nueve términos municipales: Majadas y Logrosán, en la provincia de Cáceres, y Olivenza, Navalvillar de Pela, La Garrovilla, Talarrubias, Torre de Miguel Sesmero, Orellana y la capital pacense, en Badajoz. «Somos la segunda comunidad autónoma, tras Andalucía, con más instalaciones termosolares», expone Cosme Segador, director de la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex).

El impacto económico de las plantas, aunque importante en todas sus ubicaciones, influye de manera más destacada en los municipios de menor tamaño y en Extremadura, exceptuando Badajoz y Olivenza, todas están situadas en localidades de menos de 5.000 habitantes.

Los ingresos anuales de los ayuntamientos, en relación a estas instalaciones, vienen dados por el impuesto de bienes inmuebles (IBI) de características especiales, el impuesto de actividad económica (IAE) y, en casos concretos, el alquiler de las fincas donde están los paneles. Sin embargo, la mayor inyección económica se da en el momento de la puesta en funcionamiento de las plantas, que se produjo entre 2009 y 2013, a través del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y el canon que la empresa debe pagar. «En nuestro caso, recibimos más de tres millones de euros», afirma el alcalde de La Garrovilla, municipio que tiene un presupuesto de 1,9 millones de euros y en el que casi el 20% de los ingresos de las cuentas vienen a través de los impuestos de la planta y del alquiler de los terrenos. Un porcentaje similar supone este concepto en Logrosán, pero la cantidad total es mayor y asciende a 700.000 euros. Esto se debe a que este término municipal tiene cuatro plantas termosolares, por lo que su instalación dejó casi ocho millones en las arcas públicas. En Majadas, los impuestos del parque solar suman el 10% del presupuesto «y cobramos un 4% del importe de la inversión, que fue de unos 200 millones», expone Raúl Medina, teniente de alcalde de la localidad.

De esta forma, la nota predominante en las arcas de estos pueblos es que cuentan con remanente de tesorería y que el pago a proveedores se ajusta perfectamente a los plazos que marca la legislación. Otro punto en común es que antes de la entrada en vigor de la ley de Estabilidad Presupuestaria, la conocida como ‘Ley Montoro’, se acometieron numerosas inversiones destinadas a mejorar la vida de sus vecinos. Ahora, la construcción de infraestructuras se ha paralizado. «Incluso hemos tenido que dejar algunas sin terminar, como la ampliación de la residencia, porque no podemos gastar más de lo que ingresamos», detalla Medina. Por su parte, Trejo cita la residencia de ancianos, el centro de día, el polideportivo, la urbanización de un polígono y la construcción de varias naves como algunos de los proyectos más destacados que pudieron finalizarse. Si bien es cierto que en Torre de Miguel Sesmero se instalaron tres plantas termosolares, que dejaron más de seis millones de euros y la cesión de unos terrenos de 240 hectáreas que conforman la finca municipal.

Además, esta localidad ingresa de manera anual 303.000 euros sobre un presupuesto de 2,2 millones de euros. «La sociedad que gestiona las plantas debería pagar un 45% más, pero le bonificamos el IBI al contratar a desempleados locales», según el alcalde.

Es precisamente el empleo una de las partidas presupuestarias que más se han beneficiado en estas localidades gracias al dinero que se recibe por las plantas termosolares.

La inversión en este concepto se ha disparado en los últimos años. En Torre de Miguel Sesmero, con una población de 1.259 personas, la finca municipal genera en la actualidad unos 650 jornales al año. «Hemos sembrado higueras, viñedos, almendros y olivos y creado una empresa pública que gestiona la producción, con lo que esperamos llegar a los 4.000 jornales en unos años», prevé el alcalde.

El Ayuntamiento de La Garrovilla, con 2.410 personas censadas, también destina buena parte de su presupuesto a crear empleo y mantiene una plantilla de 30 personas durante todo el año, aunque rotan en contratos de 15 días. En Majadas, 1.341 habitantes, la explotación agrícola municipal da más de 7.500 jornales y, según fuentes municipales, el gasto en personal supone más del 70% del presupuesto. «Al inicio de la campaña agrícola, en abril, abrimos una bolsa de trabajo a la que se inscriben todos los que quieran trabajar, este año 273 personas. Los contratos son de 22 peonadas agrícolas y cuando se acaba la lista, abrimos otra bolsa. Ya vamos por la quinta, porque hay mucha gente que ya está trabajando», apunta Medina, que considera muy importante que todos los vecinos que se inscribieron en la lista y que han estado disponibles van a trabajar un mínimo de cinco meses en la presente campaña.

Las plantas termosolares por sí mismas también crean puestos de trabajo en la zona, ya que necesitan mucho personal. El número de trabajadores locales que se incluyen en las plantillas es muy variable. En Majadas son la mitad –«17 personas», puntualiza Medina– y en Torre de Miguel Sesmero solo un tercio, pero el número total asciende a casi 50 vecinos. Menos hay en Logrosán, en torno a 20, y La Garrovilla: «cuatro o cinco, pero las empresas auxiliares contratan a mucha gente de aquí», dice Pérez.

Para mejorar estas cifras, la mayoría de los ayuntamientos obtuvieron el compromiso de las empresas de favorecer la contratación de desempleados locales. La formación es otra forma de trabajar en esta línea. «En el instituto se imparte un ciclo formativo de electricidad que queremos adaptar a las necesidades del empleo en las energía termosolar de la mano de los responsables de las plantas», comenta Juan Carlos Hernández, alcalde de Logrosán.

Una vez al año las plantas hacen paradas técnicas, que se destinan a poner a punto las instalaciones. En esas labores se contrata personal de la zona para trabajos de mantenimiento, limpieza y desbroce. «Eso da empleo al pueblo y atrae población, porque no hay que quedarse en el trabajo directo; la gente que viene a las paradas come en el pueblo, alquila viviendas, hace compra… Los bares y restaurantes lo notan. Eso tiene una repercusión importante en la economía local», especifica Medina, que se jacta de vivir en uno de los municipios con menos incidencia del paro de la región. Una opinión similar tienen los ediles de Logrosán y Torre de Miguel Sesmero, que insisten en que sus localidades están por debajo de la media de desempleo regional.

Sin embargo, cuando más notaron los negocios locales la presencia de trabajadores fue durante la construcción de las infraestructuras, durante las que hubo picos de 600 personas trabajando, muchos de ellos de las propias poblaciones donde se instalaban. «Yo llegaba a dar 115 comidas diarias», comenta Isabel María Contreras, propietaria del restaurante El Callejón en La Garrovilla. Añade que tuvo que contratar gente y adaptar su negocio para poder ofrecer esos servicios.

«En esa época sí se notó un incremento en las ventas, pero ahora estamos más o menos como cuando no estaba la planta», relata Francisco Javier Carretero, propietario de un Spar en la misma localidad, que tampoco nota un aumento de clientes en los meses de las paradas, al contrario que Contreras, que sí observa un mayor negocio en estas fechas.

«El dinero que recibimos de las plantas también se ha notado en poder mantener la plantilla de servicios sociales», expone el alcalde de La Garrovilla como uno de los aspectos más positivos para los ciudadanos. Detalla que la buena salud económica de su Ayuntamiento hace que los vecinos puedan tener mejores servicios. Es el caso de la ayuda a domicilio, que «llega a todas las personas que la necesitan».

Algo similar sucede en Logrosán, cuyo Consistorio tiene a diez personas contratadas en ayuda a domicilio. «Y hemos podido realizar múltiples inversiones», explica Hernández; en Torre de Miguel Sesmero, donde se cofinancian la guardería y los libros de texto son gratis para todos los alumnos; y en Majadas, que tiene una guardería municipal desde el año 2013 y se han acometido numerosos proyectos.

Además, esto se logra sin tener que recurrir a las subidas de impuestos. «Llevamos diez años sin tocarlos», en palabras de Medina. «Hasta el año pasado, llevamos dos ejercicios consecutivos bajando el IBI», cita Trejo.

Con todas las medidas que posibilitan las cuentas saneadas, el objetivo final que buscan los municipios es fijar la población al territorio y frenar el despoblamiento de las zonas rurales. Desde el año 2009, cuando empezaron a funcionar las plantas termosolares a nivel regional, Majadas y Torre de Miguel Sesmero han ganado población, según el padrón que maneja el Instituto de Estadística de Extremadura. El resto de localidades de menos de 5.000 habitantes con plantas termosolares han visto reducido su censo. En total, los siete pueblos tenían 18.582 habitantes en 2009, que se han convertido en 17.984 en 2016, según la misma fuente. Esto significa una pérdida de población del 3,22%, más de un punto porcentual inferior al descenso que se ha producido en el mismo periodo de tiempo en los municipios de tamaño similar.

La instalación de más plantas termosolares en Extremadura no se plantea a corto plazo, debido a que «está todo paralizado a nivel político desde el Gobierno nacional», asegura el director de Agenex. Sin embargo, en los municipios que ya saben lo que supone su construcción, tanto vecinos como políticos lo ven como una excelente opción para el futuro de la región y de sus pueblos. «Ojalá vengan más empresas de este tipo al pueblo», comenta Contreras. En la misma línea se expresa el alcalde de La Garrovilla: «Terrenos tenemos y las inversiones son bienvenidas», apostilla.