El registro de demandantes de vivienda protegida será obligatorio a partir del 1 de enero

El DOE publicó el miércoles 19 el decreto por el que se regula el Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura, que está en vigor desde este jueves. Su objetivo es dar a la Administración regional «un conocimiento certero, actualizado y real de la demanda» de las distintas tipologías que abarca: viviendas de promoción pública (conocidas como viviendas sociales) y viviendas protegidas de nueva construcción (medias, de régimen especial y de régimen general).

«Esto permitirá una mejor y más adecuada respuesta a las necesidades ciudadanas, pues la inscripción estará referida a un municipio (a lo sumo dos) y la exigencia del cumplimiento de requisitos previos a la inscripción contribuirá a corregir disfunciones», añade.

El decreto pone como ejemplo el registro de demandantes que la Junta puso en marcha con el Plan 60.000, a comienzos de este siglo, que estaba centrado en el acceso a pisos a bajo precio y en los sorteos para su adjudicación. Esto atrajo a miles de interesados. Pero para el Gobierno regional, como recoge la norma, los datos «estaban muy alejados de la realidad, debido a la inexistencia de un filtro previo a la inscripción».

«Un sinfín de jóvenes accedieron al registro careciendo de capacidad adquisitiva para hacer frente al calendario de pagos que exigía el promotor, o a las garantías impuestas por los bancos para acceder a los préstamos hipotecarios», afirma. «Esta circunstancia se hizo más evidente, si cabe, una vez se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria, que trajo consigo un endurecimiento de las condiciones exigidas por las entidades financieras».

De entrada, la inscripción en el registro será preceptiva para acceder a una vivienda protegida, dentro del municipio de que se trate. Habrá excepciones, como casos de adjudicación directa de pisos sociales, o cuando no haya demanda suficiente en la localidad para cubrir la oferta.

En cualquier caso, el decreto señala que la inscripción en el registro no presupone el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder de manera efectiva a la vivienda, para lo que habrá que atender a la normativa en cada caso.

Pero para eso ya se establecen unos filtros para acceder al registro. La Junta exige poseer la nacionalidad española o la residencia legal en España, así como estar empadronado en el municipio a que se refiera la demanda (aunque se permite solicitar el acceso en otra localidad). En el caso de pisos sociales, no se podrá tener ingresos por encima de dos veces el Iprem (16.800 euros al año). En cuanto al resto de tipologías de viviendas protegidas, las rentas máximas son de 4,5 veces el Iprem para el régimen especial (37.800 euros anuales), 5,5 para el régimen general (46.200) y 7,5 para las viviendas medias (63.000). Para ello, se tendrá en cuenta la unidad familiar.

La documentación podrá ser recabada de oficio por la Administración regional. Los demandantes deberán comunicar cualquier cambio en sus datos. También podrán dar su autorización para que la Junta facilite a los promotores de viviendas protegidas su nombre y teléfono de contacto.

Las inscripciones en el registro caducarán a los tres años, aunque todas causarán baja por primera vez el 30 de junio de 2027, salvo las que sean renovadas o realizadas en los seis meses anteriores a esa fecha.