San Lázaro, el barrio marginal donde murió Camelia

Camelia hubiera cumplido tres años dentro de dos meses si una bala perdida no hubiera impactado en su cabeza en la madrugada del pasado 30 de marzo. Nadie quiso matar a la niña, nadie disparó ningún arma contra ella. Pero uno de los muchos disparos que se produjeron en su barrio esa noche atravesó el cristal de la puerta de la vivienda en la que se refugiaba, junto con su madre y su hermano pequeño, y le provocó tal daño cerebral que ya no fue posible salvarle la vida.

Su muerte ha puesto de manifiesto con toda su crudeza la realidad del barrio más marginal y marginado de Plasencia, y tal vez de Extremadura. Ubicado a poco más de diez minutos andando desde la Plaza Mayor, está sin embargo a una distancia infinita de la vida de la ciudad. Por sus calles, igual que no pasan barrenderos ni carteros, tampoco se patrulla. San Lázaro es un gueto al que la inmensa mayoría de los placentinos jamás ha entrado, aunque es lugar de peregrinación diaria para todo aquel que busca una dosis.

Es el centro del mercado de la droga en la ciudad junto con la barriada de Gabriel y Galán, en la que la ausencia policial también es una constante, a excepción de las operaciones que las fuerzas y cuerpos de seguridad realizan en uno y otro lugar para desmantelar puntos de venta de droga.

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Pablo Calvo

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En San Lázaro la última se produjo hace apenas cuatro meses, cuando se logró cerrar seis puntos de venta y se detuvo a seis personas. Pero lo ocurrido en la madrugada del pasado 30 de marzo ha elevado de manera notable la conflictividad del barrio, ha disparado la tensión entre sus vecinos y ha conmocionado a Plasencia. Aunque habituada a las operaciones antidroga, la muerte de una menor en un tiroteo ha sumergido a la ciudad en una gran preocupación, como ha dicho el alcalde, Fernando Pizarro, estos días. Porque nunca hasta ahora se había producido algo similar en las calles del barrio.

El 12 de agosto de 2017 dos hombres resultaron heridos por impactos de bala en un cruce de disparos provocado por una reyerta entre dos clanes de San Lázaro por un asunto familiar. Ambos dispararon con pistolas, aunque ninguno tenía licencia de armas, pero alcanzaron un acuerdo con el Ministerio Fiscal en favor de la convivencia del barrio y zanjaron el conflicto.

La situación ahora es muy diferente, porque ha muerto una niña cuya familia nada tenía que ver con el tiroteo que ha enfrentado a vecinos de San Lázaro con el clan de los Hilarios, con base en la barriada de Gabriel y Galán, y que se desató además no por un asunto de drogas, sino por una pelea ocurrida dos días antes en un puticlub del Puerto de los Castaños.

Según la versión más extendida, el pequeño del clan de los Hilarios pretendió acceder al club de alterne con alcohol ajeno al local y el portero, un miembro de la familia residente en San Lázaro, se lo impidió y resultó herido en la pelea posterior. Sus familiares, de etnia gitana como la mayor parte de residentes en el barrio, también los padres de la pequeña Camelia, acudieron al día siguiente a Gabriel y Galán a pedir explicaciones sobre lo ocurrido, fueron recibidos con disparos, según cuentan vecinos de esta barriada, y se marcharon.

No está claro por qué motivo los cinco miembros del clan de los Hilarios hicieron el recorrido contrario el sábado por la noche y llegaron hasta la vivienda familiar del portero en San Lázaro. Pero según el atestado policial que recoge en un auto el juez que instruye el caso, llegaron bebidos y fueron recibidos con disparos por parte de los familiares del portero del club de alterne.

El tiroteo en San Lázaro comenzó en torno a las 00.20 horas de la madrugada del domingo, cuando las seis personas que después fueron detenidas empezaron a disparar al vehículo en el que habían llegado los miembros del clan de los Hilarios, modelo Audi SQ5, en el que impactaron numerosos disparos tanto en la parte trasera como dentro del coche, uno incluso en el apoyacabeza del asiento del conductor.

Los cinco, no obstante, lograron abandonar San Lázaro en el propio vehículo. Pero al menos tres balas desviadas acabaron en el interior de una vivienda en la que se habían refugiado la pequeña que murió, junto con su madre y su hermano, y una joven de 25 años. Las balas atravesaron el cristal de la puerta de entrada a la casa. Una hirió a la joven en el pie, otra a la niña en el brazo y una tercera fue mortal para Camelia porque impactó en su cabeza.

Según el auto judicial, esos disparos «siguieron una trayectoria de arriba abajo y provendrían desde los domicilios de donde se inicia la reyerta hasta donde las víctimas reciben los impactos de bala», entre los que «habría aproximadamente unos 25 metros, siendo compatible todo ello tanto con armas cortas como con armas largas».

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Se trata supuestamente de las armas de fuego que los ahora encarcelados de San Lázaro entregaron a la policía cuando en la mañana de domingo se les detuvo: dos escopetas, una escopeta repetidora, otra tipo franchi y un subfusil con tres cargadores.

Más tarde se ha conocido a través del auto judicial que estas personas compraron 200 balas en una armería el día antes del tiroteo, además, el atestado policial incluye una fotografía publicada en redes por la familia de los detenidos en la que diferentes miembros «portan armas de fuego, presumiblemente con la intención de atemorizar e intimidar al clan de los Hilarios». Sin embargo, tal y como recoge el propio auto, solo uno tiene licencia de armas.

En base al atestado policial, en cuya elaboración ha colaborado la Policía Científica de la comisaría central de Madrid, y las declaraciones en sede judicial de los detenidos, el juez ha decretado prisión provisional para los seis vecinos de San Lázaro a los que investiga por cuatro delitos de homicidio en grado de tentativa por disparar a los integrantes del coche y un delito de homicidio imprudente por la muerte de la menor de dos años, así como por los presuntos delitos de riña tumultuaria, amenazas, tenencia ilícita de armas y lesiones por las heridas causadas a la joven.

Tres de los cinco miembros del clan de los Hilarios implicados en el tiroteo se entregaron el domingo por la tarde, y otros dos el martes por la mañana. Para todos ellos se ha decretado la libertad provisional.

Aunque están investigados por los presuntos delitos de riña tumultuaria, amenazas y tenencia ilícita de armas, el juez aclara en el auto que en el momento actual de la instrucción, y a la espera por tanto de pruebas que podrían revertir la situación, solo hay indicios del delito de riña tumultuaria. Ni del de amenazas ni tampoco del de tenencia ilícita de armas. En concreto, afirma que «no existen indicios de que hayan disparado con arma de fuego desde el interior del vehículo Audi SQ5, hecho que resulta básicamente de la no localización de ningún orificio de bala en el domicilio» de San Lázaro, «ni en las construcciones aledañas, ni se les ha intervenido arma de fuego ninguna».

Vecinos de San Lázaro, personas de etnia gitana que residen en otros barrios de la ciudad y payos que trabajan en favor de la integración llevan años poniendo en marcha iniciativas que rompan con la marginalidad del barrio y creen lazos de convivencia que superen la discriminación. Reclaman más presencia policial y actuaciones municipales que frenen el deterioro de sus calles y hagan posible que San Lázaro deje de ser un gueto.

El tiroteo en el que Camelia resultó herida de muerte no solo complica este trabajo, sino que ha ampliado la brecha emocional entre la ciudad y el barrio, ha aumentado la tensión en una y otro y ha puesto de manifiesto las carencias de la Policía Nacional en Plasencia.

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La noche del 30 de marzo solo había tres policías patrullando la ciudad, insuficiente para actuar ante el tiroteo o cualquier otra emergencia que se hubiera producido. Motivo por el que diferentes organizaciones empresariales, el sindicato Jupol y vecinos de la ciudad han protagonizado la primera acción de protesta para exigir más policías nacionales en Plasencia para frenar la sensación creciente de inseguridad. Y también para incrementar la vigilancia en un barrio en el que se temen represalias. Cuatro días después del tiroteo se ha quemado la vivienda de los encarcelados, se ha tratado de prender fuego a otras dos casas y se han dañado tres vehículos supuestamente también de su propiedad. A pesar de que sus familiares han abandonado San Lázaro.