Los técnicos docentes denuncian un tijeretazo de la Junta a las escuelas profesionales

«Si hasta ahora la Junta concedía 391.000 euros por cada especialidad formativa, ahora la cuantía no alcanza los 360.000 euros», concreta Milagros García, vicepresidenta de AEFE, la asociación que representa al personal técnico docente y directivo que imparte la formación para el empleo en la región. «Somos el interlocutor con la Junta en este ámbito en el que representamos a unas 400 personas».

Las condiciones laborales de todas ellas pueden empeorar de manera notable a consecuencia del tijeretazo de la administración regional. «Menos presupuesto conllevará la contratación de menos docentes y directivos para impartir la formación», señala Milagros García. «Y, a consecuencia de esto, una merma igualmente en la calidad de la enseñanza».

Pero el recorte que denuncia AEFE afecta también a los alumnos. Las condiciones para ellos recogidas en la nueva convocatoria suponen un retroceso con respecto a las actuales.

En estos momentos, siempre según los datos de la asociación, hay 70 proyectos en marcha. Esto son especialidades en diferentes ámbitos que se imparten en diversas localidades de la región, en algunas solo una especialidad formativa y en otras, por ejemplo el caso de Mérida y Plasencia, hasta tres. Formación que va desde albañilería a pintura pasando por carpintería o jardinería, «en función de las necesidades detectadas en cada territorio y en las propias empresas de la zona, porque la conexión con ellas es máxima en esta formación para el empleo».

Son los ayuntamientos, las mancomunidades y las organizaciones sin ánimo de lucro las que solicitan las escuelas profesionales duales de empleo, el Sexpe el que decide la solicitud y la resuelve, y la Junta la que abona a la entidad promotora la cuantía precisa para su desarrollo.

Hasta ahora se concedían 391.000 euros por especialidad, en la se formaba a 15 alumnos y se contrataba a 4 técnicos docentes y directivos para impartirla. Los alumnos recibían durante los tres primeros meses 13,50 euros por día de asistencia a clase y, en una segunda fase, tenían un contrato de un año en el que cobraban el 75% del salario mínimo interprofesional. En la última fase, firmaban un contrato de seis meses a jornada completa con el SMI íntegro, «por el que el empresario cobra 9.000 euros por alumnos».

En las nuevas escuelas, con el recorte en las condiciones, «serán 12 los alumnos, en los tres primeros meses recibirán 12 euros por día de asistencia y el contrato de un año se queda en nueve meses», dice Milagros García. «Y el recorte en los fondos destinados conllevará que no se podrá contratar a los dos monitores o no a jornada completa». Es el motivo por el que «denunciamos un merma considerable en la formación para el empleo que se viene dando en Extremadura con una inserción media que supera el 53%», que repercutirá en la contratación de los 400 técnicos, pero también en el número de alumnos que podrán acceder a una formación cualificada con la que incorporarse al mercado laboral, y en las mejoras que se realizan en los propios municipales donde se desarrolla.

«No solo porque esta formación teórica y práctica supone la ejecución de obras de mejora en las localidades, sino también porque es en ellas donde se adquiere todo el material y maquinaria precisa para el desarrollo de las escuelas, lo que también contribuye a su tejido empresarial», explica la vicepresidenta de AEFE.

La organización señala, además, que la convocatoria deja claro que si el presupuesto que se requiere para el desarrollo de la formación supera la subvención concedida, serán las entidades promotoras las que tendrán que completar la cuantía. «Esto puede solventarse en los ayuntamientos grandes, pero en las localidades pequeñas no se tendrá capacidad para ello», indica Milagros García.

Es el motivo también por el que la Federación de municipios y provincias de Extremadura (Fempex) se ha sumado a la denuncia de AEFE.

«Un tijeretazo, recortes y por tanto un cambio en las reglas de juego por parte de la Junta en los programas de formación para el empleo», critica el presidente de Fempex, Manuel José González Andrade. «Recortes que van a repercutir negativamente tanto en la calidad de la formación que recibe el alumnado participante, como en sus condiciones laborales y en las de los docentes, además de suponer un incremento de las aportaciones que van a tener que hacer las entidades locales promotoras para mantener la calidad, lo que afectará también negativamente a los gobiernos locales extremeños».

La Fempex defiende la necesidad de mantener acciones de formación laboral de calidad con garantías de éxito, «iniciativas que no supongan la devaluación de los programas mixtos de formación y empleo, en perjuicio de las entidades promotoras y de los participantes». González Andrade critica que «la presidenta María Guardiola presuma de cifras de empleo producto de las políticas del gobierno de España, y ejecute recortes en políticas activas de empleo».

El consejero de Empleo, Guillermo Santamaría, critica que González Andrade diga que habla en nombre de todos los alcaldes, «muchos están encantados con las modificaciones», y niega que se haya producido recorte alguno. «Entre las escuelas y los certificados profesionales invertimos tres millones de euros más que lo que había el año pasado, por lo que se va a llegar a más desempleados», y asegura que «las modificaciones responden a recomendaciones de la Airef».