El caso Valdecañas en 12 claves

Antonio J. Armero

Cáceres

Sábado, 12 de enero 2019, 08:32 | Actualizado 21:05h.

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Dos años de trabajo resumidos, o más bien detallados, en 1.118 páginas. Es el informe que la Estación Biológica de Doñana le entregó hace unos días al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. En él responde a las 14 preguntas –en rigor son 15, pero una se refiere a cuestiones internas de método– que en su día le formularon los magistrados. Las resumimos aquí no en la literalidad que utilizó la Sala de lo contencioso-administrativo en su auto, sino a modo de resumen de los aspectos claves que abordan los científicos en su investigación sobre la Isla de Valdecañas.

El sitio solo era una isla cuando la cota del embalse de Valdecañas superaba los 309.2 metros, algo que en las últimas cinco décadas sucedió durante menos del veinte por ciento del año. En el informe se detalla que el espacio lo ocupaban principalmente eucaliptos y cultivos abandonados, de no más de 20 y 60 años de antigüedad, respectivamente. En el año 2006, el anterior al inicio de las obras, había 53 hectáreas de eucaliptos –la mayoría rebrotes de antiguas repoblaciones–, otras 53 de pastizal, 19 de monte denso, 14 de monte claro y tres de pinar.

Hay pocos datos más. De hecho, los autores lamentan varias veces en su trabajo «la muy deficiente descripción del ambiente previo a las obras». «No hemos encontrado documentos en los que explícitamente se hubiesen registrado las características de la biodiversidad del lugar», exponen. Tampoco sobre la distribución de las aves terrestres. Y en cuanto al milano real y el milano terrestre, especies sobre las que el TSJEx pregunta específicamente, afirman que «antes del complejo, las dos usaban con regularidad la isla, la Zepa y su entorno, pero no disponemos de evidencia directa que demuestre que se reprodujeron en la isla que ahora ocupa el resort».

«No obstante –amplían–, antes de las obras y según la documentación del expediente, en el interior de la isla se registraron algunas plantas de interés». De no haberse edificado ahí, «es muy probable –pronostican– que el lugar estuviera hoy cubierto por un bosque mediterráneo relativamente desarrollado».

«El valor ambiental de la isla de Valdecañas no era extraordinario, pero eso no tenía por qué motivar su exclusión de la Zepa», apuntan los expertos del CSIC. En otro punto, comentan que «por comparación con el contexto paisajístico en el que se enmarca el embalse, en términos relativos la isla no destacaba especialmente por su calidad ambiental». Aunque matizan: sí tenía valores ambientales, como hábitats adecuados para decenas de especies de aves terrestres incluso en sus partes más degradadas. Y tenía también un valor ambiental potencial notable, añaden.

«Las características de los hábitats de la isla sugieren que este espacio estuvo sometido a un intenso manejo humano antes del inicio de la construcción del complejo», explican los especialistas de Doñana.

En los años setenta se eliminó la vegetación que había y se plantaron eucaliptos en dos tercios de la isla. En los noventa, estos árboles se talaron, y unos años después, el suelo cambió de manos y de gestión. «Empezó así un periodo de aparente abandono del espacio, que según la escasa documentación disponible, pudo estar relacionado con un aumento de la actividad ganadera y recreativa no regulada». «Pese a ello –continúan–, la regeneración del monte mediterráneo prosiguió allí donde no se plantaron eucaliptos». Cuando se empezó a construir el complejo, «el grado de recuperación de la vegetación nativa era muy importante», aseguran.

En otro punto, concluyen que «la isla y la posible explotación de los recursos de todo tipo que contuviera (con valor económico o lúdico-recreativo) tuvieron poca importancia para la población de la comarca desde el llenado del embalse (1964) hasta el inicio de las obras (2007)».

La Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto se ajustó de forma general a los aspectos procedimentales exigidos por la ley», constata la pericial, aunque en otro punto se afirma que «tuvo carencias importantes». «Faltaba un análisis real de alternativas y la descripción del ambiente en la fase pre-operacional era prácticamente inexistente para la isla y muy incompleta para la Zepa». Además, cree que «la identificación de impactos contenía omisiones importantes».

«La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobó el proyecto con todas estas deficiencias, y quizás más importante, sin la certidumbre exigida por la legislación comunitaria de que el proyecto resultaba compatible con los objetivos de conservación de la Zepa». «Cabe concluir que la resolución de la DIA estuvo justificada de forma muy pobre», llegan a afirmar.

De hecho, los autores creen que se vulneró la legislación nacional sobre Evaluación de Impacto Ambiental, al no contemplar opciones alternativas a las que el proyecto presentaba.

La función del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) es velar por que se cumplan las medidas correctoras y compensatorias contempladas en la DIA, y vigilar que las afecciones al medioambiente sean las previstas, para corregirlas si fuera necesario.

Según el CSIC, el PVA se diseñó «con lagunas importantes». De las siete medidas compensatorias previstas en la DIA, solo se ha cumplido una. Y en cuanto a las 36 medidas compensatorias propuestas, se han estudiado 34 y se concluye que «su grado de cumplimiento ha sido mínimo, ya que ni se construyó el centro de interpretación anunciado, ni se colocaron nidales para la fauna, ni se realizaron las construcciones de forma que se facilitase que distintas especies pudiesen criar». «Se colocaron postes para la nidificación de cigüeñas –siguen–, pero con un diseño inapropiado que hace que no sean utilizados por la especie. Estaba prevista la compra de parcelas para conservar orquídeas en Almaraz, pero finalmente se adquirió una en Olivenza». No acaba ahí la lista de problemas. Según detalla el documento, se han plantado en el lugar especies exóticas, algunas invasoras, faltan pantallas vegetales, y las que hay tienen un mantenimiento «muy deficiente».

Además, la empresa no dio todos los datos que debía. Sí envió los preceptivos informes de seguimiento entre los años 2007 y 2009, pero no en 2010 y 2011. Y una vez abierto el complejo, mandó los informes trimestrales durante 2012 y la mitad de 2013, pero a partir de entonces dejó de enviar varios. Además, los informes que sí presentó «fueron en general muy parcos en detalles».

Continúa la lista de agravios, que pudieron ser mayores, según los científicos. «Durante la fase de obras –relatan–, la intervención de la Junta de Extremadura evitó la destrucción de parte de las manchas de vegetación más valiosas, y aunque tarde, corrigió algunos problemas de vertidos contaminantes y de residuos». Sin embargo, «otras medidas correctoras se incumplieron sin que la administración interviniera, caso del empleo masivo de especies no nativas e incluso invasoras o del adecuado mantenimiento de las EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales)». Más aún: «Al menos puntualmente, se incumplió también el horario de trabajo diurno durante las obras o la navegación en zonas de exclusión».

Antes había un hábitat favorable para 47 especies invernantes y ahora lo hay para 30.Y para 62 aves reproductoras y hoy para la mitad, 31. Aunque en realidad, estas cifras pecan de optimistas por una cuestión metodológica, aseguran los autores de la investigación. En cuanto a las aves acuáticas, los veinte censos sistemáticos realizados en lugares estratégicos en el periodo diciembre-marzo de los años 2016 y 2017 permitieron certificar que «hay muy pocas especies». Se ha comprobado «una reducción relativa» en la población de cormoranes, grullas y gansos, dado que se trata de especies «que muestran una clara aversión a a la proximidad de focos de actividad humana».

Para levantar el resort, se eliminó el 70% de la vegetación de la isla, se talaron 300 árboles desarrollados –algunos se respetaron al principio pero se eliminaron luego– y se plantaron de dos a cuatro veces menos ejemplares de los que se anunciaron. Y en torno al 80% de la revegetación se hizo con especies poco apropiadas, algunas de ellas invasoras que hasta entonces no se habían catalogado ni en el entorno inmediato ni en gran parte de la provincia de Cáceres.

Y están también los impactos propios de la actividad humana: más atropellos de animales, emisión de carbono a la atmósfera, pérdida de biodiversidad y producción de aguas residuales. También el tráfico, que se estima en 307 vehículos al día en la carretera de acceso al complejo, aunque el estudio da la cifra anual, no la diaria, como es lo habitual (se suele usar, de hecho, el concepto de IMD o Intensidad Media Diaria). Esto fuera del recinto, porque dentro, en la propia isla, «la intensidad del tráfico es relativamente baja y parte de los desplazamientos se hacen en vehículos eléctricos, cuyo uso conlleva ciertas ventajas ambientales», dice el informe.

Otro tipo de tráfico: el de embarcaciones acuáticas. «Es posible que sea mayor que el que había antes, aunque no es muy intenso». «Los usuarios respetan las limitaciones a la navegación, y los barcos están activos sobre todo en verano, cuando hay pocas aves acuáticas», detallan los expertos. Más consecuencias: la contaminación lumínica y acústica. Sobre esta última, la pericial afirma que «los valores medios de presión sonora en la isla se encuentran por debajo de los 40 decibelios, y por tanto, no son valores de contaminación acústica».

«El valor de conservación de los hábitats del complejo (en su estado actual, abierto y edificado) es aceptable pero no extraordinario», concluyen los científicos del CSIC. «La evidencia empírica –continúan– no permite defender que la construcción del resort haya mejorado la biodiversidad en la isla en relación a los niveles estimados previos a las obras. En el mejor de los casos la igualaría». Añaden que lo previsible es que la biodiversidad no mejore, algo que sí ocurriría si el recinto se derribara y la zona se restaurara.

Los especialistas afirman que «los niveles actuales de actividad humana en la isla no impiden su uso por parte de una comunidad de aves terrestres tan rica como las de ambientes relativamente alterados (eucaliptales) o en proceso de regeneración (cultivos abandonados)». Aquí es de destacar la mención expresa, que los autores colocan entre paréntesis, a eucaliptales y cultivos abandonados, es decir, a lo que había principalmente en ese lugar hace doce años, según detalla el propio informe varios capítulos antes.

Durante sus días de trabajo en el complejo, los científicos vieron milanos reales 34 veces, y milanos negros en 115 ocasiones. De ellas, tres veces los vieron cazando en el campo de golf, dos en las orillas del embalse y una en el jardín de un chalé.

Aquí no expresan dudas: es mejor derribar el complejo. «La demolición sería una actividad ambientalmente traumática, con impactos intensos, pero la mayoría tendrían carácter transitorio». Y sobre todo: a largo plazo, es mucho mejor esto que mantener la situación actual.

«La demolición –vaticinan– tendría un impacto ambiental positivo a largo plazo, en la medida en que suprimiría un foco de actividad humana permanente y permitiría recobrar un espacio ahora ocupado, creando oportunidades de regeneración de los procesos ecológicos de restablecimiento de la biodiversidad dañada por el uso urbano».

Según sus cálculos, es diez veces más dañino para el medioambiente que el recinto siga abierto.

Los expertos son tajantes en este capítulo. Dicen que ese informe de la Junta «no tiene lógica y desvirtúa la intención última de reparar el daño ambiental causado». También que «muchas de las afecciones ambientales se justifican mediante procesos que no se ajustan a la realidad o se muestran de manera exagerada y sesgada». Más: «El análisis no es equilibrado porque se anticipan los problemas ambientales que generaría la demolición, pero se omiten los que causaría mantener en funcionamiento el complejo».

El TSJEx lo encargó en marzo del año 2015, pero hasta junio del año siguiente no se dispuso de los medios necesarios para empezar a trabajar, según explican los autores, que entendieron necesario recopilar datos en el campo durante dos ciclos biológicos completos. Esta información sobre el terreno terminaron de recopilarla en junio del año pasado, y desde entonces hasta hace unos días han estado analizando la información, discutiéndola y redactando el informe. Al inicio del documento se deja constancia de que «el diseño, los análisis y las conclusiones han sido producto de los debates en el seno de la comisión, y por tanto, de una decisión colegiada».

Los especialistas que firman el estudio dejan claro el punto de partida de su tarea. «Ignoramos deliberadamente y por mandato del Tribunal criterios no ambientales que podrían considerarse relevantes para tomar una decisión sobre el uso al que se destine la isla en adelante. El objetivo de este informe se limita estrictamente a esgrimir hechos y argumentos ambientales». Esto figura en la página 3 del informe. Pero en la 371 se puede leer que «el impacto del complejo parece haber sido bastante limitado en la demografía y actividad económica comarcal». Hace este tipo de valoraciones en el capítulo dedicado a analizar la huella humana en la isla tras la construcción del complejo. En ese epígrafe analiza datos no medioambientales, como la población o el número de empresas en varios municipios de la zona.

Lo que el TSJEx dictamine. Y el abanico de opciones es amplio. Puede tomar una decisión que ponga fin a la causa judicial o atender requerimientos de las partes, lo que alargaría el proceso. El 15 de marzo acaba el plazo para presentar alegaciones al informe del CSIC. Unos meses después, habrá novedades.