Luis Medina defiende que fue un «facilitador» de mascarillas «satisfecho» con su comisión

El hijo del duque de Feria y de la exmodelo Naty Abascal relató que la comisión de un millón de euros que se llevó la determinó su compañero Alberto Luceño, también acusado, y la empresa distribuidora malaya Leno, y que se dio «por satisfecho» por su cuantía, «que desconocía de antemano». «Fueron unos honorarios como facilitador de las partes, pero no intermedié porque no tuve el papel de Alberto (Luceño). Mis labores fueron que Leno se pusiera en contacto con el ayuntamiento. Todo fue tributado con normalidad a Hacienda», declaró Medina a preguntas de su abogado José Antonio Choclán, conocido por llevar también la defensa en el 'caso Koldo' del arrepentido Víctor de Aldama.

El aristócrata de 44 años, especializado en moda, se sienta en el banquillo por la presunta comisión de un delito agravado de estafa y otro continuado de falsedad en documento mercantil, por los que el fiscal Luis Rodríguez Sol solicita nueve años de prisión. Mañana declarará ante el tribunal Alberto Luceño, quien afronta una petición fiscal de 15 años de prisión por los mismos delitos que se atribuyen a Medina además de otro delito fiscal.

Al inicio del interrogatorio, el fiscal le preguntó a Medina sobre cómo contactó con Elena Collado, coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del consistorio madrileño, algo sobre lo que manifestó que no recordaba. «Le dejamos claro que veníamos a ayudar a traer mascarillas», subrayó el procesado, indicando que no le trasladó entonces qué tipo de interés tenía en la operación porque «no tenía obligación ni tampoco se le preguntó».

Respecto a las comisiones millonarias que recibieron de la empresa malaya, fabricante de las mascarillas por unos 15 millones de euros, y que en su caso se quedó en un millón por cinco de su socio, detalló que no llegó a ningún pacto previo con Luceño porque las comisiones se cierran una vez que se completa la venta. «No podíamos saberlo. Me plantea una posible distribución de dinero siempre sujeta a un hipotético hasta que hubiera una venta», replicó explicando que solo cobró la comisión de las mascarillas y que, «con lo recibido, se dio por satisfecho».

Tras ello, Medina señaló que nunca habló con la empresa malaya y que tampoco participó en fijar el precio de las mascarillas. Ante ello, el fiscal le reprodujo varias conversaciones en las que se habla de los precios sin que éste recordase a qué operación se correspondían al tratar con otros compradores.

En una de las llamadas, comentó que «quieren hacer un favor a Madrid», si bien el investigado dijo que no recordaba si se refería en concreto a la operación mercantil que está siendo juzgada por el tribunal de la Audiencia de Madrid. «¿Cuándo usted habla de un precio realista a que se refiere?», le preguntó el representante del Ministerio Público, a lo éste contestó que en aquella época los precios variaban por días y por semanas.

En su turno, el letrado defensor le interrogó sobre una conversación con Collado en la que menciona el precio de fábrica de las mascarillas. El audio que fue aportado días antes de que comenzara la vista oral y que según la defensa excluye el delito de estafa. «Le digo a cuánto tenemos las mascarillas, a cuánto se venden y a cuánto estaban en el mercado. En ningún momento hablé de gratuidad de ningún tipo. Yo quería ayudar a traer material. Luceño, lejos de apartarse y dejar al ayuntamiento con los chinos, estuvo 24/7 (horas y días de la semana) ayudando», explicó.

Asimismo, en la sesión de este martes compareció una inspectora de la Agencia Tributaria que elaboró un informe sobre las irregularidades contables detectadas en Takamaka Invest, sociedad con la que Luceño intentó simular que realizaba las operaciones y otras actividades. La perito detalló que el acusado cobró en sus propias cuentas las comisiones recibidas por la intermediación, «una operación que se realiza de forma personalísima» y no a través de la citada sociedad.

Según las pesquisas, Luceño tributó las comisiones a través de esta mercantil, que «no estaba constituida en el momento de la prestación de los servicios ni tampoco del cobro de las comisiones», con el fin de pagar menos al fisco. Al no incluir las ganancias en el IRPF, contrajo una deuda con Hacienda de 1,35 millones, una cantidad que no ingresó pese haber realizado una declaración complementaria.