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Almendralejo ha sido esta semana el kilómetro cero de la política y de la polémica. Allí, la sede del PSOE sufría un ataque con retroexcavadora ... por parte de un joven de 20 años que en el pasado había formado parte de un grupo ultra. Tiene razón el alcalde de la localidad, José María Ramírez, cuando asegura que no se debe rebajar la trascendencia de este episodio, ni reducirlo al comportamiento aislado y claramente inestable del autor, sino que, por el contrario, merecería una reflexión acerca de si el contexto político que a veces generan las declaraciones de quienes tienen responsabilidad en ese ámbito acaba trasladando su crispación a la calle, hasta influir en hechos como el descrito. Buscar un titular o una foto que socave al adversario político no tiene hilo directo con montar en una máquina y destrozar la sede de un partido, hecho del que solo es responsable quien lo comete, pero tampoco debemos pensar que las cosas que suceden surgen de la nada.
Lo otro que ha sucedido esta semana en Almendralejo es que han aparecido cientos de miles de mascarillas fantasmas, almacenadas en un sótano. Al gobierno regional le ha parecido buena idea preguntarle a la Guardia Civil, con los periodistas en la puerta, que le diga por qué ellos tienen ese material, en lugar de preguntárselo a su propia administración o al Ministerio de Sanidad. Extender la sombra de la sospecha, que luego nunca acaba de disiparse del todo.
Es obvio que PP y Vox se afanan en no dejar pasar la mínima oportunidad para dar la sensación de que la anterior administración socialista era una especie de patio de Monipodio, donde no había una subvención bien dada, ni compra bien hecha y además se destruían los documentos que no interesaban, como han dicho sin sonrojo con la «estafa» del regadío de Tierra de Barros.
Lo llamativo es que, al otro lado, el PSOE dé la callada por respuesta, un silencio que solo contribuye a engordar la pregunta de si realmente tienen cosas que ocultar y prefieren no mover más el árbol por si acaso. No deja de sorprender que nadie de peso, ni de la anterior Junta de Extremadura que se ocupó de la gestión de toda la pandemia, ni de la actual dirección socialista, haya salido a defender la legalidad de las actuaciones que se llevaron a cabo con esas mascarillas fantasmas, y, de paso, la integridad de los responsables del PSOE en la gestión política y económica de aquellos momentos. Puede que el numerito de la Guardia Civil sea marrullero, pero mantenerse callado es una opción que solo contribuye a que el ciudadano piense que las cosas no se hicieron bien. Porque no estamos hablando, aún, de tribunales, con la carga de la prueba en quien acusa, sino de política.
Ese encogerse de hombros y agachar la cabeza con la ausencia de explicaciones apenas ha encontrado una reacción digna en el delegado del Gobierno, un José Luis Quintana que desde su llegada se multiplica para avalar la gestión del PSOE y procura reunirse con todos aquellos que tienen problemas, sean regantes o comerciantes. En pocos meses se ha convertido en la voz más coherente de los socialistas.
Sin embargo, es el próximo secretario general, Miguel Ángel Gallardo, ganador de las primarias, quien está llamado a sacar a los socialistas de esta adormilada zona de tránsito en la que se hallan inmersos. Pero tendrá que hacerlo desde fuera de la Asamblea. Ya se irá comprobando qué habilidad tiene para hacer oposición al gobierno de María Guardiola desde la presidencia de una institución a la que no debería arrastrar a conflictos partidistas. La Diputación de Badajoz le concede uno de los pocos atriles que ha conservado el PSOE para mantenerse en el foco, y de ahí que no quiera abandonarlo, igual que se resistió en el pasado, pero será necesario un adecuado equilibrio entre la institución y lo que se dice como partido opositor.
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