La Fiscalía pide dos años de cárcel para otros cuatro vecinos de la sierra de Santa Bárbara

Juan Ángel Bermejo no es el único propietario de una vivienda en Santa Bárbara que está inmerso en un proceso penal por haber construido sin licencia en la sierra. A las 9.30 de esta mañana comenzará el juicio para otros cuatro vecinos, todos ellos con casas próximas a la de Bermejo, en la zona denominada Viña del Castillo, y también construidas a partir de 2011.

La Fiscalía pide para cada uno de ellos dos años de cárcel, una multa de 10 euros diarios durante 20 meses y la demolición de las construcciones levantadas sin los permisos pertinentes.

«No sabemos qué va a pasar, yo estoy nervioso lógicamente, porque estamos hablando de un proceso penal», señala uno de los cuatro vecinos acusados de un presunto delito contra la ordenación del territorio. «Estamos con la soga al cuello y, por eso, creemos que es urgente que se agilice la tramitación que permita regular nuestras construcciones», añade. Se da la circunstancia de que las viviendas de estos vecinos forman parte, precisamente, de los primeros convenios presentados en el Ayuntamiento para la regularización de las casas.

Es uno de los argumentos que esgrimirá la defensa en un juicio en el que también se presentará como atenuante la 'dilación indebida', puesto que ahora se juzga una infracción cometida hace seis años.

«Yo pagaré lo que tenga que pagar por no haber actuado de forma correcta, aunque nos decían que no iba a pasar nada, pero la realidad es que en la sierra hay muchas viviendas y no todos los propietarios están pasando por esta situación», detalla también este afectado.

De hecho, el estudio realizado por el asesor técnico de la asociación de afectados por el Plan General Municipal (PGM) de Plasencia, Juan Antonio Álvarez, establece que hay más de un millar de edificaciones sin licencia en Santa Bárbara, pero son solo 150 los expedientes administrativos puestos en marcha por construcciones sin licencia y muy pocos propietarios los que están inmersos en procesos penales.

En cualquier caso, desde la asociación se está trabajando para que la regularización de la mayor parte de las viviendas que hay en Santa Bárbara pueda ser una realidad. Para ello, Álvarez –que testificará hoy como perito en el juicio– ya ha emprendido conversaciones con los técnicos municipales con el fin de que la tramitación avance en el menor tiempo posible.

Según ha explicado, se ha acordado la puesta en marcha de dos vías de actuación. Por un lado, se van a establecer las agrupaciones de viviendas que pueden formar una zona RUCI (Regularización de Urbanizaciones Clandestinas e Ilegales) y, por otro, se va iniciar una modificación del PGM que haga posible que la mayoría de las viviendas que hoy hay en la sierra se puedan legalizar, que puedan incluirse en las zonas de regularización.

Esta modificación es necesaria porque el PGM solo permite, en la actualidad, la regularización en algunas zonas, en función de la calificación del suelo, y el objetivo de la asociación es que pueda alcanzar a todas aquellas susceptibles de formar un núcleo de población. El requisito, también según ha explicado Juan Antonio Álvarez, es que haya una concentración de viviendas en una superficie mínima de tres hectáreas. «Por eso, es posible regularizar la mayoría de las 500 viviendas levantadas en la sierra», concluye el arquitecto.