«Voy a la cárcel si no derribo mi casa antes del día 28»

Si pudiera dar marcha atrás, como otros muchos, posiblemente Juan Ángel Bermejo no se hubiera construido una casa en la sierra de Santa Bárbara. Porque el proceso judicial en el que lleva más de cuatro años «me está costando la misma vida». La suya y la de su mujer, un matrimonio con dos niños de nueve y dos años que en 2011 decidieron hacerse una vivienda en una parcela de su propiedad en la sierra para que sus hijos crecieran en un entorno natural.

En 2015 comenzaron a vivir en ella, la establecieron como su residencia fija, y hasta el pasado diciembre, cuando regresaron a su piso en el centro urbano, sus hijos fueron felices allí. Ese tiempo, por el momento, se ha terminado. Una sentencia judicial les ha obligado a dejar la casa y, a día de hoy, la familia no sabe si podrá volver. Porque después de litigios y recursos, la orden de demolición que pesa sobre su propiedad es firme: «Iré a la cárcel si antes del próximo jueves, el 28, no derribo mi vivienda». Por eso Juan Ángel acude casi cada día al Ayuntamiento, en busca del escrito que deje constancia de que la Administración local está dispuesta, como desde el equipo de gobierno se ha comunicado públicamente, a iniciar un proceso de regularización de las vivienda de Santa Bárbara. Porque tanto la Ley del Suelo en vigor como el Plan General Municipal (PGM) de Plasencia lo permiten. «Y confío por eso en que el juez frene la orden, porque la regularización es posible».

Juan Ángel Bermejo sabía, y reconoce, que era consciente de que no se podía construir en la sierra. Al menos sobre el papel, «porque la realidad es que Santa Bárbara está llena de viviendas y nunca se ha tirado ninguna». Como a otros muchos vecinos en su misma situación, le dijeron que podía continuar con la construcción, «que todo se resolvería con el nuevo PGM».

Sin embargo, a pesar de ser uno de los que más tardes construyó, si no el que más, es el primero que tendrá que demoler su casa si la justicia no da marcha atrás. «Yo tengo el presupuesto y todo preparado para cumplir con la sentencia si finalmente no hay otra solución», confirma este vecino de Plasencia.

Pero confía en que la haya, como las más de 500 familias que tienen una casa hoy en la sierra de Santa Bárbara y que viven angustiadas por las múltiples comunicaciones judiciales que desde hace no más de tres años, en la mayoría de los casos, según ellos, les están llegando. Aunque las casas comenzaron a levantarse en la sierra hace más de 40 años sin que nunca, hasta ahora, pasara absolutamente nada.

«Cuando empecé la construcción un municipal de obra me avisó de que no podía, pero después nunca más recibí ninguna comunicación hasta febrero de 2017», afirma Juan de Matías.

Como a este vecino, a los demás. Es el proceso por el que han pasado la inmensa mayoría de los que tienen una casa en Santa Bárbara. Al comenzar la obra, les llegaba la comunicación de irregularidad y después todo se olvidaba. «Somos culpables de haber seguido con la construcción, quizás, pero el Ayuntamiento no ha sido tajante nunca; de hecho, el mensaje que recibíamos, lo que se nos decía a todos, es que podíamos continuar, que no pasaría nada», afirman Juan de Matías, Pilar Villar, Paula Tello, Virgilio Bermejo, Marcelino Montero, Juan Antonio Mateos...

Son solo algunos de los muchos vecinos de la sierra que están atrapados ahora en un conflicto urbanístico que se ha permitido, porque así lo ponen de manifiesto las más de mil edificaciones levantadas en Santa Bárbara. Ni políticos ni técnicos municipales han evitado a lo largo de los años que las construcciones continuaran y no ha sido hasta que la Fiscalía comenzó a requerir informes y expedientes cuando se desata el llamado 'caso Santa Bárbara', que ha llevado ya a políticos ante la justicia y que está derivando en órdenes de demolición con penas de cárcel y multa para los propietarios de las casas.

No han sido las rivalidades políticas como se podría pensar, sino las rencillas entre algunos vecinos de una de las zonas de la sierra, la de Viña del Carmen, las que motivaron la denuncia anónima que abrió un conflicto urbanístico y judicial que ahora por primera vez tiene opción de resolverse, con la regularización que la ley permite de las edificaciones levantadas. Como está ocurriendo en otros lugares de la ciudad, en otros lugares fuera de Plasencia. Porque la legislación urbanística lo hace posible.

Por eso los vecinos de Santa Bárbara urgen al Ayuntamiento esa respuesta que permite le ley y que puede resolver lo que empezó siendo un quebradero de cabeza y que luego se ha convertido en una 'espada de Damocles' para políticos y residentes.

Es cierto que ni unos ni otros han actuado bien a lo largo de las últimas décadas. Pero también lo es que hay solución a Santa Bárbara sin que tengan que demolerse las viviendas a las que muchos han destinado los ahorros de una vida.

«Santa Bárbara no tiene protección medioambiental, sino la misma protección paisajística que tenía la sierra del Merengue, donde se han instalado los molinos». Por lo tanto, «es posible regularizar las edificaciones». Tanto las encuadradas en las zonas de regularización objeto de los primeros convenios presentados, como el resto. Así lo mantiene Juan Antonio Álvarez, el asesor técnico de la recién constituida asociación de afectados por el PGM de Plasencia, en la que están alrededor ya de 200 vecinos de la sierra, y artífice de la fórmula con la que buscan resolver de forma legal el conflicto, regularizando las viviendas que están levantadas.

Para ello Álvarez ha presentado los primeros convenios, los que el Ayuntamiento está dispuesto a tramitar y cuya tramitación, precisamente, urgen los vecinos. Porque los tiempos judiciales son distintos y las primeras órdenes de demolición están sobre la mesa. Y también, dejan claro los residentes de la sierra: «No somos delincuentes, porque nosotros queremos resolver la situación, porque queremos pagar lo que sea necesario para que todo esté como es debido», afirma Juan Antonio Mateos, uno de los directivos de la nueva agrupación.

No en vano, destacan, «nosotros pagamos el IBI urbano como todos, casi 400.000 euros al año ingresan las arcas municipales por las casas de la sierra», detalla Mateos. «Y estamos dispuestos a abonar lo que sea preciso para resolver el conflicto», aclara Pilar Villar. Entre otras cosas, la urbanización del espacio con las redes de saneamiento necesarias y las licencias por las construcciones que han levantado. «Lo que sea necesario», insisten los afectados, para evitar tener que demoler sus casas. «En la nuestra están todos los ahorros y la ilusión de mis padres», resume Pilar Villar.

En la de Juan Ángel Bermejo también, y en pocos días conocerá si su vivienda podrá seguir o no en pie, y si él, su mujer y sus dos hijos podrán volver a vivir en la sierra de Santa Bárbara.