«He solicitado al juez que pare el derribo de mi casa en Santa Bárbara»

Un recurso in extremis. Es el último paso judicial que ha dado la defensa de Juan Ángel Bermejo para tratar de frenar la demolición de su vivienda en la sierra de Santa Bárbara. Se trata de la primera casa que tiene una orden firme de derribo y éste se tiene que producir mañana jueves. El 28 de abril es la fecha límite dada por el juzgado.

Sin embargo, ayer mismo, el abogado de Juan Ángel presentó un recurso para solicitar la paralización de la demolición ordenada. «La Junta de Gobierno local en su reunión del pasado viernes aprobó iniciar la tramitación para regularizar mi vivienda, el lunes recogí la documentación en el Ayuntamiento y, por eso, hoy mismo (por ayer) hemos decidió presentar el recurso y adjuntar la documentación municipal que tenemos al respecto», explicó ayer este vecino. Una documentación que se trasladará al resto de afectados igualmente.

«Confío por eso en que el recurso sea tenido en cuenta y que el juez paralice el derribo, porque si hay una solución para el conjunto de la sierra, si ya está en marcha una regularización para las viviendas de Santa Bárbara, no parece justo que se tenga que tirar ninguna casa, en este caso la mía».

Por eso, asegura que «estoy esperanzado, porque ahora tengo una opción de salvar la vivienda» y, por tanto, no llevará a cabo la demolición hasta que el juez se pronuncie sobre el último recurso presentado, dejando claro que, «desde luego, si no se acepta paralizar el derribo, lo haré por supuesto; yo ya tengo el presupuesto y contratada a la empresa que se ocupará del mismo», garantiza Juan Ángel.

La Junta de Gobierno aprobó en su reunión del viernes iniciar la tramitación para poder regularizar las viviendas de la sierra de Santa Bárbara, al menos de las casas que se encuentran ubicadas en terreno clasificado como suelo no urbanizable común, que es en el que el Plan General Municipal (PGM), aprobado en 2015, permite llevar a cabo la regularización de las edificaciones clandestinas. No así, al menos por el momento, en el denominado suelo no urbanizable de protección natural paisajística. Y motivo por el que desde la asociación de afectados por el PGM, integrada por más de 200 vecinos con viviendas en la sierra, se quieren plantear fórmulas que hagan posible que la totalidad de las edificaciones levantadas se puedan legalizar.

En este sentido, el asesor de la agrupación, el arquitecto Juan Antonio Álvarez, aseguró ayer que ya se están estudiando esas otras fórmulas, junto con los técnicos municipales, que permitan avanzar en la resolución de este conflicto urbanístico en la ciudad.