La jueza archiva la causa contra el alcalde de Plasencia por las casas ilegales de Santa Bárbara

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, no se sentará en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación. Al menos no por el momento, porque la titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 1, en un auto de este martes, ha archivado la causa abierta contra él por las construcciones ilegales de la sierra de Santa Bárbara atendiendo, además, a la petición del Ministerio Fiscal.

El mismo caso, cabe recordar, por el que fueron investigados tres exediles –la causa también se archivó para ellos– y por el que la exalcaldesa, Elia María Blanco, ha sido condenada a cuatro años y tres meses de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Para Fernando Pizarro, defendido por el abogado Miguel Corchero, la resolución judicial es muy diferente, aunque el sobreseimiento es provisional y, por tanto, puede ser recurrido por la acusación todavía, la defensa de la vecina que en febrero de 2018 presentó una denuncia contra él por, a su entender, «incumplir las obligaciones como garante de la legalidad urbanística» que tiene como primer edil de la ciudad, «al no haber ordenado la demolición de las construcciones ilegales» en la sierra de Santa Bárbara.

La jueza aclara, en primer lugar en el auto, que para que haya un delito de prevaricación «es necesario que la ilegalidad sea evidente, patente, flagrante, clamosorosa, grosera y esperpéntica». Y, en segundo lugar, afirma que «las construcciones ilegales objeto de la investigación se habían levantado en años anteriores» a la llegada de Pizarro a la Alcaldía placentina.

Además explica que tras analizar la documentación requerida y escuchar a los testigos, así como al propio investigado –el alcalde declaró el 1 de agosto de 2018 en sede judicial– «no se comprueba, como dice el Ministerio Fiscal, que Fernando Pizarro, en su condición de presidente de la Corporación, haya actuado con una conciencia de ilegalidad, sino que como se deriva de los expedientes administrativos, lo que puede haber existido es una mayor o menor dilatación en el tiempo en lo relativo a la resolución de algunos expedientes».

De hecho, añade la jueza, «en su condición como alcalde, sí ha tomado activamente decisiones en materia urbanística, tales como incoación de procedimientos urbanísticos, expedientes disciplinarios y sancionadores, incluso dentro de la legalidad se han tomado medidas para paliar la problemática urbanística existente en esa zona».

Por eso, resume la magistrada, «no es posible reconocer la existencia de un delito de prevaricación, a lo sumo irregularidades administrativas en cuanto a los retrasos por falta de medios personales y materiales». Asunto este, además, que el primer edil placentino ha tratado de resolver, porque «a partir de 2015 el Ayuntamiento ha dotado de una mayor infraestructura administrativa y de policía a la sección de urbanismo», que ha incrementado y mucho la actividad que venía desarrollando hasta entonces, como se resume en el auto.

Por todo ello, la juez concluye que «se comprueba un devenir correcto y adecuado», de manera que, «al margen de irregularidades propias en la tramitación compleja de estos procedimientos administrativos, dado los intereses en juego, no hemos hallado indicios de criminalidad para imputar a Fernando Pizarro un delito de prevaricación».

No obstante, lo que se decreta es el sobreseimiento provisional. Si aparececen nuevas pruebas se puede «proceder a su reapertura».