Fernando Pizarro: «Llevo ocho años actuando contra las casas ilegales»

Llegó solo, con veinte minutos de adelanto sobre la hora fijada, con los resúmenes de los expedientes urbanísticos en los brazos y sin reparos, tampoco este miércoles, para ponerse delante de las cámaras antes de entrar en el juzgado y declarar, en calidad de investigado, por el caso Santa Bárbara.

«Estoy tranquilo porque soy consciente de que se han hecho las cosas bien, al menos desde que entramos en 2011, y con mucha responsabilidad, no solo yo por ser garante de la legalidad como alcalde, sino también el conjunto de personas que forman parte del proceso, entre ellos los funcionarios públicos», dijo el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, antes de pasar las puertas del juzgado para prestar declaración ante la jueza.

Salió aproximadamente una hora y cuarto después para asegurar que, tras la declaración, su tranquilidad era aún mayor. Según explicó, porque había tenido la oportunidad de señalar qué es lo que ha hecho desde su llegada en junio de 2011 a la Alcaldía placentina hasta la actualidad en materia de disciplina urbanística, es decir, para poner freno a la construcción de viviendas ilegales en la ciudad. «Porque desde 2011 se han ejecutado expedientes de los casos de los que teníamos conocimiento» y que, recogidos en un documento, mostró primero en sede judicial y después de forma pública ante los medios de comunicación.

En total, 106 expedientes en marcha en el conjunto de la ciudad, «entre los que están los 18 por los que he sido denunciado», aclaró Pizarro. Las 18 construcciones ilegales en la Sierra de Santa Bárbara, aunque hay en torno a 60 en este espacio, por las que con anterioridad declararon la exalcaldesa Elia María Blanco y quienes fueron concejales de Urbanismo con ella: Mónica García, Francisco Barbancho y la hoy diputada de Ciudadanos, Victoria Domínguez.

Cabe recordar que estos tres han sido exculpados por el TSJEx, que llevó el caso por el aforamiento de Domínguez, porque como concejales no tenían competencias para emitir resoluciones urbanísticas que afectasen a terceros. Motivo también por el que ha remitido de nuevo las actuaciones al juzgado placentino para que determine la posible responsabilidad penal de Elia María Blanco, puesto que las construcciones ilegales no fueron derribadas durante sus mandatos al frente del Ayuntamiento.

Al mismo tiempo, y como consecuencia de otra denuncia presentada el pasado febrero, el mismo juzgado ha abierto diligencias para determinar por qué esas construcciones siguen en pie durante los mandatos de Fernando Pizarro. Por eso, tras solicitar al Ayuntamiento todos los informes urbanísticos relativos a la sierra desde junio de 2011 hasta la actualidad, ha llamado a declarar al alcalde por un presunto delito de prevaricación administrativa. Lo que no ha trascendido aún es si la jueza ha decidido agrupar este procedimiento con el remitido desde el TSJEx sobre Elia María Blanco, o se sigue tratando de dos piezas separadas.

«Queda demostrado que la acción ha sido permanente a lo largo de estos ochos años, que hemos actuado contra las construcciones ilegales, que lo hemos hecho conforme a la ley y que, por eso, cuando hemos podido, hemos reforzado con más personal la oficina de disciplina urbanística», resumió este miércoles Pizarro tras salir del juzgado.

Aun así, tal como le preguntaron en sede judicial, las viviendas siguen en pie: «Los procedimientos en las 18 construcciones objeto de la causa están parados por recursos o contenciosos, y dos tienen ya multas coercitivas, que es casi el último paso previo a la demolición, para presionar a los propietarios a que las derriben y si no para que el Ayuntamiento tenga dinero líquido de esas multas para poder demoler».

Por eso, «espero que en unas semanas se demuestre que esto ha sido una denuncia política con el objetivo de ensuciar mi nombre y el de mi gobierno». Una denuncia, quiso reiterar este miércoles, «que pone el 14 de febrero la cuñada del concejal de Ciudadanos, un testaferro de Domínguez, que declaraba entonces por el mismo asunto ante el TSJEx. Ellos urden la estrategia para que no solo ella aparezca en los titulares, sino también yo».

«El juzgado tiene la obligación de investigar y yo agradezco haber podido declarar, porque no tenemos nada que ocultar; de hecho, en favor de la transparencia y en defensa de los intereses municipales he firmado un decreto para que el Ayuntamiento esté personado en esta causa, como lo estuvo en la anterior».