Plasencia elevó la presión sobre las casas ilegales tras el inicio del caso Santa Bárbara

El inicio de la investigación judicial del caso Santa Bárbara en agosto de 2016 marcó un antes y un después en la presión del Ayuntamiento de Plasencia contra los cientos de viviendas ilegales construidas no sólo en la sierra, sino también en otros espacios protegidos del término municipal. Ha sido a partir de entonces cuando del gobierno de Fernando Pizarro ha tomado la mayor parte de las medidas frente a construcciones clandestinas en los siete años que lleva de mandato, si bien es cierto que en 2012, poco después de llegar al poder el PP, el Consistorio denunció ante la Fiscalía 27 viviendas, la mayor parte de ellas situadas en el paraje de La Vinosilla.

Fernando Pizarro, que el 1 de agosto declarará en el Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa, ya ha manifestado que va a fundamentar su defensa en las actuaciones promovidas por su gobierno en materia de disciplina urbanística. Pero ¿cuáles han sido concretamente esas actuaciones a las que se refiere y cuándo se han llevado a cabo?

Lo primero de lo que se tiene noticia al respecto son unas declaraciones de José Antonio Hernández, el concejal que se ha ocupado de las áreas de Urbanismo y Hacienda durante estos siete años de gobierno del PP, desde junio de 2011. En abril de 2012 manifestó que numerosos expedientes de disciplina urbanística que se encontraron al llegar estaban siendo remitidos a la Fiscalía. Al final fueron un total de 27, la mayor parte de casas de La Vinosilla. Esos procedimientos finalizaron en algunos casos con penas de prisión para los promotores y órdenes de derribo, que actualmente se encuentran paralizadas mientras se resuelve el proceso de regularización que han puesto en marcha los propietarios de acuerdo a la Ley del Suelo.

Mientras tanto, en la sierra de Santa Bárbara seguían proliferando las viviendas ilegales sin apenas control. Ni siquiera se respetaron una quincena de precintos de obras que había ordenado en 2009 la entonces alcaldesa, Elia María Blanco. La explicación que ha dado Fernando Pizarro es que en aquellos años el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento carecía de personal para hacer frente a tantos expedientes de disciplina urbanística, que además se acumulaban sin orden ni concierto y sin llegar a darles salida más que a cuentagotas.

La aceleración en la toma de decisiones coincidió en el tiempo con el inicio del caso Santa Bárbara, cuando a raíz de una denuncia anónima, que generó una querella de la Fiscalía de Medio Ambiente, se abrió en el verano de 2016 el conocido proceso judicial contra Elia María Blanco y los exconcejales de Urbanismo María Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho. Desde el gobierno local aseguran que no existe una relación causa-efecto entre ese procedimiento y las medidas que empezaron a adoptarse por parte del Ayuntamiento, entre otras cosas porque la denuncia del caso Santa Bárbara se circunscribía en ese momento al periodo comprendido entre enero de 2006 y junio de 2011, es decir, antes de que el PP ganara las elecciones en Plasencia.

Repasando la hemeroteca se puede ver que en octubre de 2016 el Consistorio anunció la creación de la Oficina de Disciplina Urbanística, un organismo formado por cuatro técnicos y dos policías locales que ha asumido la carga de trabajo generada por las construcciones ilegales y ha permitido no sólo reactivar los expedientes de disciplina antiguos, sino también iniciar otros nuevos, según Pizarro.

Entre septiembre y octubre del mismo año el alcalde empezó a firmar decretos en los que tanto se incoaban expedientes de infracción urbanística como, en casos más avanzados, se ordenaban demoliciones de casas en la finca Viña del Carmen, uno de enclaves de Santa Bárbara donde se acumulan mayor número de viviendas ilegales. Como consecuencia de esos decretos, en enero de 2018, Pizarro firmó las primeras ocho órdenes de ejecución de los derribos, y en febrero empezó a imponer multas coercitivas a los infractores, de entre 6.000 y 7.700 euros al mes, hasta que los dueños procedieran a demoler las casas. Los afectados que recurrieron ante la justicia ordinaria han visto paralizados sus expedientes de manera cautelar. De hecho, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha declarado que la obligación de derribar las casas situadas en suelo con protección paisajística, que son la mayoría, ha prescrito en los casos en los que hayan transcurrido más de cuatro años desde su construcción.

Otra importante decisión adoptada por Pizarro, que se llevó a efecto en diciembre de 2016, fue delegar las competencias en materia de disciplina urbanística en la junta de gobierno. El alcalde ha negado que esa medida tenga que ver con el caso Santa Bárbara ni que fuera un intento de cubrirse las espaldas, y la ha justificado por «motivos de organización».

A día de hoy la Oficina de Disciplina Urbanística sigue tramitando expedientes. Pizarro dijo ayer que se acaba de emitir una nueva multa coercitiva, y que habrá más. También mencionó el nuevo Plan General Municipal (PGM), en vigor desde 2015, como una de las medidas adoptadas por su gobierno para intentar poner orden tanto en la sierra como en otras zonas.

Fernando Pizarro acudirá a declarar el 1 de agosto y tendrá que explicar las actuaciones llevadas a cabo contra las casas ilegales en Santa Bárbara. También, si es que las hubo, las realizadas durante los primeros años de su mandato, y por qué sigue sin derribarse ninguna vivienda. Le asistirá el abogado especialista en urbanismo Miguel Corchero, al que ha contratado para su defensa. Hay que recordar que el PP modificó en 2011 las bases de ejecución de los presupuestos municipales para que los miembros de la corporación que afronten procesos judiciales se paguen los abogados de su propio bolsillo, y no con dinero de las arcas públicas como hasta entonces.

Por otra parte, la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, a quien Pizarro ha acusado directamente de ser la instigadora de la denuncia a raíz de la cual se iniciaron las diligencias judiciales abiertas contra él, declinó ayer hacer declaraciones al respecto.