El TSJEx cita como testigos a cuatro funcionarios por el caso Santa Bárbara de Plasencia

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que instruye el caso Santa Bárbara de Plasencia, ha llamado a declarar en calidad de testigos al arquitecto superior municipal y a tres administrativos de la oficina de Urbanismo del Ayuntamiento. Los cuatro funcionarios están citados el martes 24 de octubre en la sala de vistas del TSJEx, en Cáceres. El requerimiento se hace a petición de la Fiscalía, que había solicitado que declarasen los trabajadores municipales encargados de tramitar los expedientes de disciplina urbanística desde el 1 de enero de 2006 hasta la actualidad, así como una relación de todos estos expedientes, y que el Ayuntamiento placentino informase de si en alguno de los plenos municipales celebrados en el mismo periodo se ha tratado sobre los problemas derivados de las construcciones ilegales.

El testimonio del arquitecto y los tres administrativos de Urbanismo permitirá al tribunal contrastar las declaraciones de los cuatro investigados en la causa, que son la exalcaldesa Elia María Blanco y los exconcejales de Urbanismo María Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho. Todos ellos declararon en su día desconocer los expedientes urbanísticos que se investigan y que los trámites eran llevados a cabo por los funcionarios. Hay que recordar que el caso pasó a manos del TSJEx por la condición de aforada de Victoria Domínguez, actual diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura.

Esta investigación judicial trata de determinar por qué el Ayuntamiento de Plasencia nunca demolió decenas de construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara sobre las que pesaban órdenes firmes de derribo. En un principio la investigación se limitó al periodo comprendido entre 2006 y junio de 2011, pero se ha ampliado hasta la actualidad con motivo de la petición de nuevos testimonios y documentos por parte de la Fiscalía, que considera que existen indicios de la comisión por parte de los investigados de un delito continuado de prevaricación por omisión, y otro de omisión del deber de perseguir delitos.