El TSJEx exculpa a la diputada Victoria Domínguez por el caso Santa Bárbara

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) no juzgará a los investigados por el caso Santa Bárbara. El juez instructor ha emitido este martes un auto en el que decreta de oficio el sobreseimiento de la causa en relación a los exconcejales María Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho «por no existir indicios racionales de criminalidad», y ordena remitir las actuaciones a un juzgado de instrucción de Plasencia para que determine «con libertad de criterio» si la exalcadesa Elia María Blanco es responsable de un delito de prevaricación administrativa por omisión. Con respecto a la imputación por posible omisión del deber de perseguir delitos, el juez declara que ha prescrito para todos los investigados.

El auto, de 49 páginas, ha supuesto una sorpresa para todas las partes, que daban por hecho que los cuatro encausados tendrían que sentarse en el banquillo del TSJEx, como habían solicitado tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Plasencia en sus escritos de acusación. El juez asume el relato de los hechos que aparece en esos escritos, pero añade una importantísima modificación: que los tres exconcejales de Urbanismo «carecieron a lo largo del tiempo durante el que ejercieron sus funciones de competencia para el dictado de resoluciones administrativas positivas de contenido decisorio», y por lo tanto no pueden haber cometido prevaricación alguna ni tienen responsabilidad penal en el hecho de que no se derribasen decenas de viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara sobre las que pesaban órdenes firmes de demolición. Es justo lo que venían argumentando las defensas de los tres exconcejales desde el inicio del procedimiento.

Con respecto a Elia Blanco, que como alcaldesa sí tenía capacidad de emitir resoluciones urbanísticas que afectasen a terceros, y por lo tanto según el auto es la única de los investigados que podría incurrir en responsabilidad penal, ordena enviar la causa al Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia para que decida qué hacer «con libertad de criterio y arreglo a derecho». Recuerda en ese sentido que el único motivo de que el caso estuviera siendo instruido en el TSJEx era la condición de aforada de María Victoria Domínguez, diputada en la Asamblea de Extremadura, la cual ha sido exculpada por completo. Aclara además que el instructor de Plasencia puede continuar con el procedimiento investigando también lo ocurrido después de junio de 2011, ya que «deja de tener efecto el acotamiento temporal dispuesto por el TSJEx», de manera que el juzgado de primera instancia puede a partir de ahora actuar tanto contra la exalcaldesa como «contra cualesquiera otras personas si hubiera indicios y motivo para ello». Abre así la puerta a que se puedan investigar las actuaciones respecto a Santa Bárbara del actual alcalde, Fernando Pizarro.

El juez recuerda en su auto que la jurisprudencia es muy restrictiva a la hora de interpretar la comisión de delitos de prevaricación por omisión, puesto que se requiere una intencionalidad de causar daño, o de no impedir que se produzca, que el magistrado no aprecia por parte de los concejales. Además da una importancia decisiva a las certificaciones aportadas durante el proceso por el secretario municipal, en las que se determina que la delegación de Urbanismo a los concejales «abarcaba tanto la facultad de dirigir los servicios como la de gestionarlos en general, pero no la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros», algo que sólo podía hacer la alcaldesa.

El juez declara por otra parte la prescripción del delito de omisión del deber de perseguir delitos para los cuatro imputados, ya que la denuncia anónima que dio origen al procedimiento se puso más de cinco años después de que todos ellos cesaran en sus cargos.

La resolución, que se puede recurrir en un plazo de cinco días ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJEx, supone un gran triunfo para las defensas de los tres exconcejales de Urbanismo, y en especial para María Victoria Domínguez. La diputada regional de Ciudadanos ve cumplido en este auto su doble objetivo de salir indemne del procedimiento sin necesidad tan siquiera de sentarse en el banquillo, y de que la causa vuelva a los juzgados de Plasencia sin límites temporales, de manera que se pueda investigar también a los actuales gobernantes del Ayuntamiento, como ella había solicitado de manera insistente.

Este auto de sobreseimiento parcial ha sido emitido por el juez Jesús García Plata, quien se hizo cargo de la instrucción en mitad del procedimiento sustituyendo a Jacinto Riera Mateos, que se ha jubilado y que en su auto de 22 de noviembre de 2017, en el que pedía a las partes los escritos de calificación, indicó que se apreciaban indicios de delito en los cuatro investigados.

Elia María Blanco declinó este martes hacer declaraciones sobre el auto argumentando que aún no lo ha analizado con su abogado. Por su parte, María Victoria Domínguez no respondió a las llamadas y mensajes de HOY para conocer su reacción. Mónica García tampoco quiso hablar, puesto que no lo ha hecho durante todo el proceso al no ostentar ya ningún cargo y no considerarse por lo tanto un personaje público.

Sí se manifestó el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, quien acogió el auto con «respeto absoluto a las decisiones judiciales» y sobre todo «prudencia», ya que aún no había podido profundizar en las argumentaciones del juez, según dijo en unas declaraciones grabadas y distribuidas a los medios de comunicación. No se pronunció sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento presente recurso de apelación.