La jueza archiva la causa penal contra la empresa de barranquismo de Jerte

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia ha decretado el archivo de la causa penal contra la empresa JerteXtrem, responsable de la actividad de barranquismo en la que el 6 de julio de 2017 murieron cuatro miembros de una misma familia de Don Benito. El matrimonio formado por José García-Margallo Solo de Zaldívar y Macarena Guisado, ambos de 43 años, y sus dos hijas, Lourdes y Macarena, de 9 y 11 años, fallecieron. Se salvaron Joaquín, de 6 años, el menor de la familia, y el monitor que dirigió la actividad.

La jueza considera que lo que ocurrió aquel fatídico día en el Valle fue un accidente motivado por «una súbita gran ola de agua, imprevisible y excepcional», en la garganta Los Hoyos. Una crecida que «no pudo preverse, puesto que las previsiones no eran de copiosísimas lluvias, dada la estación de verano en la que se produjo», ni que de producirse en un barranco, «adecuado para principiantes, ocasionara una ola de grandes dimensiones como la que se produjo».

Por eso, concluye, «se actuó conforme a la norma, de forma cuidadosa y diligente, de manera que no pudo evitarse el resultado en el punto exacto en el que les sobrevino la crecida, pues solo podrían haberse salvado de estar fuera del cauce del río». Motivo, por eso, por el que solo sobrevivieron el monitor y el menor de la familia: «Estaban a punto de terminar el recorrido cuando desgraciadamente les alcanzó la crecida de agua con una fuerza sobrenatural que arrolló a las personas que fallecieron, siendo que el monitor salvó su vida porque pudo agarrarse a un tronco de grandes dimensiones hasta que pasó la crecida, y el niño mas pequeño porque el golpe fortísimo de agua lo desplazó hacia fuera del barranco».

Ángel Luis Gómez Díaz, letrado de la familia García-Margallo Guisado, asegura por su parte que el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia ya ha sido recurrido y anuncia que «vamos a agotar y apurar todas las vías para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de las responsabilidades consiguientes». Porque considera que «debe profundizarse en la valoración de determinadas pruebas, y ponderar de un modo diferente las circunstancias en la que sucedieron los hechos y la actuación de los implicados, y determinados aspectos esenciales que provocaron el fatal desenlace o agravaron el riesgo de que el mismo se produjera».

Aclara que «la familia no busca el perjuicio de nadie, pero sí un contundente y completo análisis de lo ocurrido y una revisión intensa de lo que se pudo haber hecho y no se hizo, y de lo que no se debió hacer y se hizo por parte de los profesionales al cargo de aquella fatídica actividad e incluso de la Administración encargada del mantenimiento y vigilancia de la zona». Según el letrado, «falta mucho por valorar».