La Junta alegará ante el Constitucional que el derribo completo es más dañino para Valdecañas

«Tenemos fundadísimos motivos para recurrir». La vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, defiende de esta forma el recurso que el Gobierno regional presentará ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo que obliga al derribo completo del complejo Marina Isla Valdecañas.

Tras recibir la sentencia completa, que «insólitamente se ha conocido por vías extraprocesales», Blanco-Morales ha anunciado que la Junta no solo acudirá al Constitucional, sino que agotará todas las vías posibles de recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la corte europea de justicia.

La Junta dispone de treinta días para presentar el recurso y además aún debe analizar en profundidad una sentencia que tiene más de 60 páginas y que conoció este martes, por lo que la estrategia procesal a seguir aún no está definida. Pero Blanco-Morales ha adelantado que el recurso de amparo, que debe asentarse en la vulneración de un derecho fundamental, se basará en este caso en la prevalencia del derecho a la tutela judicial efectiva. Como recoge la Constitución, toda persona debe obtener la tutela de jueces y tribunales «en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión».

Para ello, el Gobierno regional alegará que el derribo completo de Valdecañas puede ser más perjudicial que mantener la urbanización en su estado actual. Una cuestión que ya se ha defendido en instancias previas y que no se recoge en la nueva sentencia del Supremo a pesar de que la Junta lo planteó expresamente. «En algún momento alguien, en este caso el Tribunal Constitucional, tendrá que explicar por qué, para restablecer la legalidad urbanística que se entiende incumplida», ha indicado Blanco-Morales, «ha de hacerse produciendo un mayor daño ambiental que el que se pretende proteger».

La Junta considera acertado el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que fue recurrido por Ecologistas en Acción y que ha generado este nuevo fallo, ya que proponía mantener todo lo que ya se había construido, entre otros motivos por el daño que puede causar su demolición. Para la vicepresidenta, «la sentencia del Supremo desconoce, ignora y desprecia la mejora palmaria del medio ambiente que se ha producido en la zona».

Como ha recordado, la isla de Valdecañas es «una creación de la actividad humana», que primero trajo riqueza con el embalse y luego con un complejo turístico que ha permitido crear «un entorno medioambiental mucho más rico que el que existía anteriormente».

Además, recalca que ninguna de las partes personadas en los litigios sobre Valdecañas ha alegado que «exista una norma medioambiental respecto de la situación que se ordena destruir para restituir a una situación anterior».

Por ese motivo, la Junta agotará todas las vías procesales nacionales e internacionales para encontrar una solución «que concilie de manera justa y efectiva el restablecimiento de la legalidad urbanística con la mejora palmaria y significativa del medio ambiente».

Asimismo, el Gobierno regional promoverá la modificación de la legislación estatal y pedirá soluciones a las instituciones europeas para compaginar «la lucha contra la despoblación y el reto demográfico con la preservación del medio ambiente, algo con lo que siempre hemos estado comprometidos».

Por otro lado, la vicepresidenta no ha querido valorar la intención de la empresa promotora del complejo de Valdecañas, recogida por HOY, de reclamar a la Administración regional 192 millones para hacer frente a las indemnizaciones por el derribo. «Como no voy a valorar que la sentencia parece dar por sentado que al final exista responsabilidad patrimonial de la Junta», ha añadido.

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