Las asociaciones memorialistas plantean movilizaciones por la derogación de la ley extremeña

José Manuel Corbacho, de la Asociación para la recuperación de la memoria histórica de Extremadura (Armhex), afirma que se promoverán movilizaciones contra la nueva ley de concordia, tal como se hizo en el pasado.

Como recuerda, el acuerdo de investidura entre PP y Vox, de junio de 2023, ya planteaba la derogación de la ley de memoria histórica y la aprobación de una nueva ley de concordia. En aquel momento ya plantearon su oposición a esa medida, aunque finalmente no se llegó a llevar a cabo por la ruptura del gobierno extremeño de coalición.

Asimismo, señala que pedirán al Gobierno central que recurra la nueva norma extremeña, tal como hizo con la derogación de la ley cántabra de memoria histórica. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la petición y ha decretado la suspensión provisional de ese texto.

«Consideramos que no es necesario modificar la ley», afirma Corbacho, para quien la norma extremeña en vigor ampara a todas las víctimas y además está en línea con la legislación estatal y con los principios de defensa de los derechos humanos.

Junto a esto, lamenta que la derogación de la ley extremeña forme parte de un acuerdo para aprobar un decreto-ley de medidas fiscales, ya que se trata de cuestiones que no tienen nada en común. «No entendemos cómo se puede mercadear con los derechos humanos», afirma.

Por parte de la Coordinadora memorialista de Extremadura (Comex), Guillermo León coincide en mostrar su rechazo a «cualquier iniciativa que vaya en contra de la ley en vigor».

Las entidades que forman parte de este colectivo se reunirán la próxima semana para decidir qué acciones tomar, pero da por hecho que se llevarán a cabo iniciativas de rechazo, tal como se hizo tras el acuerdo de investidura de 2023.

A su juicio, no tiene sentido el argumento de PP y Vox, que aseguran que con el nuevo texto pretenden amparar a todas las víctimas. Según indica, los perseguidos por el bando republicano ya fueron indemnizados, recibieron respaldo público y no hay ningún cuerpo enterrado en cunetas o en fosas comunes. Sin embargo, en el caso de los represaliados por el franquismo ocurre todo lo contrario, y además aún hay muchos cuerpos por recuperar. «Que expliquen qué otras víctimas hay que resarcir», apunta.

León añade que la ley que fue aprobada en 2019 salió adelante con mucho esfuerzo y considera que es «muy necesaria» desde el punto de vista ético.