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A veinte kilómetros por carretera de la balsa de agua para riego que se rompió el pasado lunes en Jarandilla de la Vera está ... Valverde de la Vera, que hace casi ocho años vivió un episodio similar, con coletazos que llegan hasta el año pasado y con derivadas que ayudan a comprender lo sucedido ahora y su posible recorrido. Ocurrió el 5 de julio de 2017, y dio pie a un rosario judicial que encuentra una de sus últimas sentencias en la del pasado octubre que obliga a la Junta de Extremadura a pagarle mil euros a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). Son los dos mismos protagonistas que esta semana han discrepado en público sobre las responsabilidades de cada cual tras la fractura de balsa de Jarandilla.
La Maricana se llama esta última, que el día 17 liberó casi cinco veces más agua que la de Valverde en el verano de 2017. Entonces fueron 64.000 metros cúbicos, el equivalente a más de veinte piscinas olímpicas (50 metros de largo por 25 de ancho y 2,75 de profundidad), mientras que ahora han sido 310.000, o sea, unas cien de estas piscinas. La suerte las dos fracturas se produjeran de madrugada, lo que resulta clave para explicar por qué no hubo daños personales.
En el pueblo de los 'empalaos', todo el líquido se liberó a la vez. Fue como abrir a tope un grifo que estaba cerrado. En Jarandilla, por el contrario, el agua cayó ladera abajo poco a poco durante horas, filtrada a través de dos agujeros en el suelo de la balsa. La acumulación de agua formó sendas riadas, pero fue más dañina la de hace ya casi ocho años. El suceso motivó la actuación de oficio del Defensor del Pueblo, y una denuncia del partido político Prex-Crex ante la Fiscalía, que la desestimó.
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La imagen más llamativa del suceso de esta semana ha sido el taller mecánico El Cristo, de Paco Núñez y Mariángeles Delsaac, envuelto en lodo. Y en Valverde, la foto más difundida fue la de la piscina municipal sepultada por el barro. También la de varias calles llenas de agua marrón. En Jarandilla ha habido daños en tres negocios: el Paco y Mariángeles y el tanatorio y una nave almacén situadas enfrente. La factura material para el Ayuntamiento se limita a una pared caída, y la de la Junta, a los daños por concretar en la carretera EX-119.
En Valverde, sin embargo, fueron 63 los particulares que refirieron haber sufrido daños en sus casas o fincas. Pero la mayoría, al final, no denunció. Algunos, porque confiaron en que les indemnizaría el Ayuntamiento, en su condición de titular de la balsa –los tribunales le eximieron de responsabilidad en el accidente–, y otros porque prefirieron no complicarse la vida dado que los daños fueron menores.
Los que lamentaron un mayor quebranto sí recurrieron a los tribunales. Y ganaron. «Y después hubo algunos que me llamaron para que les llevara el caso, pero ya era tarde, el plazo de seis meses por daños patrimoniales achacables a la administración había expirado», recuerda el abogado cacereño Antonio Rubio Muriel.
«Fue un proceso largo, que duró años y nos obligó a presentar decenas de recursos», rememora el letrado, que defendió a una vecina de Valverde a quien la rotura inundó parcialmente dos fincas. La Junta rechazó indemnizarla, alegando que el accidente no había sido culpa suya. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) dijo lo contrario y falló que la Junta era la responsable y debía pagarle 119.000 euros. Argumentó la Sala que el motivo de la rotura fue la deficiente ejecución de las obras para impermeabilizar la charca, que se habían realizado unos meses antes por encargo del Gobierno regional. No se hizo lo que indicaba el proyecto, explica el TSJEx, y eso motivó la 'tubificación', un tipo de erosión que acabó rompiendo la balsa.
Tras esa sentencia, llegaron otras que exigieron a la Junta indemnizar: 127.648 euros en julio de ese año (a Seguros Generali), otra de 46.867 ese mismo mes 54.737 dos meses más tarde, 37.675 en febrero de 2023... En algunos casos, hay que sumarles intereses legales, con lo que la administración regional ronda los 400.000 euros en compensaciones pagadas por aquel suceso recordado ahora.
Y podría haber sido mucho más dinero. Un informe del Tribunal de Cuentas sobre la Junta de Extremadura recogía en el año 2022 que «son muchos los procesos judiciales, algunos de ellos de escasa cuantía pero que en conjunto representan un valor económico de 2.232.101 euros».
Tras la rotura, la entonces Consejería de Economía e Infraestructuras realizó obras en un tramo de dos kilómetros entre la balsa y el casco urbano de Valverde de la Vera. Y la CHT le impuso una multa de mil euros por hacerlas sin su permiso. El asunto llegó a los tribunales, y el TSJ de Madrid condenó el pasado octubre al Gobierno extremeño a pagar esa cantidad y atender el requerimiento del órgano gestor de la cuenca de «reponer la cosa a su estado anterior».
Precisamente la Junta de Extremadura presentó el pasado día 6 de febrero en Valverde de la Vera el proyecto de mejora del abastecimiento de agua a la localidad y de restauración ambiental de la balsa que se reompió en el año 2017», en el que invertirá 2,9 millones de euros.
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