Cerujovi, la organización que gestiona el piso tutelado, suma 25 adjudicaciones de la Junta desde 2018

El piso tutelado en el que supuestamente unos menores han asesinado a la educadora social Belén Cortés es gestionado por Cerujovi, una empresa de servicios sociales cuyos primeros contratos con la Junta de Extremadura datan del año 2018 según la información publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Desde entonces suma al menos 25 adjudicaciones.

En su web aparece ese año como la fecha en la que Cerujovi resultó adjudicataria de los primeros contratos para gestionar servicios sociales y de salud en la región. En concreto, seis plazas en hogar tutelado destinadas a menores pertenecientes al sistema de protección y un servicio de acogida residencial y tratamiento en un recurso específico de atención a menores con discapacidad.

Desde ese año hasta la actualidad el número de licitaciones en las que Cerujovi ha resultado adjudicataria ha ido a más. En 2019 asumió la gestión de 12 plazas en hogares de inserción sociolaboral destinadas a menores y jóvenes que se encuentran cumpliendo medidas judiciales, el servicio de intervención especializada con familias en adopción y 12 plazas en hogares en Plasencia para menores tutelados del sistema de protección.

Ese año también asumió la gestión de 30 plazas en cinco hogares semiautónomos repartidos por la región y otras en hogares de inserción sociolaboral por una cuantía global que ese año superó los tres millones de euros. Descendió en los dos ejercicios posteriores, superó el montante global con los dos contratos que logró en 2023 y creció de manera notable durante el pasado año. Cerujovi asumió el pasado año cinco contratos de la Consejería de Salud y Servicios Sociales.

La empresa gestiona el servicio para dos centros de integración para la acción educativa especializada en la atención de necesidades educativas y funcionales específicas derivadas de una situación de discapacidad intelectual para niños y adolescentes, el Punto de Encuentro Familiar en diferentes localidades y 42 plazas en siete hogares tutelados.

Asumió también un contrato de servicio de estudio, planificación, diseño, publicación y difusión de guías para la formación en la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia en Extremadura y las 32 plazas en tres recursos que contrató la Junta para acoger a menores migrantes no acompañados en Mérida y Villanueva de la Serena. En total, cinco contratos por más de 6,5 millones de euros según la información publicada en la plataforma.

Entre los servicios que gestiona en la actualidad Cerujovi se encuentra el piso de la calle Castillo de Benquerencia, en la capital pacense, en el que cuatro menores estaban cumpliendo medidas judiciales y en el que supuestamente tres de ellos acabaron la noche del domingo con la vida de la educadora social que les cuidaba, aunque se desconoce por el momento el grado de implicación en el suceso de cada uno de ellos.

Supuestamente los tres estaban en el mismo porque un juez les había impuesto en función de los delitos cometidos por ellos las medidas que debían cumplir y la Junta de Extremadura había determinado que esa esa era la vivienda en la que debían estar. Aunque la gestión de la vivienda correspondía a Cerujovi, la supervisión de la misma, esto es si la empresa estaba cumpliendo o no con las condiciones establecidas en el contrato, es competencia de la Junta.

En el momento en el que ocurrieron los hechos solo estaba la educadora social a la que mataron los menores, pero se desconoce si ello suponía o no un incumplimiento del pliego. La Consejería de Salud ha lamentado lo ocurrido pero no ha querido hacer ninguna otra valoración: «En estos momentos la investigación policial y judicial sigue su curso, por lo que no podemos realizar más valoraciones sobre lo sucedido».

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