Fiscal de menores: «Lo que ha ocurrido en Badajoz es una barbaridad que nadie podía prever»

«Las medidas de restricción de libertad se cumplen en el único centro de reforma que hay en la comunidad, que es el Marcelo Nessi», deja claro Forte. «El resto que se imponen son de régimen abierto, esto es que no suponen restricciones de libertad», insiste. «A los menores se les traslada su residencia a un piso de la Junta, gestionado o no por una entidad privada, para que adquieran en el mismo e interioricen pautas de convivencia a nivel educativo y social».

La fiscal de Menores de Extremadura considera que lo ocurrido en el piso de Badajoz «es una barbaridad que nadie podía prever», pero cree esencial diferenciar entre los recursos que conforman la red de reforma y protección de la región. «Son asuntos que no se pueden mezclar», dice, porque nada tiene que ver el Marcelo Nessi con los centros de menores, los pisos tutelados y las viviendas en las que se cumplen medidas judiciales.

Los recursos de la red de protección incluyen los centros de menores y los pisos tutelados, y a unos y otros se traslada a los menores a los que a sus padres se les ha suspendido la patria potestad y pasan a estar bajo la tutela de la Junta de Extremadura o se les acoge en régimen de guarda. Los de la red de reforma son el Marcelo Nessi y los pisos para cumplimiento de medidas judiciales por parte de menores que han cometido delitos. En el primero se cumplen aquellas medidas que conllevan restricciones de la libertad y, en los segundos, las que no.

En todos los casos son los jueces los que deciden qué medidas se imponen a los menores en función de los delitos que han cometido, la petición del fiscal y la valoración del menor que ha realizado un equipo multidisciplinar, integrado por psicólogo, trabajador social y educador social. «Son medidas proporcionales a los delitos cometidos y con las que se busca siempre el interés del menor, su reeducación», afirma Yolanda Forte. «Si a un menor, por eso, se le imponen medidas judiciales para cumplir en un grupo de convivencia educativa es porque son las idóneas para su perfil. Todo ello en hipótesis porque desconozco los aspectos concretos del procedimiento abierto en relación al piso de Badajoz».

El control de la ejecución de la sentencia dictada, la ejecución por tanto de las medidas judiciales impuestas, corresponde en todo momento al juez, pero la materialización de las mismas, es decir, en qué casa en concreto y en qué localidad, es competencia de la Junta de Extremadura. «Es la administración la que decide dónde se cumplen las medidas, pero juez y fiscal tienen que supervisar su cumplimiento y la evolución del menor conforme a ellas».

Las medidas judiciales que se cumplen en pisos, como puede ser el caso de los menores implicados en el trágico suceso ocurrido en el número 3 de la calle Castillo de Benquerencia, en la Urbanización Guadiana de Badajoz, persiguen, sobre todo, la reeducación del menor en un grupo de convivencia o, lo que es lo mismo, la adquisición por parte de los menores de pautas de convivencia entre iguales o a nivel familiar. De ahí que estas medidas no conlleven restricciones de libertad ni la obligación de que haya guardias de seguridad en las viviendas.

«No, la seguridad no forma parte de la medida y lo que ha ocurrido en el piso de Badajoz es una barbaridad que absolutamente nadie podía prever», incide la fiscal. «Si alguien lo hubiera podido hacer, lógicamente no hubiera sucedido; ni siquiera se puede llegar a esa conclusión en el caso de un menor que acumule un largo historial de conflictos».

Yolanda Forte considera adecuada la medida cautelar impuesta ahora a los tres menores que supuestamente han participado en el asesinato de la educadora social «conforme a las informaciones que hay, porque insisto en que desconozco el procedimiento». El Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz ha decretado el internamiento en régimen cerrado para los tres, dos chicos de 14 y 15 años y una adolescente de 17, y las diligencias que se siguen son por tres delitos: homicidio, robo con violencia y delito contra la seguridad vial.

«Pero aún está por determinar el grado de implicación de cada uno de ellos en el suceso», aclara también la fiscal, por lo que la medida judicial que se imponga finalmente a cada uno, tras la celebración del juicio, podría ser diferente.