El Defensor del Pueblo se reúne con los educadores sociales tras el asesinato de Belén en Badajoz

Ante este caso, Gabilondo ha recordado que la institución ha abierto una actuación de oficio con la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y con la Fiscalía General del Estado por el asesinato de esta profesional presuntamente a manos de tres menores.

«Una vez se reciba la información que hemos solicitado, nosotros tenemos que estudiarla y valorarla», ha subrayado Gabilondo en rueda de prensa este martes en Madrid en la presentación del Informe Anual de la institución.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo ha pedido valorar las circunstancias que «no son fáciles» en que desarrollan su trabajo los empleados de los centros para menores infractores. «En muchos casos, como queda dicho en este informe, se detectan problemas estructurales de organización, de plantillas de personal no siempre suficientes, y ello también afecta a su trabajo y a su seguridad», ha remarcado.

Así, y ante la propuesta que ha registrado Vox para reducir de 14 a 12 la edad penal de los menores, el Defensor del Pueblo no cree que «bajando la edad» se vaya a afrontar el problema; ha precisado que son asuntos «de tal calibre» que los parlamentarios son los que deben dilucidar sobre ellos y ha recomendado la serie 'Adolescencia'.

Cabe destacar que el Defensor del Pueblo recibió un total de 34.402 quejas de los ciudadanos en 2024, 524 menos que en 2023 (cuando fueron 34.926), la mayoría de ellas relacionadas con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social, la Función Pública, asilo, migraciones, asuntos de Interior, Educación, Economía o Sanidad.

Así se refleja en el Informe Anual de la institución, que el Defensor del Pueblo ha entregado este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y que también entregará al presidente del Senado, Pedro Rollán.

Según ha explicado Gabilondo, entre las quejas recibidas merecen singular consideración la preocupación social, por distintas razones, los problemas relativos a la vivienda, el medio ambiente, los asuntos relativos a menores (citados «en 162 ocasiones»); la migración, los servicios bancarios y las personas vulnerables, o la violencia vicaria y de género.

En concreto, según se desprende del informe de 400 páginas, en 2024, la institución tramitó 34.629 expedientes -974 menos que en 2023-, tras recibir 34.402 quejas, 42 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional e inició 185 actuaciones de oficio ante las diferentes administraciones. Además, atendió personalmente a 35.733 ciudadanos, 34.115 de ellos mediante llamadas telefónicas y 1.618 de manera presencial.

Los expedientes tramitados dieron lugar a la formulación de 2.501 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 1.190 fueron recomendaciones, 843 fueron sugerencias, 464 fueron recordatorios de deberes legales y cuatro, advertencias.

El mayor número de quejas llegó de las comunidades más pobladas, entre ellas, de las comunidades de Madrid (8.031), Andalucía (4.155), Cataluña (3.441) y Valencia (3.231), mientras que de Extremadura ha recibido 441.

Además, el Informe anual incorpora una selección de los asuntos destacados sobre los que ha trabajado la institución en 2024, entre otros, la falta de recursos específicos de salud mental para adolescentes y jóvenes; el apoyo a las familias de personas con discapacidad en los ámbitos tributario y social; la protección de las mujeres mayores víctimas de violencia de género; los problemas relacionados con la usurpación de identidad, o los procedimientos de reintegro de prestaciones a beneficiarios en situación de vulnerabilidad.